Domingo, 22 de enero de 2017

| 2010/10/15 00:00

Aborto y objeción de conciencia, dos derechos en tensión

El debate está sobre la mesa. Mientras el procurador Alejandro Ordóñez anuncia un proyecto para regular la objeción de conciencia, la abogada Mónica Roa advierte la amenaza de éste al cumplimiento del derecho a abortar.

Procurador Alejandro Ordóñez

Más de treinta años tuvieron que pasar antes de que en Colombia se lograra la despenalización del aborto en tres casos específicos. Fue hasta el año 2006, y gracias a la sentencia C-355/06 de la Corte Constitucional, que quienes hasta ese entonces habían luchado para que se reconociera esta práctica como un derecho sexual y reproductivo de las mujeres sintieron que su batalla estaba ganada. Sin embargo, hoy, tres años después, hay obstáculos para su cumplimiento.

Así lo asegura la abogada Mónica Roa, directora de los programas a nivel mundial de la ONG Women’s Link Worldwide, quien estuvo al frente de la demanda para la despenalización del aborto y ha seguido de cerca la aplicación de la sentencia que lo permitió. Para ella, la objeción de conciencia es, hasta ahora, la gran amenaza con la que ha tenido que ‘pelear’ el aborto.

“Desde el principio sabíamos que ese era el gran problema”, dice Roa, para quien los recientes pronunciamientos del procurador Alejandro Ordóñez no sólo han confundido, sino que también han desvirtuado la posición que sobre el derecho al aborto tienen las defensores de éste. “No es que estemos en contra de la objeción de conciencia. Lo que estamos es en defensa de la vida, y en contra del abuso de esta figura”, señala.

Y es que luego de que el procurador Alejandro Ordóñez pidiera, sin éxito, la nulidad de la tutela T- 388 de la Corte Constitucional, que ordena la inclusión de la información sobre las circunstancias de aborto legal dentro de las campañas de derechos sexuales y reproductivos, el jefe del Ministerio Público anunció que presentaría un proyecto de ley para garantizar el derecho de la objeción de conciencia en el ámbito médico sanitario, educativo y en el ejercicio de las funciones públicas.

“Vivimos en el mundo contemporáneo con sociedades multiculturales y secularizadas, por tal razón es frecuente que decisiones legales generen deberes que pueden violentar la conciencia de funcionarios públicos, de personas particulares o de instituciones que profesan convicciones, ya sean religiosas, morales o políticas, que estén en contravía de las decisiones judiciales”, señaló a la prensa el procurador Ordóñez luego de anunciar dicho proyecto.

La acción del Procurador, en opinión de la abogada, no es más que “un intento en el Legislativo por ganar la batalla que perdió en la Corte”. El debate está en que tanto la objeción de conciencia como el aborto son derechos, que ahora chocan.

“Lo que hay que tener claro es que la objeción de conciencia es ilimitada hasta que el derecho de un tercero se pone en juego. Y en el caso del aborto lo está”, dice Roa.

Y es que al ser derechos de la misma jerarquía, cualquier norma que busque regular la objeción de conciencia, en el caso particular del aborto, debe reconocer que cuando un profesional de salud se niega a practicárselo a una mujer, en alguno de los casos legales, se da una tensión entre dos derechos que no puede cumplirse para eliminar al otro.

Por eso, y en esto es enfática la abogada, si el profesional de la salud objeta conciencia, es su obligación garantizar que los derechos de la mujer sean respetados remitiéndola a otro médico no objetor, que sí realice la práctica. Pero que eso se cumpla, no es fácil.

Mónica Roa recuerda el caso de una niña de 13 años, violada, a la que bajo el argumento de este derecho se le negó la práctica del aborto, y a la que además un juez, bajo la misma figura de objeción de conciencia, no le resolvió una tutela que buscaba la restitución de su derecho. Tuvo a su hijo. Nadie le garantizó el cumplimiento de la sentencia C-355/06.

“La objeción de conciencia debe servir como escudo protector de las convicciones más íntimas del individuo, pero no puede funcionar como arma para obstaculizar, promover, dilatar, remover o retroceder los avances que se han logrado frente a otros derechos”, dice Roa, para quien el anuncio del Procurador, de presentar un proyecto de ley que regule dicho derecho, “es un proyecto que amenaza a la institucionalidad”.

La objeción de conciencia: lo que está claro

- La objeción de conciencia es individual y no institucional porque sólo el individuo tiene conciencia.

- Los jueces deben actuar conforme a la Constitución y la ley, no con base en su propia conciencia.

- Existe la obligación de referir a la mujer que exige su derecho a abortar, a otro profesional no objetor.

Los casos específicos para acceder al aborto voluntario


De acuerdo con la histórica sentencia, emitida el 10 de mayo del 2006, se estableció que el aborto no puede ser considerado un delito en tres situaciones específicas.

- Cuando la vida o la salud (física o mental) de la mujer esté en peligro.

- Cuando el embarazo sea el resultado de violación o incesto.

- Cuando se diagnostiquen graves malformaciones fetales que hagan inviable la vida fuera del útero.


Sentencias de un derecho, el aborto

Sentencia C-355/06
Sentencia T-946/08
Sentencia T-946/08

 

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