Acueductos con el agua hasta el cuello

El Carmen de Chucurí corre el riesgo de ser considerado el pueblo con el olor más nauseabundo del país. Su tragedia comenzó hace dos años cuando se derrumbó su planta de tratamiento de aguas negras, una obra financiada por particulares para la que los carmeleños comprometieron por dos décadas buena parte de los recursos que les transfiere la nación.

“A un kilómetro de distancia se siente la fetidez” dice una ingeniera del Ministerio de Vivienda que visitó el municipio santandereano como parte de una revisión a 117 municipios, en donde empezaron a crecer las quejas por obras de saneamiento básico hechas a medias, que solo funcionaron pocos meses como en este caso, o inexistentes a pesar de haber requerido 477.000 millones de pesos que prestaron inversionistas privados. 

El común denominador en estas poblaciones es que los trabajos fueron financiados con unos títulos conocidos como los Bonos Agua, a través de los cuales particulares prestan dinero a los municipios, con la garantía de que la deuda se paga con las transferencias anuales que hace la Nación. Pese a que funciona desde 2008, las alarmas solo se encendieron a finales del año pasado cuando la Contraloría General advirtió sobre el riesgo de comprometer recursos públicos por tanto tiempo. 

Y fue Troya cuando el ministro de Vivienda, Germán Vargas Lleras, envió una carta a los alcaldes para señalar las responsabilidades penales, disciplinarias y fiscales de los burgomaestres que no comprobaran que los créditos mejoraron los alcantarillados, y la cobertura, calidad y continuidad del servicio de agua, pues los recursos eran para ese fin.

Con la misiva ministerial, decenas de alcaldes comprendieron los alcances de una deuda que figuraba en los balances que recibieron de sus predecesores y cuyo origen muchos no habían entendido. En las respuestas se evidenciaron toda suerte de irregularidades. “Obra como tal no existe. La plata se perdió y no sabemos en qué la invirtieron”, le contó a SEMANA Yimis Requena, alcalde de San Jacinto, Bolívar.

No hay forma de determinar el monto perdido, pues en muchos casos el problema no es que se hayan robado el dinero, sino que se hicieron obras sin criterio técnico o de planeación. También en algunos casos parte del dinero lleva años guardado en una fiducia, pagando por su administración y por los intereses de la deuda sin que exista un plan de inversión.

Mientras el gobierno y los organismos de control evalúan la dimensión del problema, tratan de desestimular que los alcaldes recurran a esta fuente extraordinaria de financiación para no tener más dolores de cabeza. 

Los Bonos Agua soportan un crédito que los pueblos obtienen a cambio de comprometer durante 19 años un porcentaje de lo que reciben del Sistema General de Participaciones. Lo que permite que se emitan los títulos y que se comercialicen en el mercado de valores es que se trata de un dinero garantizado por ley, que aumenta cada año. 

Así, por ejemplo, San Carlos, Córdoba, multiplicó por 12 los recursos que recibía anualmente por transferencias de la Nación. Comprometió 480 millones de pesos y consiguió en un solo giro 5.707 millones. Un monto equivalente a la mitad de todo el presupuesto anual del municipio. 

La figura según la cual los particulares pueden invertir en obras públicas nació gracias a una sofisticada ingeniería financiera liderada por la firma Konfigura, de la que son socios tres tecnócratas del gobierno anterior: Andrés Flórez Villegas, exdirector del Fondo de Garantías de Instituciones Financieras, Fogafin; Lia Heenan Sierra, expresidenta de Central de Inversiones, Cisa; y Alberto Carrasquilla, ministro de Hacienda de 2003 a 2007. 

De ahí que en las regiones conocen todo el esquema financiero como “el plan Carrasquilla”, pese a que la empresa responsable de la operación es extranjera. El sistema resultó tan innovador que obtuvo reconocimientos internacionales por ser un modelo de financiamiento sostenible. 

Pero ante una oferta de liquidez tan expedita y cuantiosa, muchos alcaldes priorizaron los recursos inmediatos sin calcular adecuadamente lo que significaba comprometer al municipio en una deuda con un costo equivalente a un 14 por ciento del interés anual por dos décadas, y con una cláusula que no les permite prepagar la deuda. 

Muchos de estos recursos terminaron convertidos en créditos de libre inversión, por lo que un equipo de la Procuraduría, la Contraloría, los ministerios de Vivienda y Hacienda, y de la oficina anticorrupción de la Presidencia se dio a la tarea de revisar los contratos y las obras. 

En las visitas del Ministerio de Vivienda a 58 de los 117 municipios comprometidos, esta entidad encontró que solo siete funcionaban como el caso de Zarzal (Valle) o Girón (Santander). En las otras 51 visitas se identificaron problemas de todo tipo, como lo encontrado en Calima del Darién donde se construyeron las obras en un terreno privado con vista a un lago, o en La Unión (Valle), donde pusieron los medidores sin que fluya agua por la tubería, o en Buenaventura donde parte de los recursos se usaron para legalizar obras realizadas antes. 

Para los socios de Konfigura, que la Contraloría y el gobierno pongan sus reflectores sobre el modelo financiero es “buscar el muerto río arriba”. Argumentan que las fallas, si las hay, corresponden a los alcaldes y no al sistema de financiación. Carrasquilla señala además que la Contraloría buscó afectar la calificación de los bonos al enviar una carta a la firma que evaluó su solidez, para pedirle revisar su concepto.

Lo sensible de este caso es que no se trata de un préstamo cualquiera, pues se trata de poblaciones que llevan muchos años esperando las obras. “Según nuestros registros el 90 por ciento de los proyectos van bien”, dice Carrasquilla apoyado en interventorías contratadas por su firma. “No dejamos los dineros sin control” dice. 

Pero eso contrasta con lo que ha encontrado el Ministerio de Vivienda hasta ahora. Aunque en los próximos días se conocerá el informe final, es difícil que cambie la tendencia de improvisación y mala ejecución de los alcaldes. “No nos hemos tomado una sola gota de agua con el plan. Acá se pasaron la interventoría por la galleta” dijo a SEMANA el alcalde de Tarazá (Antioquia), Héctor Leonidas Giraldo. “Hay actas donde sacaron 400 millones sin firma de interventor o del contratista, y nadie hizo nada”, comenta indignado.

Algunos alcaldes también están molestos con este financiamiento porque están amarrados por años a una deuda que consideran “abusiva”, como la llama el alcalde de Valledupar, Fredys Socarrás. Un caso emblemático es el de Montelíbano (Córdoba), que trató de prepagar el crédito, pero no pudo porque el contrato lo impide. 

En su caso ni siquiera sirvió que lo respaldara del Ministerio de Hacienda. La Superintendencia de Sociedades dirimió la controversia en favor de mantener la estructura de los bonos, pues de modificarse las condiciones los grandes perdedores serían los tenedores, lo que generaría desconfianza en el mercado de valores. 

En momentos en que en el país se incentivan modelos para buscar que inversionistas privados pongan sus recursos en iniciativas públicas, esta experiencia muestra que, por buenos que sean los esquemas creados para permitirlo, la falta de planeación y de control de los ejecutores públicos puede traer consecuencias problemáticas.