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| 1/13/2014 12:00:00 AM

La próxima jugada de los abogados de Petro

Los juristas interpusieron una acción ante el Tribunal Superior de Bogotá, con la que buscan detener el fallo.

Lo que era previsible que pasara, ocurrió. El procurador general, Alejandro Ordóñez, ratificó la destitución y la inhabilidad por 15 años para ejercer cargos públicos al alcalde mayor de Bogotá, Gustavo Petro, por el caos ocasionado por el nuevo sistema de basuras.

Ante esta decisión no procede recurso alguno. Lo único que podría pasar, de manera casi milagrosa, es que el presidente Santos -quien tendría la potestad de ejecutar o no el fallo- no lo hiciera. Mientras tanto, ¿qué puede hacer el alcalde para reversar el fallo?

En diálogo con Semana.com, el exfiscal general Mario Iguarán -cabeza del grupo de abogados del alcalde- reveló que interpuso un recurso de restablecimiento del derecho ante la Sala Penal del Tribunal Superior de Bogotá, con el cual busca la suspensión del fallo que ha quedado en firme por parte de la Procuraduría.

El recurso fue interpuesto en el proceso por prevaricato que cursa en la Fiscalía contra Ordóñez, en el cual el alcalde fue acreditado como víctima.

¿En qué se basa el recurso?

Según el exfiscal Iguarán, en el artículo 22 del Código de Procedimiento Penal se contempla la posibilidad de restablecimiento del derecho. “Cuando sea procedente, la Fiscalía o los jueces podrán adoptar las medidas necesarias para cesar los efectos producidos en el delito, de modo que se restablezcan los derechos quebrantados”, indica el código

Para Iguarán, ante “una decisión de suprema gravedad que viole los derechos fundamentales de un ciudadano se debe decretar una medida cautelar por parte del juez competente para que no se sigan vulnerando las garantías procesales”.

El procedimiento solicitado se realizará en una audiencia pública en donde intervendrán la Fiscalía, la Procuraduría y víctimas, a fin de que un magistrado elegido aleatoriamente defina si suspende o no el fallo.

A todo esto se suma el recurso que Petro interpuso ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), en el que solicitó medidas cautelares para que se suspendan los efectos del fallo en su contra por una presunta violación al debido proceso. La pregunta es ¿alguno de estos recursos jurídicos le funcionará al alcalde?
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