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Las cartas a favor y en contra del ‘fast track’

La Corte Constitucional tiene en sus manos la decisión crucial sobre el mecanismo para agilizar las leyes para implementar el acuerdo de paz. Una misiva con más de 50.000 firmas trata de convencer a los magistrados de darle vida.

11 de diciembre de 2016

El país está en vilo. La Corte Constitucional está a punto de dar su veredicto final sobre el Acto Legislativo para la paz. El alto tribunal decidirá si la refrendación de los nuevos acuerdos en el Congreso es o no suficiente para darle vida al ‘fast track‘, un procedimiento que permite aprobar reformas constitucionales en cuatro debates, y crea facultades extraordinarias para el Presidente de la República.

La decisión es de tal magnitud que quienes apoyan el ‘fast track’ la han puesto en estos términos: tienen en sus manos el proceso de paz. Mientras que sus detractores plantean que es una forma de obviar el sentir del pueblo que votó No en el plebiscito, pues de aprobarse tal como está no habría necesidad de volver a usar dicho mecanismo de refrendación directa.

Los nueve magistrados de la Corte Constitucional que están tomando la decisión se han tomado su tiempo. Se esperaba que el pasado 2 de diciembre anunciaran su veredicto, sin embargo lo aplazaron para el 12.

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"La Corte Constitucional, luego de deliberaciones intensas, concluyó que la ponencia debía recoger las diferentes posiciones planteadas sobre el tema por las magistradas y magistrados, para ofrecer una respuesta que busque mayores acuerdos sobre un asunto de gran trascendencia nacional", informó el alto tribunal a través de un comunicado.

Aprovechando este tiempo extra los dos ‘bandos’ decidieron manifestarse a través de misivas y pedir a la Corte que, en uno u otro sentido, se manifieste.

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El Centro Democrático contra el ‘fast track’

El partido político pone sobre la mesa dos argumentos. El primero consiste en que el gobierno y las FARC presentaron prácticamente el mismo acuerdo después de la renegociación, por tanto, "se estaría ignorando un pronunciamiento popular legítimo tal y como fue el del pasado 2 de octubre".

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“No basta con reformas inocuas o superfluas, sino que su nueva forma debe responder a las exigencias populares que impidieron la continuidad del proceso. No hacerlo desagravia el poder soberano del pueblo, al sistema democrático y representa una burla a los principios fundamentales que rigen el ordenamiento jurídico colombiano”, reza en la misiva.

La segunda razón que tiene el Centro Democrático para que no sea aprobado el procedimiento abreviado se sustenta en que la refrendación congresional no es válida.

“Como es bien sabido, la Corte Constitucional en sentencia C-379/16 (sentencia que aprobó el plebiscito por la paz) le otorgó fuerza vinculante a la votación desfavorable del plebiscito del 02 de octubre del presente año. En aquella oportunidad dispuso reglas jurisprudenciales claras sobre los parámetros que debían respetar los nuevos acuerdos, reglas que hoy no pueden ignorarse y/o cambiarse en virtud de un resultado desfavorable inesperado por el ejecutivo”.

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Las organizaciones a favor del ‘fast track’

Contrario a lo que dice el Centro Democrático más de 50.000 firmas sustentan la idea de que el Congreso sí representa a los ciudadanos y que la decisión debe pasar por un rasero que va más allá de lo jurídico: el anhelo de paz.

“La vía legislativa del Fast Track de que trata el Acto Legislativo para la paz, permite cerrar el ciclo de más de 50 años de enfrentamiento armado mediante un procedimiento especial, rápido y seguro para adoptar las reformas constitucionales y legales que requiere el acuerdo para su concreción e implementación”, explica la carta.

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La carta se entregará a la Corte Constitucional en la mañana del lunes. Ha sido firmada por organizaciones sociales como el Comité por los derechos de las víctimas de Bojayá, la Mesa Nacional de Víctimas y la Federación Nacional de Estudiantes Universitarios.

“En la doctrina Constitucional se considera que el pueblo se expresa, bien sea directamente a través del voto, o a través de sus representantes, que en este caso son los congresistas”, concluye la misiva que pretende persuadir a los magistrados.