Acuerdo cuestionado

La semana pasada, la Superintendencia de Salud llegó a una conciliación con Saludcoop en la que la entidad decidió derogar dos resoluciones expedidas el año pasado. A cambio, Saludcoop renunció a demandar al Estado por 630.000 millones de pesos. Si bien el acuerdo está ajustado a derecho, ha generado todo tipo de comentarios y dudas en el sector de la salud.

El texto le dio un giro a una compleja pelea que tiene en juego unos 630.000 millones de pesos. Todo comenzó hace un año, cuando la Superintendencia le ordenó a Saludcoop, tras una extensa revisión de sus estados contables, restituir a la caja de la empresa esa suma, que aparentemente la entidad usó en gran parte, entre 2004 y 2008, para adquirir o construir hospitales y clínicas que se convirtieron en activos de este grupo. Esto porque aparentemente esos dineros eran recursos de los colombianos y la EPS habría usado figuras contables para maquillar esas millonarias operaciones.

De haberse mantenido las resoluciones, Saludcoop habría tenido que salir de la mayoría de sus activos, quebrar la columna vertebral de su negocio -la integración vertical de servicios- . y cambiar la forma como ha usado los recursos y excedentes que le llegan de la salud. Al frente de esta batalla no solo estuvo durante casi dos años el entonces superintendente Mario Mejía, sino el propio presidente Álvaro Uribe.

Como era de esperarse, la pelea continuó y el nuevo gobierno recibió la demanda de Saludcoop por esa enorme cifra. La EPS alega que la decisión de la Supersalud fue arbitraria y desproporcionada. Tras varias semanas de estudio en el gobierno, y con el acompañamiento de la Procuraduría, el nuevo superintendente Conrado Gómez y su equipo determinaron que la forma como se realizó la investigación y se llegó a la sanción tenía vicios de forma, lo que podría dejar al Estado a merced de perder la millonaria demanda y a cerrarle las puertas a la entidad para investigar a la EPS, pues quedaría como cosa juzgada. Por eso, decidió conciliar y revocar las resoluciones de su antecesor.
El acuerdo fue avalado por la Procuraduría el viernes y se espera el concepto del Tribunal Superior de Cundinamarca para que quede en firme. Aunque Gómez le dijo a SEMANA que su decisión busca proteger al Estado y que con ella no va a renunciar a investigar a Saludcoop, su movida revivió algunas críticas en torno a su designación como superintendente. Si bien este hombre tiene una larga y reconocida trayectoria en el sector y en la academia, sus críticos dicen que llegó al cargo como cuota de la polémica senadora Dilian Francisca Toro. De hecho, fue asesor de ella en un proyecto de salud cuando fue presidenta del Senado. El superintendente rechazó esta versión y dijo que nunca pensó llegar a ese cargo y que fue nombrado porque hizo parte de la campaña de Juan Manuel Santos en esa materia.

Por otra parte, Conrado Gómez es hermano de Francisco de Paula Gómez, quien desde hace varios años es presidente de Afridro, agremiación que defiende los intereses de las multinacionales farmacéuticas en el país, cuyas desmedidas prácticas y recobros pusieron el sistema de salud al borde de la quiebra. Voces críticas, como la de Alberto Bravo, presidente de Asinfar, que reúne y defiende a los laboratorios nacionales, han dicho que el supersalud tiene serios impedimentos, pues si bien no tiene entre sus funciones vigilar la industria de los medicamentos, es claro que la suerte de hospitales, clínicas y las mismas EPS pasa por las manos de esta industria. Al respecto, Gómez rechazó las insinuaciones y dijo que su rectitud e independencia no están en duda.

De ahí que algunos se preguntan si la medida que tomó la Superintendencia, de no mantener las sanciones y conciliar, fue una decisión jurídica en favor del Estado o un salvavidas a Saludcoop. El aval de la Procuraduría lo respalda, pero solo sus actuaciones futuras, que serán seguidas con lupa, mostrarán si tomó la decisión correcta y si los afligidos usuarios de la salud encontraron al defensor que necesitan contra tanto abuso.