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| 4/7/2011 12:00:00 AM

"A las universidades públicas les van a llegar recursos como nunca antes"

La ministra de Educación, María Fernanda Campo, defiende la reforma de la educación superior que plantea el Gobierno. Dice que no se vulnera la autonomía universitaria, que habrá más recursos y que nada se privatiza.

Tener 3'200.000 jóvenes por fuera del sistema de educación superior y graduar cada año 600.000 nuevos bachilleres, de los cuales la mitad no ingresan al sistema, es uno de los grandes problemas y retos del sector que el gobierno quiere enfrentar a través de la propuesta que reforma la Ley 30 de 1992 de educación superior.
 
Y aunque todo el sector reconoce que una reforma es necesaria, rectores, académicos y Gobierno saben que no será fácil llegar a un acuerdo en un proyecto que se espera sea radicado en el Congreso en julio, tras las mesas de discusión que están abiertas en las regiones del país y a través de la página web del Ministerio de Educación.
 
Las propuestas de abrirle paso a las instituciones de educación con ánimo de lucro, de dejar que la empresa invierta capital en la universidad pública y fortalecer el sistema de inspección y vigilancia ha despertado sensibilidades en las universidades y desatado protestas en los estudiantes como las que se vivieron este jueves.
 
La ministra de Educación, María Fernanda Campo, habló con Semana.com y respondió varias de las críticas que ha tenido la propuesta de reforma desde que fue presentada, hace tres semanas, por el presidente Juan Manuel Santos.
 
Semana.com. ¿Por qué no continuar con el proyecto de ley radicado en el Congreso el año pasado, que contaba con el apoyo de los rectores y, por el contrario, hacer una nueva reforma de todo el sector?
 
María Fernanda Campo. Cuando estábamos en el empalme, Cecilia María Vélez me comentó que venían trabajando en un proyecto que mejoraba el financiamiento de la educación superior pública y que había sido discutido ampliamente con los rectores, casi durante un año. Yo le dije que estaba de acuerdo con el proyecto y que lo avalaría e impulsaría.
 
Ya a cargo del Ministerio de Educación, llegamos con el presidente Santos a la conclusión de que debíamos presentar una propuesta de reforma integral. El sector tiene que ponerse a tono con la demanda, con los requerimientos que tiene el país en formación de capital humano, y ser capaz de desarrollar más investigación, innovación y desarrollo científico.
 
Vimos que todo eso trascendía el tema de financiamiento. Hay que modernizar el sector, mejorar la calidad, ampliar la cobertura, tener mayor pertinencia e incorporar el buen gobierno en las instituciones y mejorar la transparencia del sector.
 
Semana.com. Pero, ¿cómo se construyó la propuesta? Los rectores afirman que no los tuvieron en cuenta...
 
MFC. Eso no es cierto. Partimos de estudios hechos en el sector académico, en las universidades, particularmente ASCUN. Ellos habían realizado estudios alrededor de la internacionalización y financiamiento. Cogimos estos estudios que estaban en unos anaqueles y sencillamente retomamos algunas recomendaciones. No estábamos partiendo de cero.
 
Analizamos qué estaba pasando en otros sistemas educativos en el resto del mundo, qué reformas se habían desarrollado y qué resultados habían obtenido. También analizamos las recomendaciones que hacía la UNESCO y organismos multilaterales como el Banco Mundial y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID).
 
Semana.com. Pero llegar con un proyecto ya redactado, ¿no era entrar con el pie izquierdo?

MFC. Tuve varias reuniones con los rectores y organizaciones, como ASCUN, y en una de ellas me dijeron: “Ministra, en vez de que el Gobierno presente una propuesta, por qué no partimos de cero y la construimos entre todos”. Les pregunté cuánto tiempo se puede tomar eso y me dijeron que dos años o dos años y medio.
 
Les dije que infortunadamente el tiempo en el mundo académico no coincide con el tiempo del Gobierno. Es una necesidad que tiene el país de reformar el sector de la educación superior y no podemos esperar dos años y medio para construirla.
 
