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| 4/18/2009 12:00:00 AM

Abogados del diablo

El ex ministro de Justicia Néstor Humberto Martínez puso el dedo en la llaga sobre los dilemas y la responsabilidad que profesiones liberales como el derecho tienen frente a la lucha contra el crimen.

La reciente sanción a un grupo de abogados en Inglaterra lleva por primera vez a la práctica una corriente que busca que las profesiones liberales apoyen con más decisión la lucha contra el crimen.

El caso se dio cuando los abogados que asesoraban a una mujer en su proceso de separación sospecharon que su compañero había incluido como gastos de su trabajo algunos arreglos caseros. De esta forma no sólo habría evadido impuestos, sino que también habría incurrido en lavado de activos, fruto de esa evasión.

Aunque la pareja llegó a un arreglo sobre su separación, las autoridades inglesas consideraron que dichos abogados debieron denunciar la evasión que conocieron como resultado de su trabajo, y por no haberlo hecho los sancionaron.

Este proceso conocido como el caso Bowman versus Fels, pone en práctica un acuerdo jurídico de la Unión Europea relacionado con el lavado de dinero conocido como "la tercera directiva". Una medida que entró en vigencia desde diciembre de 2007, pero que recién está operando, y que obliga a las profesiones liberales a ser activas en la lucha contra el terrorismo y las múltiples formas de lavado de dinero.

Aunque suena lejana, lo que busca esta medida en Europa, ya es motivo de polémica en el país. El ex ministro de Justicia Néstor Humberto Martínez escribió una columna recientemente en la publicación especializada Ámbito Jurídico, en la que plantea cómo de esta discusión universal no se puede abstraer Colombia con los niveles de criminalidad que hay.

"Un arquitecto que ayuda a construir caletas, un contador que lleva dobles contabilidades o un abogado que crea sociedades fachada, ayuda en la comisión de un delito", dice Martínez, quien plantea que con estas tesis se empiezan a dar dos escuelas: la primera, los que consideran que al ejercer las profesiones hay límites, y la segunda, quienes piensan que hay zonas grises y allí se mueven, con el argumento de que sus acciones están amparadas en el secreto profesional o en el derecho a la defensa. De esta forma, en muchos casos prestan sus servicios buscando hacer aparentar algo blanco, cuando es negro.

Internacionalmente lo que se busca es que los países tengan normativas explícitas al respecto y que estas situaciones no queden sólo en una discusión ética. En esencia el planteamiento es que todo el mundo esté obligado a tener un adecuado conocimiento de su cliente, y a reportar cualquier situación sospechosa. "Ese cuento de que yo no sabía, ya no existe en el mundo. Y en el país debemos iniciar este debate", comenta Martínez.

El sector financiero es el que más ha evolucionado al respecto, y es indudable que sus reportes son un insumo clave en la lucha contra el crimen organizado. Pero la sensibilidad que el tema genera en ciertos sectores hace difícil que se avance en la materia. El director de la Unidad de Inteligencia y Análisis Financiero, Mario Aranguren, por ejemplo, comenta que desde hace más de año y medio presentó un proyecto de decreto al Ministerio de Hacienda, para obligar a contadores y abogados a denunciar cualquier situación irregular de sus clientes o de las personas que los buscan para que presten sus servicios, pero la iniciativa no avanza. "Sería una herramienta sin precedentes en la materia" dice Aranguren.

Como plantea Martínez, que sean liberales las profesiones no significa que se puedan poner al servicio de toda clase de causas, menos en un mundo en el que el crimen organizado es altamente globalizado. En Europa hay una encendida discusión al respecto, tanto, que ya se discuten posibles sanciones a países como Francia y Alemania, que han tardado en instrumentar estas medidas, y prestigiosas organizaciones como la American Bar Association, de Estados Unidos, se oponen a dichas medidas.

A mediados de los años 90 en Colombia hubo decisiones en ese sentido, pero fueron tumbadas por la Corte Constitucional. Aun así, el debate que se había mantenido en sectores especializados, y ahora se ha vuelto a abrir a toda la sociedad que cada vez exige más que la lucha contra la criminalidad no sea un asunto sólo del Estado, sino de sus ciudadanos.
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