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| 7/29/2012 12:00:00 AM

Abren juicio de responsabilidad fiscal al presidente de Ecopetrol por rotura del oleoducto Caño Limón - Coveñas

La Contraloría determinó que hubo omisión en el ejercicio de la función de Javier Genaro Gutiérrez "en cuanto a la responsabilidad que le asistía para adelantar acciones que previnieran la rotura del oleoducto", ubicado en Norte de Santander.

La Contraloría General de la República llamó este domingo al presidente de Ecopetrol, Javier Genaro Gutiérrez, y a otros funcionarios de esa entidad, a responder por un daño al patrimonio natural de la Nación por un valor de 35.154.000 de pesos.

El ente de control abrió juicio responsabilidad fiscal contra el presidente de la compañía, Javier Genaro Gutiérrez; el vicepresidente de Transporte, Álvaro Castañeda Caro; y el superintendente de Oleoductos Norte y Sur de la Vicepresidencia de Transporte (VIT), Gerardo Iván Mesias Rosas; entre otros funcionarios.

También imputó responsabilidad fiscal contra los contratistas Ingenieros Civiles Asociados México S.A.S. - I.C.A. DE México S.A.S. y Termotécnica Coindustrial S.A., integrantes del consorcio Icamex Termotécnica, contratista de la sociedad Ecopetrol.

En el caso de los directivos y funcionarios de Ecopetrol, la Contraloría les atribuye "omisión en el ejercicio de las funciones de los servidores públicos en cuanto a la responsabilidad que les asistía a estos, de adelantar acciones pertinentes para prevenir la rotura del oleoducto Caño Limón - Coveñas", el 11 de diciembre del 2011, en el sector kilómetro 231+080, específicamente en el predio El Pedregal, de la vereda Cuéllar, del municipio de Chinácota, en el Norte de Santander.

"La rotura del oleoducto afectó un trayecto de recursos naturales en una extensión de 80 kilómetros y un ancho entre los 10 y los 100 metros. La Contraloría pudo verificar que existía información técnica, conocida por los funcionarios de Ecopetrol vinculados en el proceso de responsabilidad fiscal, de la cual se desprendían situaciones que permitían prever que la inestabilidad del terreno en el cual se encuentra alojado el tramo de oleoducto podía colapsar", dice el comunicado emitido por el ente de control.

Así mismo, la responsabilidad imputada cobija a los contratistas integrantes del consorcio Icamex Termotécnica, quienes para la fecha de los hechos "se encontraban ejecutando un contrato para la prestación de los servicios de contención de crudo y descontaminación ambiental", servicio que, según la Contraloría, "resultó ineficiente e ineficaz a la hora de conjurar el hecho, toda vez que no logró contener el daño de manera oportuna a efectos de evitar que se causara un perjuicio mayor al derivado del derrame de crudo generado ese día".

Según la Contraloría, el plan de contingencia que se puso en ejecución una vez conocido el siniestro, fue "ineficiente, ineficaz, antieconómico y desprovisto de valoración del principio de costos ambientales".

La misiva agrega que las inversiones en infraestructura y las obras desarrolladas para evitar un mayor daño, "no cumplieron con el objetivo y los fines señalados en dicho plan de contingencia, ocasionando con ello, además de la perdida ambiental, pérdidas significativas al erario público, representado en el número de barriles de petróleo derramado".

Cabe recordar que este anuncio representa la primera vez que la Contraloría "busca proteger el derecho que a todos los ciudadanos colombianos les asiste de gozar de un medio ambiente sano, el cual, como consecuencia de los hechos acaecidos el 11 de diciembre del 2011, se vio afectado notoriamente, no solo por la extinción de especies locales autóctonas, sino también de plantas y animales domésticos que se cultivan y crían en la región, generando igualmente la dispersión de enfermedades por varios territorios".

La Contraloría General de la República citó a los vinculados a este proceso de responsabilidad fiscal a rendir descargos el próximo martes 14 de agosto, a la 9:00 de la mañana, en la sala de audiencias ubicada en el piso 12 de su sede central.

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