Abogados panameños piden declarar ilegal asilo de Hurtado

Un nuevo capítulo se conoció sobre el caso de la exdirectora del DAS María del Pilar Hurtado, asilada en Panamá desde noviembre de 2010. Esta vez por cuenta de un par de abogados panañemos, Paulo Vega y Ángel Álvarez, quienes esperan que la Corte Suprema de Justicia se pronuncie y declare ilegal el asilo otorgado a la exdirectora del DAS, según señalaron medios de comunicación de ese país.
 
Los juristas alegan que la medida adoptada por el Gobierno del presidente Ricardo Martinelli "atenta contra el derecho de asilo político y viola acuerdos internacionales".
 
La noticia se conoce apenas a un día de que el presidente Martinelli señalara que María del Pilar Hurtado se quedará en Panamá. "Ella tiene asilo territorial y eso lo vamos a mantener", dijo el mandatario del vecino país.
 
Por su parte, el ministro del Interior y de Justicia, Germán Vargas Lleras, aseguró este jueves que el Gobierno está obligado a hacer cumplir las decisiones de la Fiscalía General de la Nación, y si María del Pilar Hurtado es cobijada con medida de aseguramiento se le solicitará al Gobierno de Panamá su extradición.
 
“La obligación del Gobierno es proceder a darle curso a una decisión que haya tomado la Fiscalía General de la Nación, yo no me pronuncio sobre decisiones del Presidente Ricardo Martinelli, pero nosotros estamos obligados a cumplir también con la ley”, afirmó Vargas Lleras.
 
Los pronunciamientos se conocen a dos días de que la fiscal Viviane Morales, dentro del proceso que se adelanta por las 'chuzadas' del DAS, le imputara a Hutado los delitos de concierto para delinquir agravado, violación ilícita de comunicaciones, abuso de función pública, peculado por apropiación y falsedad ideológica en documento público, y además pidiera medida de aseguramiento en su contra.

En la misma diligencia el exsecretario general de Presidencia del gobierno de Álvaro Uribe, Bernardo Moreno, también fue acusado por tres delitos: concierto para delinquir agravado, violación ilícita de comunicaciones y abuso de función pública. Igualmente, la Fiscalía pidió su captura.
 
Sin embargo, las decisiones dependen ahora de lo que suceda el próximo martes, cuando el magistrado Luis Fernando Ramírez, del Tribunal Superior de Bogotá y quien funge como juez de control de garantías, deberá decidir si acepta o no el pedido de cobijar con medida de aseguramiento a Hurtado y Moreno.