Autonomía universitaria
 
Semana.com. Los rectores de universidades públicas y privadas temen que se lesione su autonomía universitaria. Para ellos, la reforma le da excesivo poder al Ministerio para hacer inspección y vigilancia...

MFC. Esa prevención que tienen algunas instituciones es injustificada. En esta propuesta buscamos fortalecer todo el sistema de aseguramiento de la calidad, que tiene cinco componentes: fortalecimiento del registro calificado, fortalecimiento del sistema de acreditación de alta calidad (para programas e instituciones), fortalecimiento de la línea de fomento, evaluación y vigilancia y control.

En fomento habrá más recursos de origen público para apoyar todas nuestra instituciones de educación superior públicas y las privadas, para que puedan mejorar su calidad.

Semana.com. Pero, ¿sí les afecta la autonomía?

MFC. El componente de vigilancia y control es el que ha generado mayor preocupación. Es una percepción equivocada. La propuesta no solamente preserva la autonomía, consagrada en el artículo 69 de la Constitución, sino que la fortalece.

Ahora, frente a ejercer la inspección y vigilancia, esa es una función que también está en la Constitución y que se delega al Presidente de la República. Ante esta obligación constitucional lo que hacemos es fortalecer los instrumentos jurídicos para ejercer esa función, que en la Ley 30 no es tan clara.

Semana.com Las universidades sienten que tendrán que rendirle cuentas al Ministerio de cada paso o decisión que tomen y eso, para ellos, lesiona su autonomía...

MFC. Sienten aprehensión. Pero no es cierto. En la propuesta, la autonomía se define en los mismos términos que vienen de la Ley 30, es decir, que tendrán autonomía para definir sus propios estatutos, sus órganos de gobierno, la oferta de sus programas, el contenido de los mismos, la selección de los docentes y de los estudiantes. Esos mismos conceptos, ese alcance de la autonomía, queda intacta en la propuesta.

La autonomía no sólo se conserva, sino que se fortalece porque, por ejemplo, se flexibiliza la oferta. Con la Ley 30 los programas que se ofrecen en los distintos niveles están asociados a la tipología de las instituciones. Por ejemplo, cierto tipo de doctorados solo lo pueden ofrecer ciertas universidades.

La propuesta plantea que los programas que ofrezcan las instituciones de educación superior no estén asociados a una tipología, sino a la capacidad institucional. Si hay una institución universitaria que demuestre que tiene la capacidad, los docentes y la calidad para ofrecer un doctorado, y lo demuestra ante el sistema de aseguramiento, podrá obtener el registro calificado y ofrecer el programa.

Semana.com ¿Quiere decir que con la reforma no solo las universidades ofrecerán programas de maestrías o doctorados sino también una institución técnica y tecnológica (que no ocurre en la actualidad)?

MFC. Sí. Y eso no les ha gustado a las universidades, pero el proyecto de reforma es para todo el sector. Precisamente queremos fortalecer la autonomía de las instituciones y decir que no es la ley la que tiene que decir qué tipos de programas puede ofrecer.

Si la institución nos demuestra que cumple con los estándares de calidad para desarrollar el programa, el Ministerio les otorgará la licencia. El Tecnológico de Monterrey (uno de los más importantes de México), que es técnico, lo hace.

Semana.com. Entonces las instituciones técnicas y tecnológicas podrían ser universidades...

MFC. Ahora hay una presión y es que todas las instituciones quieren convertirse en universidades, para poder ampliar la oferta, pero tienen que cumplir con las condiciones de alta calidad. Pero no tienen que volverse universidades.

Semana.com. Sin embargo, la ley les abre esa puerta...

MFC. La propuesta establece que para conservar la denominación de universidad (hay 80 universidades: 32 públicas y 48 privadas) tendrán un plazo de cinco años, por una sola vez desde que se expida la ley, para demostrar que tienen las condiciones para seguir siendo universidad.

