Pastrana propone que los jefes de las FARC cumplan sanciones efectivas

El ministro de Defensa, Luis Carlos Villegas, recibió al mediodía de este jueves, de manos del excomisionado de paz Camilo Gómez, el documento con las propuestas diseñadas por el sector del expresidente Andrés Pastrana para salvar e implementar el acuerdo de La Habana, firmado entre el Gobierno y las FARC y rechazado en el plebiscito.

El documento tiene una extensión de diez páginas, hasta el momento el más corto de cuantos ha recibido el Gobierno. Con las propuestas de Pastrana, según el ministro Villegas, el Ejecutivo ya cuenta con todos los documentos de las diferentes vertientes del No en la refrendación. Ahora viene quizá lo más difícil, definir un marco mínimo de consensos.

El documento de Pastrana y su equipo técnico parte de la base de un concepto: “Construir sobre lo construido”. Gómez, el encargado de explicar las propuestas ante los medios de comunicación, primero elogió y rescató la "calidad” del acuerdo de La Habana, especialmente el punto sobre el cese al fuego bilateral y definitivo. “¡Qué acuerdo tan bien jalado!, hay que reconocerlo”, concedió.

La entrega del documento se produjo en la oficina de Pastrana, en el sector de El Nogal, en el norte de Bogotá. El expresidente, fuera del país, coordinó la reunión de su equipo técnico (Camilo Gómez, Jaime Arrubla, Rubén Darío Lizarralde y Miguel Ceballos, entre otros) y aprobó la redacción del texto. Luego, Villegas y Pastrana sostuvieron un diálogo telefónico. El ministro de Defensa, en sus primeras impresiones, señaló que el documento contiene “planteamientos serios que abren muchas posibilidades”.

En el texto, que Gómez hizo público, reconoce los acuerdos en materia de desminado y de salida del conflicto de menores reclutados.

Pero por otra parte, Pastrana traza varias líneas rojas. La primera, declara inaceptable que se sustituya la Constitución, o que el acuerdo de La Habana conduzca a una Constitución paralela.

Para evitar trasgredir esa línea, el equipo técnico del exmandatario propone que las reformas para implementar los acuerdos se adelanten bajo las reglas de juego de la Carta Magna del 91. Eso sí, advierten la inconveniencia, al menos por el momento, de una Asamblea Nacional Constituyente.  

El documento propone la condición a las FARC de entregar todos los bienes en Colombia y el exterior para reparar a las víctimas, y rechaza que se concedan 31 emisoras comunitarias a las FARC una vez desmovilizadas. “No hay que vulnerar al resto de los colombianos”, argumentó Gómez.

El capítulo de justicia, como ocurrió con los lineamientos del sector del expresidente Álvaro Uribe, también es el más grueso del documento de Pastrana. Aunque el texto aclara que las pretensiones no son ver “tras las rejas y con camisas a rayas” a los jefes de las FARC.

Mantiene la Jurisdicción Especial de Paz (JEP), pero articulada con la justicia ordinaria, a través de la Corte Suprema de Justicia, que sería la segunda instancia. Además le pone límites en el tiempo. La JEP, según Pastrana y su equipo, sólo podría abrir expedientes durante los dos años siguientes al momento de la implementación, y los procesos que lleguen después serán trasladados a la justicia ordinaria.

La Corte Suprema, según la propuesta, se encargará también de elegir a los magistrados de la JEP, de una lista de candidatos propuestos por el Gobierno y las FARC.

Otra línea roja que traza el documento de Pastrana es no tocar el principio de la cosa juzgada, y propone que la JEP no pueda revisar sentencias de la justicia ordinaria, salvo en casos de dar tratamientos más favorables a las penas.

Propone que todos los jueces de la JEP sean colombianos, para no “sacrificar la soberanía judicial”. Pero plantea introducir la figura del amicus curiae, que permite la participación de terceros, incluso extranjeros, quienes pueden formular observaciones dentro de un proceso o hacer veeduría técnica en un juicio. Tendrían voz, pero no voto. 

Frente a las penas, el equipo técnico de Pastrana propone la definición trazada por el Estatuto de Roma, en que la reclusión no será con barrotes, sino con “limitación de la movilidad”. Propone sitios de reclusión unas zonas rurales, que denominan de “transición”, y en casos excepcionales las penas podrían ser cumplidas en el exterior, tal como lo prevé dicho tratado internacional.

El documento coincide con el de La Habana en que las penas privativas de libertad se apliquen a quienes no cuenten toda la verdad.

Pastrana pide eliminar la conexidad del narcotráfico con el delito político y para ello propone que, de manera prioritaria y en desarrollo de la obligación con la verdad, las FARC entreguen en un plazo de seis meses toda la información disponible sobre rutas, contactos extranjeros y nacionales, compradores y vendedores de coca, marihuana y opio, ubicación de laboratorios, rutas de ingreso de insumos, compra de armas y en general toda la información que tenga utilidad para luchar contra el problema mundial de tráfico de sustancias ilícitas y contra el tráfico de armas.

Camilo Gómez, al entregarle el documento a Villegas, lo definió como serio y sensato, y por eso cuestionó las declaraciones de los ministros María Ángela Holguín (canciller) y Juan Fernando Cristo (Interior), quienes en su criterio están haciendo campaña política al asegurar que los sectores del No están dilatando el Diálogo Nacional por la Paz abierto tras el plebiscito. A primera vista, el documento del grupo de Pastrana sorprende gratamente por el espíritu de “construir sobre lo construido en la Habana”.