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| 2/24/2015 7:40:00 PM

‘Jalón de orejas’ a Petro por accesibilidad al SITP

La Corte Constitucional ordenó al Distrito Capital garantizar el acceso al sistema de transporte a personas en condición de discapacidad.

Para nadie es un secreto lo poco amigables que son las ciudades colombianas para las personas en condiciones de discapacidad, donde no encuentran fácilmente rampas, andenes y, en general, infraestructura y transporte para que puedan movilizarse fácil y libremente.

Ello ciertamente mejoró con la inclusión de lugares especiales para esta colectividad en los buses en los sistemas de transporte, como TransMilenio y el SITP, pero esta es todavía una solución que dista de ser perfecta y consecuente con los requerimientos reales.

Prueba de ello son los reclamos de Ana Cristina Paz, quien tras reiteradas quejas ante las instancias distritales, no logró reducir su calvario diario a la hora de acceder a esta solución de movilidad.

La ciudadana decidió entonces interponer una acción de tutela que llegó a manos de la Corte Constitucional, que en una sentencia memorable ordenó al Distrito y a TransMilenio S. A. que “diseñe y ponga en ejecución un plan orientado a garantizar el acceso a las personas en condición de discapacidad al Sistema Integrado de Transporte SITP”.

Esto es todo un ‘jalón de orejas’ para la administración de Gustavo Petro, cuya bandera de la ‘Bogotá Humana’ no parece compadecerse con las personas en condición de discapacidad al verificarse las condiciones de la mayoría de los buses del sistema que no cuentan con el espacio ni los mecanismos para atenderlos.

De hecho, una de las mayores críticas que se le ha hecho al SITP es que, si bien algunos de los automotores son modernos y hasta emplean energías limpias, la generalidad son simplemente buses del servicio público tradicional que se repintaron y acondicionaron para prestar el nuevo servicio, pero no cuentan siquiera con los accesos adecuados para el ingreso, por ejemplo, de una silla de ruedas.

El Distrito tendrá un “término máximo de dos años”, para poner en marcha la sentencia que deberá ser implantada por la actual administración. Estos usuarios deberán poder acceder a los buses e instalaciones “sin tener que soportar limitaciones que supongan cargas excesivas” y cada tres meses deberán presentar los avances al alto tribunal y a la comunidad.

Con ponencia del magistrado Gabriel Eduardo Mendoza Martelo, la Corte Constitucional fija un precedente en materia de acceso a derechos fundamentales, por lo cual “tutela los derechos fundamentales al trabajo, a la dignidad humana, a la locomoción de Ana Cristina Paz Gil”.

Según cifras de TransMilenio S. A., el SITP afronta problemas de retraso de entrega de buses por parte de dos operadores privados y en la chatarrización de más de 5.000 buses tradicionales.
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