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| 7/11/2015 10:00:00 PM

Jaque al aborto por prohibición del misoprostol

La prohibición de una pastilla que permite interrumpir el embarazo de forma segura ha causado revuelo en la comunidad médica y pondría en riesgo la vida de mujeres.

La orden de restringir la venta de un medicamento podría tener consecuencias nefastas para miles de mujeres en Colombia. El gremio médico califica esa decisión como “retardataria” y denuncia que si esta no se reversa, la lucha contra la mortalidad materna, por un lado, y contra el aborto inseguro, por el otro, podría perderse definitivamente. La pastilla se llama misoprostol y carga una especie de letra escarlata desde que en 2006 la Corte Constitucional despenalizó la interrupción voluntaria del embarazo.  

La pastilla genera mucha polémica y tiene muchos enemigos. La razón es sencilla. Según explica un informe de la organización Dejusticia, en el POS hay tres formas para interrumpir voluntariamente el embarazo: 1) La aspiración al vacío, 2) la dilatación y legrado y 3) el misoprostol. La organización describe a este último como “el más económico y seguro que los otros dos procedimientos, por tratarse de un medicamento que no requiere de una intervención excesiva en el cuerpo de las mujeres”.

Por una orden del Consejo de Estado, el Invima acaba de restringir ese medicamento. El problema es que no solamente sirve para abortar, sino que es usado regularmente por los ginecólogos para inducir el parto cuando existen complicaciones y así evitar la mortalidad materna. El Invima incluyó el misoprostol en la franja violeta, es decir, en los medicamentos de uso restrictivo al lado de los que generan dependencia como la morfina. Según explica la directora de la entidad, Blanca Elvira Cajigas, lo que esto significa es que se restringe el acceso. Es decir que las farmacias necesitan una fórmula médica para venderlo y los pacientes deben dejarla para que se pueda llevar un registro de quién lo pidió y qué médico lo formuló.

Édgar Iván Ortiz, presidente de la Federación Colombiana de Ginecología, asegura que la decisión es “una afrenta a los derechos sexuales reproductivos de las mujeres”. El médico advierte que los controles generarán desabastecimiento de un medicamento esencial para evitar la mortalidad materna, sobre todo en las zonas apartadas del país, y creará un mercado negro que, contrario a lo que se busca, hará que el aborto sea más inseguro y más clandestino.

La restricción en términos prácticos afecta a quienes están en las tres causales de despenalización del aborto que dio la Corte Constitucional. 1) Su vida está en peligro, 2) fueron víctimas de una violación o 3) tienen un embarazo que presenta malformación del feto. Al impedir que tengan acceso a las pastillas, estas mujeres terminarán teniendo que buscar los otros dos métodos que son más invasivos y que necesitan centros de atención de mayor nivel.

Hay otra complicación adicional. La obligación de dejar los datos ha sido unas de las principales barreras para cumplir con las libertades en Colombia. Según cuenta el caricaturista Matador, apenas se hizo público el caso de su papá la Procuraduría intentó a toda costa impedir la eutanasia, tanto que pidió el expediente de la tutela al juzgado y se rumora que Alejandro Ordóñez llamó a la clínica para exigir que se respetara el derecho a la vida. El viernes pasado envió una carta al Consejo de Estado pidiendo que aceleren el proceso que busca la nulidad del decreto del ministerio que reguló el tema.

Lo mismo le ha pasado a la comunidad LGBTI. Una circular de esa entidad pidió a todos los jueces y notarios del país alertar si parejas del mismo sexo acuden a sus despachos para formalizar su unión. Según Marcela Sánchez, directora de Colombia Diversa, de esa manera han llegado a oponerse a las bodas y han pedido la nulidad de estas posteriormente. Hace un par de semanas, la Corte Constitucional, en una sentencia ambigua, aclaró que la Procuraduría sí puede pedir esos datos, pero no usarlos para imponer su interpretación de sus sentencias.

Por eso, la restricción del misoprostol tiene tanto significado. Seis años duró la discusión para incluirlo en el POS, también en una pelea jurídica en el Consejo de Estado. En ese mismo organismo, la misma magistrada que ordenó restringir este medicamento, María Claudia Rojas, fue la ponente del fallo que anuló los decretos que el Ministerio de Salud había expedido para reglamentar el cumplimiento del aborto en el país. Así, a punta de sentencias la aplicación de un derecho que habían logrado conquistar las mujeres se está quedando en el limbo.
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