ACUERDO ANUNCIADO

aunque desde hace dos semanas se anunció la firma de un memorando de entendimiento entre Colombia y Estados Unidos que permite el uso de equipo militar estadounidense por parte del Ejército Nacional para operaciones antinarcóticos, pocos colombianos conocen su verdadero alcance. Y algunos de quienes lo conocen le han hecho fuertes críticas. La semana pasada, por ejemplo, el precandidato presidencial Juan Manuel Santos, en carta publicada por El Tiempo, consideró que el texto era violatorio de la soberanía nacional. SEMANA consultó a los participantes en la negociación para conocer sus implicaciones.
El proceso comenzó con la decisión del presidente Bill Clinton de hacer un reconocimiento al Ejército de Colombia por su exitosa labor en la Operación Conquista el año pasado, y entregarle 40 millones de dólares en equipo militar norteamericano sobrante. Treinta millones estaban destinados a las Fuerzas Militares y 10 millones a la Policía Nacional. La decisión fue tomada el 24 de septiembre del año pasado. Pero sólo una semana después, el 30 de septiembre, el Congreso norteamericano aprobó la Enmienda Leahy, una norma que establece que si el secretario de Estado tiene evidencia creíble de que una unidad militar viola los derechos humanos, esta unidad no debe tener asistencia antinarcóticos a menos que los hechos se estén investigando.
Para hacer cumplir esta disposición, el 3 de octubre el embajador Myles Frechette inició conversaciones con el entonces ministro de Defensa, Juan Carlos Esguerra, con el fin de llegar a un acuerdo que permitiera aplicar la ley. El 15 de enero de este año _siendo ya embajador en Estados Unidos_ Esguerra envió una carta a Frechette para cumplir con los requisitos de las leyes norteamericanas. Pero la carta no fue aceptada. Se inició entonces un tire y afloje para llegar a un texto final conveniente para ambas partes. Los norteamericanos elaboraron varias propuestas, pero el equipo jurídico del Ministerio de Defensa de Colombia les hizo varias objeciones. Entre otros puntos los abogados del Ministerio de Defensa, liderados por Nubia Liliana Henao, asesora jurídica del comandante de las Fuerzas Militares, Harold Bedoya, consideraban que no era posible aceptar que un militar cometió una violación grave de los derechos humanos hasta que la ley colombiana no lo hubiera confirmado con un fallo en firme emitido por la autoridad competente. De no ser así, alegaban los abogados del Ministerio, la acción del Ejército se vería inutilizada por una avalancha de denuncias falsas contra sus altos mandos. Los norteamericanos aseguraban por su parte que según el texto de la Ley Leahy, quien desee hacerse a la ayuda militar antinarcóticos tiene que cumplir los requisitos de la Ley norteamericana.
A fines de abril de este año hubo una reunión entre el presidente Ernesto Samper, la canciller María Emma Mejía y el embajador Frechette. Allí se tocó el tema y el gobierno expresó su voluntad de llegar a un acuerdo. Con posterioridad a esta reunión se elaboraron cinco versiones nuevas del documento, pero las dudas jurídicas subsistían. La situación habría quedado así por un largo tiempo si no fuera porque parte de la ayuda empantanada estaba destinada a la Policía Nacional. La Policía empezó a tener problemas en sus operaciones antinarcóticos, lo que eventualmente llamó la atención de varios congresistas republicanos en Estados Unidos. Con gran admiración por el general Rosso José Serrano Serrano y sus hombres, representantes como Dennis Hastert y Dan Burton organizaron una audiencia para averiguar las razones del estancamiento de la ayuda para la Policía. Cuando Frechette fue notificado del debate, éste acudió al Ministerio de Defensa con una última versión del acuerdo, pero las dudas subsistían y el documento no se firmó. Fue entonces cuando la opinión pública en Colombia se enteró de la negociación, debido a las declaraciones de Frechette y de otros testigos de la administración Clinton durante la audiencia en el Congreso norteamericano. El cruce de comunicados entre la embajada y el Ministerio hizo públicas las discrepancias. Sin embargo las negociaciones continuaron con renovados ímpetus, especialmente porque el 'Zar' antidrogas, el el general Barry McCaffrey, intercedió directamente para desempantanar el proceso. Tanto que este último llamó al general Bedoya para pedirle su colaboración y consultar sus opiniones sobre el acuerdo. Finalmente, después de una ardua y mutuamente reconocida labor por parte de la gente de la embajada en Bogotá, el equipo jurídico de la embajada en Washington encabezado por Felipe Piqueros, de los abogados del Departamento de Estado y de los asesores jurídicos de Ministerio de Defensa, se llegó a un acuerdo final que fue firmado el primero de agosto. Aunque el acuerdo se logró casi simultáneamente con la salida del general Bedoya, en verdad este episodio no tuvo nada que ver con su firma. El documento fue revisado y aprobado por todos los comandantes de fuerzas, brigadas y divisiones en carta dirigida al Ministro el 30 de julio pasado.
