A un paso de que exguerrilleros hagan parte de esquemas de seguridad

El proyecto aprobado este jueves por las comisiones primeras conjuntas de Senado y Cámara autoriza a la Unidad Nacional de Protección para incrementar su planta de personal y sus gastos para reincorporar a 1.200 funcionarios, 1.100 de ellos a la parte de vigilancia, la mayoría de los cuales serán exguerrilleros.

El texto en otras palabras pretende facilitar la posibilidad de que gente que ha estado alzada en armas preste vigilancia a otros miembros de las Farc. De acuerdo con el ponente del proyecto en el Senado, el presidente del Partido Conservador Hernán Andrade, este tipo de servicios ya han sido adoptados en otros procesos de paz exitosos en Colombia, como el que se realizó con el M19.

Puede leer: Una bala perdida que mató a un niño habría podido salir del arma de un escolta de Pastor Alape 

El uribismo se fue lanza en ristre contra el proyecto asegurando que es “impresentable” que a guerrilleros que se están desarmando, el gobierno les entregue nuevamente armas.

“Al Centro Democrático los queremos, los admiramos y respetamos, pero ellos no aceptan absolutamente nada. Este proyecto significa abrirle la posibilidad a que una guerrilla que le ha hecho tanto daño al país, se le amnistíe, se le perdone y olvide, y así pueda reincorporarse a la sociedad”, agregó Andrade.

Esta iniciativa no la ha tenido fácil. Inicialmente, el gobierno pretendió sacarla por decreto, pero la Corte Constitucional señaló que requería el paso por el legislativo porque era un cambio a una ley orgánica. Fue ahí cuando contra el tiempo el entonces ministro del Interior, Juan Fernando Cristo, presentó este proyecto de ley.  

Y la más reciente polémica derivada de la implementación de la paz tocó también la prestación de servicios de vigilancia y seguridad por parte de exguerrilleros. Esta vez el tema se trasladó a Pueblo Viejo, en el municipio de Facatativá, Cundinamarca, el pasado fin de semana.

Allí funciona una academia de seguridad que regula la Unidad Nacional de Protección y que instruye a 315 miembros de las Farc, que ya dejaron sus armas, para formar parte de los esquemas de seguridad de líderes de esa guerrilla. 

En contexto: Corte le da duro golpe al Fast Track 

Pero algunos ciudadanos de esa vereda denunciaron supuestas malas prácticas en el campo de entrenamiento. De inmediato la UNP desmintió la información por medio de un comunicado en el que aseguró que el día en que supuestamente ocurrieron los hechos, los instructores de la UNP y de los miembros de las Farc estaban durmiendo.

“En la Academia, esa noche se estaba clausurando un curso para escoltas internacionales, los cuales no tienen ninguna relación con el programa liderado por la UNP; en desarrollo de este curso, realizaron práctica de polígono nocturno, y posteriormente el personal que asistía al mismo, salió de la academia”, explica el comunicado.

Por ahora, esos 315 hacen parte del primer grupo de exguerrilleros que están pasando los exámenes y pruebas para trabajar como escoltas en conjunto con miembros de la Fuerza Pública adscritos a la UNP.

El proyecto aprobado por las comisiones con 11 votos a favor y 0 en contra en la del Senado, y 22 votos contra 0 en Cámara contempla que son 60 mil millones de pesos lo que le costaría al Estado la reincorporación de ese personal. Solo le resta la aprobación en plenarias conjuntas de Senado y Cámara, pero eso será después del 20 de julio.