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El Fiscal Néstor Humberto Martínez y los jefes de la Farc, entre ellos Iván Márquez, tuvieron una reunión cordial el jueves pasado, y descubrieron que las diferencias que los separaban eran menos profundas de lo que pensaban.

JUSTICIA ESPECIAL

El día en que la Corte le dijo a la paz: todo bien, todo bien

El espaldarazo que la Corte Constitucional le dio al acuerdo de La Habana y el diálogo que han sostenido el fiscal, el gobierno y la Farc en torno a la justicia especial para la paz (JEP) parecen despejar el camino para que esta se convierta en realidad.

14 de octubre de 2017

El difícil momento por el que pasa el gobierno en el Congreso se vio compensado esta semana con dos hechos que despejan el camino del proceso de paz en materia jurídica y política. De un lado, la Corte Constitucional declaró exequible el Acto Legislativo 02 de este año, que blinda el acuerdo firmado con las Farc y garantiza que lo respeten los tres próximos gobiernos. La corte aceptó que los contenidos de dicho acuerdo que correspondan a normas del derecho internacional humanitario, o a derechos fundamentales o conexos, serán de obligatorio cumplimiento en los próximos 12 años, es decir, durante la implementación. Estos son básicamente los que tienen que ver con víctimas –léase justicia especial para la paz (JEP)– y los que tienen que ver con el fin del conflicto; si se amplía la interpretación sobre derechos fundamentales y “conexos”, la sentencia también cobijaría otros acápites del acuerdo.

Según la corte esa obligatoriedad cobija a todos los organismos del Estado y no solo al gobierno. Es decir, que ni el próximo Ejecutivo, ni el próximo Congreso, ni la próxima corte podrán hacer trizas lo pactado. Ahora, eso no significa que el acuerdo sea intocable. En el comunicado del alto tribunal queda claro que preserva el espíritu de cumplimiento de lo acordado, y la coherencia de las normas y medidas que se adopten en el futuro para ello. Es decir, gran parte de ese blindaje dependerá de la voluntad política. Es un llamado a cumplir lo acordado.

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La noticia resultó ser un bálsamo para las heridas que ha sufrido el gobierno en el trámite legislativo de la ley estatutaria de la justicia especial para la paz. La primera vino del fiscal Néstor Humberto Martínez, quien planteó objeciones en el trámite del proyecto e incluyó una serie de líneas rojas a la JEP.

Sus comentarios esta vez buscaban endurecer los criterios para el trato de disidencias, los reincidentes, los testaferros y los delitos continuados. En líneas generales, Martínez buscaba: 1) Que si un guerrillero vuelve a delinquir, pierda los beneficios de amnistía y acceso a la JEP. 2) Que los disidentes queden claramente bajo el manto de la justicia ordinaria, lo que implica cerrar las listas de integrantes de las Farc. 3) Que los testaferros pierdan beneficios jurídicos. Y 4) Que se aclare el régimen de transición para los delitos continuados. También que la JEP actuara con un criterio de selectividad de los casos.

Al parecer, el presidente Santos estuvo de acuerdo con sus precisiones, y por eso ellas fueron directo a la ponencia que la semana anterior aprobaron las comisiones de Senado y Cámara. Sin embargo, para la Farc los acápites que incluyó el fiscal violan el acuerdo de La Habana y por eso pidió una reunión urgente con el presidente. Esta se produjo el domingo anterior, y por la Farc asistieron Iván Márquez, Pablo Catatumbo y Rodrigo Granda.

Los exguerrilleros le dijeron a Santos que las objeciones del fiscal ponían en jaque el proceso de paz. En primer lugar, porque la selección de casos atentaba contra la verdad exhaustiva, principal pilar de la justicia para la paz. En segundo lugar, porque Martínez pretendía poner condiciones a los guerrilleros y no a los demás sectores que irán a la JEP, como los agentes del Estado y los terceros, es decir, los civiles. En tercer lugar, porque varios de sus puntos reducían la competencia de la justicia especial e involucraba a la ordinaria en asuntos propiamente de la JEP, como el caso del testaferrato, que cabe en la amnistía cuando ocurrió en el marco del conflicto.

