Viernes, 9 de diciembre de 2016

| 2007/05/26 00:00

Abogados para-políticos

Detrás de la defensa de los congresistas detenidos hay de todo: desde ex magistrados de la Corte Suprema hasta litigantes que prefieren no poner la cara.

En el centro, el parlamentario Erick Morris, quien era defendido por los abogados Jaime Bernal Cuéllar (izquierda) y Darío Bazzani Montoya. Ellos tuvieron que renunciar al caso por un incidente con un testigo de la para-política

Hace poco, al prestigioso penalista Yesid Reyes le propusieron que defendiera a uno de los implicados en el escándalo de la para-política. Reyes, enseñado a torear los más complejos expedientes judiciales de los últimos años en Colombia, sólo atinó a responderle a su interlocutor: "Qué pena, pero a mí no me gusta ser abogado de causas perdidas".

Reyes refleja la opinión de varios juristas: que el destino de la gran mayoría de los salpicados en la para-política está irremediablemente ligado con la cárcel y por años. Pero esa sensación no la comparten los detenidos: muchos de ellos se han valido de los mejores abogados del país. Pocos se han aparecido ante los jueces con defensores de sus regiones de origen y, por el contrario, lo han hecho con penalistas de las principales oficinas de abogados de Bogotá. Casi todos, incluso, tratan de defenderse con ex magistrados de la sala penal de la Corte Suprema. Un posible error de cálculo.

"Los señores congresistas creen que al valerse de ex magistrados de la Corte, su situación jurídica va a mejorar ostensiblemente. Pero eso no es así. Al contrario, cuando sabemos que el abogado es un ex magistrado, un ex compañero de nosotros, nos toca prepararnos más para responderle a sus exigencias con más contundencia jurídica", le dijo a SEMANA un magistrado de la sala penal que exigió el anonimato.

Y razón no le falta al funcionario, pues la verdad es que los tres ex magistrados que están de defensores en el tema de la para-política han pasado trabajos, máxime si se tiene en cuenta la principal expectativa de sus clientes: la libertad. Ellos son los reputados penalistas Jorge Enrique Valencia, Jorge Aníbal Gómez Gallego y Carlos Gálvez Argote, abogados, respectivamente, de los senadores Dieb Maloof, William Montes y Álvaro Araújo.

Además de los reveses jurídicos, los tres han tenido que soportar la crítica de muchos columnistas, que consideran que unos ex magistrados de la Corte Suprema no deben ser defensores de políticos que presuntamente cohonestaron con los paramilitares. "Esas críticas me parecen las más injustas del mundo. ¿Por qué no voy a poder ejercer mi profesión de abogado si dejé la Corte en 1995?", se preguntó el ex magistrado Jorge Enrique Valencia.

En realidad, el reproche de los editorialistas radica en que para ellos la postura de estos ex magistrados es el equivalente a un 'cambio de bando'. Es decir, pasaron de ser implacables jueces a defensores de los políticos amigos de los paramilitares. Claro que para ningún abogado -o cualquier persona- es fácil decirles no a unos buenos honorarios. Se habla, por ejemplo, de que algunos congresistas están pagando hasta 500 millones de pesos por su defensa.

Valencia, Gómez y Gálvez no son los únicos que la han pasado mal como defensores de los encausados por la para-política. Quién iba a imaginarse, por ejemplo, que una de las más prestigiosas oficinas de abogados de Colombia iba a terminar afrontando una vergüenza ante la Corte. De hecho, el jefe máximo de ese bufete es uno de los maestros del derecho del país: el ex procurador Jaime Bernal Cuéllar.

Es posible que en sus 20 años como litigante, Bernal nunca haya vivido un momento tan incómodo como el que le tocó vivir hace un par de semanas. El motivo: dos de los abogados de su oficina resultaron enredados con uno de los testigos clave de la para-política. El pasado lunes 14 de mayo, el presidente de la sala penal de la Corte Suprema, magistrado Alfredo Gómez, anunció que esa corporación había compulsado copias a la Fiscalía para que investigara una eventual obstrucción a la justicia en la que habrían incurrido los defensores del congresista Erick Morris. Esos abogados eran Darío Bazzani y Alexánder Andrade, de la oficina de Bernal Cuéllar.

Una semana antes, una comisión de la Corte había viajado a Canadá para escuchar la declaración del testigo Jairo Castillo (alias 'Pitirri'), quien denunció varias anomalías ante los funcionarios judiciales. Dijo que desde Colombia le habían mandado las respuestas de un cuestionario que debía responder ante la Corte. Los investigadores miraron el papel y encontraron gran similitud con otro que los abogados de Morris le habían hecho llegar a la Corte. Al revisar las respuestas sugeridas, no quedaba duda de que al testigo lo querían preparar para que declarara en favor del político de Sucre.

"Nosotros nos enteramos del incidente que había sucedido en Canadá el sábado 12 de mayo. Inmediatamente me reuní con Bazzani y Andrade y dijimos que había que renunciar al poder del doctor Morris. Así lo hicimos al lunes siguiente, en una carta en la que dejamos clara nuestra indignación por lo sucedido y en la que explicamos que éramos totalmente ajenos a tan delicada situación. En la tarde del lunes 14 de mayo fuimos hasta la cárcel La Picota para comunicarle al doctor Morris que habíamos renunciado a su defensa. Al final, él se excusó y, en una carta, aclaró que había caído en una trampa de 'Pitirri' y que todo lo que había hecho con el cuestionario había sido sin consultarnos a nosotros", relató a SEMANA el ex procurador Bernal.

Hay un tema adicional que ronda en los corrillos de abogados: que algunos de los mejores penalistas reciben en sus oficinas a los implicados en la para-política y les cobran gruesas cantidades de dinero, pero con la advertencia de que sus nombres no aparezcan ni ante la Corte Suprema ni ante la Fiscalía. El poder, entonces, lo recibe una especie de colaborador del jefe del bufete.

Un posible ejemplo de esa situación es el abogado Luis Henry Montes, quien hasta hace dos meses fue el defensor del congresista Jorge Luis Caballero, hoy prófugo de la justicia. Montes hace parte de la oficina de abogados Gómez y Gómez, que encabeza el ex fiscal Alfonso Gómez Méndez. Montes, sin embargo, no permite que sobre este particular se ponga en duda su nombre y dice que Caballero lo contactó a él directamente, sin ninguna intervención de Gómez Méndez.

"Yo no soy firmón de nadie", dijo Montes. Según él, en la oficina Gómez y Gómez trabajan varios profesionales expertos en distintos campos del derecho y él es allí el responsable de los temas penales. "El doctor Alfonso Gómez Méndez es un consultor que hoy se ocupa de temas académicos y periodísticos. Él no litiga".

De los rumores sobre abogados vergonzantes tampoco se escapa Jaime Bernal Cuéllar. "En esto quiero ser muy enfático: yo no me escondo como abogado. Lo que pasa es ya no estoy para ir a la baranda de los despachos judiciales. Por eso a veces les doy los poderes a los abogados que colaboran en mi oficina", advirtió Bernal, quien hasta hace poco fue el defensor del ex ministro Álvaro Araújo Noguera.

Pero no todos los congresistas de la para-política han optado por gastarse sus ahorros. Algunos entendieron que difícilmente saldrán vencedores ante la justicia y por eso optaron por conseguir defensores de bajo perfil o, mejor, de bajos honorarios. Es decir, no quieren invertir millonadas en una causa que parece perdida.

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