¿Que dice el acuerdo?
El documento dice: "El gobierno de los Estados Unidos de América no proporciona asistencia para el uso de una unidad de las fuerzas de seguridad de un país extranjero en la lucha antinarcóticos, si el secretario de Estado de los Estados Unidos tiene evidencia creíble de que dicha unidad, por medio de actos de cualquiera de sus integrantes, ha cometido graves violaciones de derechos humanos, a menos que el secretario de Estado de los Estados Unidos determine que el gobierno de ese país está tomando medidas para llevar a la justicia a los integrantes responsables de dicha unidad, conforme al ordenamiento jurídico de ese país".Y más adelante agrega: "Antes de la entrega inicial de la asistencia prevista que pueda ser suministrada, y cada seis meses a partir de entonces, el Ministerio proporcionará a la embajada una certificación de la autoridad competente sobre investigaciones formales o procesos en curso por graves violaciones de derechos humanos respecto de cada uno de los miembros de las unidades que se encuentren operando en las zonas designadas, así como sanciones impuestas por dichas violaciones".Las 'unidades' serán escogidas de acuerdo mutuo entre el Ministerio y la embajada.
Las zonas designadas son Meta, Vichada, Vaupés, Guaviare, Caquetá, Amazonas, Guainía, Putumayo, Nariño, Cauca, Huila y Tolima, definidas por los negociadores por ser áreas con alta concentración de cultivos ilícitos y poca presencia paramilitar. Los procesos pueden ser disciplinarios por parte de la Procuraduría o penales por parte de la justicia penal militar y la Fiscalía. También podrán ser civiles, por cuenta de demandas por responsabilidad del Estado e incluso de tutelas.
Según dijo el ministro Echeverri a SEMANA "cuando hay acusación formal e incluso antes, el militar será trasladado a otra unidad que no opere en las zonas designadas". Como 'unidades' el acuerdo entiende brigadas o batallones ubicados en esas zonas, explicó a esta revista el embajador Esguerra. Esto en plata blanca significa que cualquier militar que tenga una acusación formal por violación a los derechos humanos, entendidos como "negación flagrante del derecho a la vida, a la libertad o a la seguridad de la persona", será trasladado a una brigada militar que no esté recibiendo ayuda norteamericana.Esto no quiere decir que los equipos cedidos no puedan usarse en contra de grupos guerrilleros. Pueden ser usados siempre que dichos grupos participen del negocio o colaboren con narcotraficantes dentro de esas zonas.
No obstante el acuerdo también contempla "visitas periódicas del personal de la embajada a la unidades que hayan recibido la asistencia prevista", para verificar que se esté dando cumplimiento al acuerdo.Con la firma de este memorando de entendimiento no son sólo las Fuerzas Militares las que se comprometen a la cooperación. Si las "denuncias creíbles" _que según las autoridades norteamericanas pueden ser acusaciones de ONG serias, acompañadas de pruebas_ no son investigadas, el gobierno de Estados Unidos puede retirar la ayuda. Además, según el embajador Esguerra, "si los norteamericanos consideran que la investigación no es seria o el plazo que toma es muy largo, también pueden retirar la ayuda". Para el embajador "esto no significa que los norteamericanos puedan oponerse al fallo, pues están obligados por el acuerdo a reconocer la inocencia de un militar decretada por la justicia colombiana". Todo lo cual implica una especial presión para los organismos judiciales, como la Procuraduría y la Fiscalía, cuyas acciones u omisiones podrían desencadenar la paralización de la ayuda. "Imagínese lo que significa a nivel internacional que se haga semejante señalamiento y se propague por el mundo", dijo Esguerra a SEMANA.En síntesis, el acuerdo tiene varias implicaciones. La primera es que el Ejército tendrá que mantener las unidades que operen en las zonas determinadas libres de personal con señalamientos graves en materia de derechos humanos. La segunda es que la justicia colombiana tendrá que actuar con prontitud y seriedad en estos casos. La tercera es que de no cumplirse las condiciones anteriores, el país se verá abocado a una nueva ola de señalamientos internacionales. Ese parece ser el costo de recibir gratuitamente recursos y equipo para adelantar la lucha antinarcóticos. Quien hace la donación pone las condiciones.