Si no cumplen, cambian de denominación: no se podrán seguir llamando universidad sino institución de educación superior. Con la reforma solo habrá dos tipos de instituciones: instituciones de educación superior y universidad.

Los requisitos son exigentes, queremos que las universidades hagan un esfuerzo muy importante para cumplirlos. Esto ha generado preocupación porque consideran que son requisitos altos.

Desde el Ministerio se van a acompañar a todas las instituciones de educación superior para que inicien sus procesos de acreditación de calidad. Se apoyarán con recursos.

"Habrá más recursos"
 
Semana.com. ¿De dónde saldrían esos recursos y cómo se van a manejar?

MFC. Saldrán del presupuesto y serían bolsas concursables. El Ministerio destinará recursos para apoyar procesos de acreditación institucional, pero hay que abrir una convocatoria pública. Esos recursos se los tienen que ganar, yo no puedo entregar a dedo esos recursos.

Semana.com. Los críticos de la reforma dicen que se queda corta en cuanto a recursos para la educación superior

MFC. La reforma permitirá que lleguen recursos adicionales al sector por valor de 2,4 billones de pesos, de los cuales el 50 por ciento es de origen público y el otro 50 por ciento provendrá del sector privado.

La propuesta buscar fortalecer todo el sector, público y privado. Hoy el 55 por ciento de los estudiantes son matrícula oficial y el 45 por ciento es privado. Nunca antes como en esta propuesta le van a llegar tantos recursos adicionales a las instituciones públicas.

Semana.com. ¿Cuales serán esas fuentes para aumentar los recursos?

MFC. Son tres fuentes: la primera es la base del IPC (que es lo que reciben en la actualidad) más los puntos adicionales que plantea la reforma: un punto para 2012, dos puntos para el 2013 y de tres puntos del 2014 al 2019).

Otra fuentes son incrementos asociados al crecimiento de la economía, es decir el PIB. Si el crecimiento real está entre el 0 por ciento y el 5 por ciento, el incremento será del 30 por ciento de dicho crecimiento; si está entre el 5 por ciento y el 7.5 por ciento, será del 40 por ciento; si es igual o mayor al 7.5 por ciento, será del 50 por ciento.

La última fuente es el dinero del sector privado.

Semana.com. En el Plan Nacional de Desarrollo y en la reforma se plantea distribuir los recursos según indicadores, ¿cómo funcionará?

MFC. Con los recursos de esos puntos adicionales del IPC y PIB se hace una bolsa y eso se entrega por indicadores. Hoy se le giran a las universidades 22 billones de pesos, entonces, para el año entrante, se les gira el IPC más el 1% adicional. Es una discusión fuerte. La plata tendrán que ganársela.

Semana.com. ¿Qué condicionará la entrega de esos recursos?

MFC. Los indicadores son cuatro: primero, el aumento de cobertura con énfasis en regionalización: no se pueden seguir concentrando los cupos en las ciudades. Segundo, el mejoramiento de la calidad; tercero, formación docente: vamos a destinar más recursos para formar docentes; y por último, investigación.

Semana.com. Una de las inconformidades de las universidades públicas es que la reforma no reconoce el dinero que invirtieron en los últimos 13 años en cobertura y calidad. Aseguran han funcionado con lo mismo. El anterior proyecto sí les reconocía esos recursos.

MFC. Si comparan el proyecto de ley que hay en Congreso, pero que voy a retirar, con el que proponemos, son idénticos. Pero esta propuesta es mejorada porque los incrementos son mayores. El proyecto de ley que hoy está en el Congreso dice que crecerá de acuerdo con la economía, pero siempre en un 30 por ciento, acá se ofrece más.

Semana.com ¿Pero qué pasa con el dinero que dicen se les debe rembolsar y por el que, por ejemplo, la Universidad Nacional interpuso una demanda contra el Gobierno?

