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| 10/25/2008 12:00:00 AM

Acto de contrición

Con el retiro de tres coroneles, el Ejército le da cabida a la tesis de que los jóvenes muertos en Ocaña pudieron haber sido asesinados.

El general Mario Montoya se ha destacado por ser un defensor a capa y espada de sus oficiales. Por eso el viernes pasado muchos se sorprendieron cuando vieron al comandante del Ejército tomando una determinación implacable: separar de sus cargos a tres coroneles, todos con carreras hasta ahora brillantes, porque hay indicios que los comprometen, al parecer gravemente, con las muertes de 11 jóvenes reportados como dados de baja en combate en Ocaña, y que habían desaparecido este año en Soacha y Bogotá. Los afectados son el coronel Santiago Herrera Fajardo, jefe de Estado Mayor de la Quinta División (en Bogotá); el coronel Rubén Darío Castro Gómez, comandante del la Brigada Móvil número XV, y el coronel Gabriel Rincón Amado, jefe de Operaciones de la misma unidad (en Norte de Santander).

Las sospechas sobre las supuestas muertes en combates de estos jóvenes surgieron cuando se supo que casi todos habían muerto apenas dos o tres días después de salir de sus casas y otra serie de coincidencias que llamaron la atención de la Fiscalía. Por ejemplo, que todos eran jóvenes pobres y desempleados, que la mayoría de las veces aparecían sin identificación, que supuestamente se enfrentaban en combates apenas con un arma corta, casi nunca se podía establecer a qué organización delictiva pertenecían y eran enterrados como personas anónimas. Estas sospechosas coincidencias hicieron pensar que probablemente se trataría de 'falsos positivos', o muertes fuera de combate, propiciadas por algunos oficiales para engrosar las cifras de bajas, y así ganar réditos en la vida militar.

En enero SEMANA reveló el testimonio de un suboficial del Ejército adscrito a la brigada móvil XV con sede en Ocaña -justamente la misma que hoy está cuestionada- que denunció varios casos de falsos positivos ante la Procuraduría y ante las propias Fuerzas Militares. La denuncia afectaba al coronel Santiago Herrera, comandante de esa Brigada durante los años 2006 y 2007, época en la que los resultados operacionales de esa unidad fueron muy altos. Paradójicamente, el suboficial fue retirado de la institución por "razones discrecionales" y señalado por muchos oficiales como un enfermo mental, mientras que el coronel Herrera fue llamado a trabajar a Bogotá, al ser considerado un oficial de alto rendimiento. Sin embargo, ahora es uno de los que Montoya ha separado de su cargo.

El general explicó que dispuso el retiro de los altos oficiales porque la Inspección General de la Fuerza -dependencia interna del Ejército a la que se le ordenó investigar lo ocurrido con los jóvenes de Soacha- encontró dos testimonios de militares activos que relatan de procedimientos anómalos en por lo menos dos de los casos investigados. Montoya dijo que pondría a disposición inmediatamente de la Fiscalía General los testimonios para contribuir con la investigación que el ente acusador adelanta por este tema.

Los militares retirados de sus cargos ahora deberán aguardar el pronunciamiento de la junta asesora, encabezada por el Ministro de Defensa, que determinará su retiro del Ejército.

Desde el mes pasado, cuando se conoció la delicada y grave situación de los jóvenes de Soacha, la Unidad de Derechos Humanos de la Fiscalía comisionó un grupo especial de investigadores para que se ocupen del caso. La decisión del general Montoya hace prever que la investigación no es favorable a los militares. Y que en los próximos días se podría confirmar la peor de las tesis, la que muchos han llamado reclutamiento con fines de homicidio.
 
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