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En el fondo, y aunque no se mencionó, en la Farc ha venido creciendo la sospecha de que el fiscal está allanando el camino para una eventual extradición de los jefes. Las más recientes declaraciones del embajador de Estados Unidos en Colombia, Kevin Whitaker, en las que acusa a la Farc de no estar cumpliendo sus compromisos en materia de narcotráfico, han generado todo tipo de análisis y suspicacias al respecto. De hecho, también sorprendió que ante las declaraciones del embajador, el gobierno guardara silencio.

Santos escuchó cuidadosamente y consideró que ambas partes tenían algo de razón y que las posiciones no estaban tan lejanas. Sugirió hacer una reunión entre el fiscal y los delegados de la Farc, con presencia del ministro del Interior, Guillermo Rivera, para buscar fórmulas de redacción más exactas. La cita tuvo lugar en la Vicepresidencia el jueves pasado y lograron precisar algunos temas que dejaron relativamente tranquilos a todos. Al menos por ahora, porque hasta que no se conozca el texto redactado, ninguna de las partes tendrá sosiego.

En la reunión quedó claro que las líneas rojas existen para todos los que serán objeto de la JEP y no solo para los exguerrilleros. Quienes se alcen de nuevo en armas o hagan parte de grupos armados organizados o bandas criminales serán considerados reincidentes y perderán los beneficios jurídicos de la JEP, incluida la amnistía. También hubo acuerdo en que solo irán a la JEP los delitos de ejecución continuada cometidos antes del 1 diciembre de 2016, cuando entró en vigencia el acuerdo. Pero sigue habiendo discordia en el periodo de transición. El fiscal considera que hasta que la JEP no entre en funcionamiento pleno, él mantiene intactas las facultades de investigar, imputar o capturar. La Farc dice que una vez aprobado el acto legislativo, la JEP entra en vigencia, y por tanto el fiscal, si bien puede recaudar pruebas, no tiene ya facultad para interrogar o detener a quienes irán a ella.

Que el fiscal y el gobierno hayan encontrado un punto de alineación en materia de la JEP es importante, pero no resuelve uno de los problemas que había surgido frente a este proyecto: la negativa de Cambio Radical a apoyar esta iniciativa. Muchos creían que el presidente le había concedido la razón al fiscal para tratar de alinear a dicha bancada que ya se venía declarando en rebeldía. De nada sirvió, pues, como se sabe, los congresistas no votaron el proyecto, y de paso se oficializó la ruptura de las huestes de Germán Vargas Lleras con el gobierno.

Como este es un tema jurídico tan espinoso y complejo, con implicaciones políticas para todas las partes, la sentencia de la Corte Constitucional que blinda el acuerdo le da al gobierno un espaldarazo para pedirle al Congreso actuar de manera coherente con lo pactado. La decisión de la corte, por ejemplo, hace inocuo el debate propuesto por la precandidata presidencial y senadora Claudia López en el sentido de que los jefes de la Farc no puedan ir al Congreso sin antes haber pasado por la JEP. Esto sencillamente contraviene el acuerdo y, por tanto, no se ajusta a la ley.

Aun así, todavía puede haber sorpresas. Por un lado, el gobierno debe garantizar que el nuevo texto sea preciso y sin ambigüedades, pues la aprobación ya no da espera. Por otro, el asunto de las mayorías en el Congreso se complica no solo porque ahora cada voto es crucial, sino porque parece haber una verdadera operación tortuga, por lo menos en la Cámara de Representantes, donde está empantanado el debate de la reforma política. Pero si esta carrera de obstáculos se supera, a finales de este mes la JEP podría tener ya el piso jurídico para echar a andar, y en buena medida el proceso de paz entraría por fin en materia.