MFC. Cuando uno mira cuánto han incrementado los recursos públicos desde 2007 a 2011 en las universidades públicas, hablamos del IPC más 9.7 puntos reales.

Los recursos que han aumentado las privadas en el mismo periodo es IPC más 4.2 puntos. Es decir, que al sector público le han llegado incrementos adicionales.

Semana.com. Las cifras que tiene el Gobierno no parecen ser iguales a las que manejan las públicas. El rector de la Universidad Nacional dice que hace diez años invertía por estudiante lo mismo que la Universidad de los Andes, pero ahora es la tercera parte...

MFC. Esos son las estadísticas de la Universidad Nacional. Nosotros estamos mirando el sector en conjunto. La propuesta prevé que en recursos adicionales habrá 2,4 billones en tres años. Si uno hace una proyección a 2019, los recursos se incrementarán en 27 por ciento. Es mucho, pero no es suficiente.

Semana.com. Así como el país se volcó a ayudar al sector bancario en su momento, ¿por qué no ocurre con la educación superior si se sabe que los esfuerzos no son suficientes?

MFC. Tenemos un país con muchas limitaciones fiscales. Qué más quisiera yo que girarles más recursos, pero tenemos restricciones presupuestales, donde los recursos para la educación entran a competir con otros sectores.

Es importante que el sector sepa y entienda que además de los recursos que habrá desde el Gobierno, hay otros importantes y cuantiosos si se aprueba la ley de regalías: el 10 por ciento de éstas irá para ciencia, innovación y tecnología.

Son 2.9 billones de pesos en tres años y las universidades y los centros de investigación están llamados a canalizar los recursos. Para acceder a ellos se tienen que unir con las entidades territoriales, con el sector productivo y formular proyectos para acceder a esos recursos.


Inversión privada e instituciones con ánimo de lucro
 
Semana.com. Para las universidades no es novedoso trabajar en investigación con la empresa privada y creen que la propuesta del Gobierno no es clara...

MFC. La propuesta establece claramente que es para desarrollar proyectos específicos asociados a investigación y proyectos productivos. Sí, las universidades han venido haciéndolo, pero solo venden servicios, hacen asesorías, consultorías y algunos proyectos de investigación.
Queremos ir más allá, que las empresas inviertan capital para desarrollar proyectos específicos de investigación, donde el sector productivo aporte la plata y la universidad el talento.

Semana.com. ¿Qué pasa con ese nuevo conocimiento? ¿No hay riesgo de que la empresa se apropie de ello? Hay temor en cuando a la propiedad intelectual...

MFC. Deben hacer contratos desde el principio. Ahora no hay seguridad jurídica, pero la propuesta la incluye. Lo importante es que la universidad y empresa negocien bien desde el comienzo. Si salen patentes, deben definir desde antes cómo se van a distribuir. Eso permite que se beneficie la sociedad en su conjunto, que haya desarrollo científico, mayor conocimiento, recursos y empleo.

En Francia, por ejemplo, la crisis obligó a las universidades estatales a buscar nuevas fuentes de financiamiento y también están haciendo alianzas con empresas. No quiere decir que el Gobierno se esté quitando la responsabilidad, ni que vayamos a privatizar.

Semana.com. ¿Cómo funcionarían las instituciones de educación con ánimo de lucro?

MFC. Tendrían que ser inicialmente instituciones técnicas y tecnológicas, porque para ser universidades, son tantos los requisitos que ninguna podría cumplir. Una de las reglas para ser universidad es que tengan acreditación institucional y para eso se necesita que pasen dos cohortes, es decir, como diez años.

Semana.com. El nivel de calidad de estas instituciones preocupa mucho al sector...

MFC. Sí. Tenemos que fortalecer el sistema de aseguramiento de la calidad, esa una de las recomendaciones que nos han dado. Los programas que ofrezcan deberán pasar por el filtro del Ministerio. Estas instituciones deberán tener un sistema de aseguramiento de la calidad especial para ellos.


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