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| 6/27/1983 12:00:00 AM

ACUSACION Y DEFENSA

SEMANA ha intentado resumir este complejo proceso de los Fondos de Inversion, recopilando las versiones que dieron voceros de cada una de las partes.

¿Qué son los Fondos de Inversión? Un portafolio de títulos valores que representa la cantidad de dinero que un inversionisa ha entregado a un intermediario financiero, con el fin de que este último invierta ese dinero en acciones y diferentes valores que autoricen la ley o la Comisión Nacional de Valores. Los dividendos o intereses que éste obtenga son redistribuidos entre los ahorradores de acuerdo con el número de unidades (o número de títulos, si se quiere) de inversión que se hayan suscrito para el público. Los valores de las unidades pueden bajar o subir dependiendo de la evolución de los precios de las acciones que contengan, y el inversionista puede ganar o perder según las fluctuaciones del mercado.
En los Fondos de Inversión se distinguen la Sociedad Administradora y el Fondo como tal. En el caso que se está debatiendo, la Sociedad Administradora "Graninversión S. A. " del Grupo Grancolombiano manejaba hasta 1980 los fondos "Bolivariano" y "Grancolombiano". A partir de ese año el gobierno sólo permite que esas sociedades administren un sólo fondo de inversión.
Los intermediarios tienen la responsabilidad de invertir los activos que integran el fondo, buscando tanto buenas condiciones de rentabilidad como la máxima seguridad y valorización posible, para lo cual se ha establecido la necesidad imperiosa de la diversificación de la inversión, esto es, que la compra de acciones se realice sobre un número amplio de empresas; de ahí que el gobierno haya fijado un límite del 10% como proporción máxima que pueden invertir los fondos en acciones de una misma empresa.

LA ACUSACION
En los años de 1978 y 1979, el Grupo Grancolombiano realizó una serie de transacciones en la Bolsa de Medellin con acciones de dos compañías pertenecientes a él, la "Granfinanciera S.A." y "Pronta", en las cuales los fondos "Bolivariano" y "Grancolombiano" habían invertido en acciones los recaudos percibidos de los inversionistas particulares. La acusación radica en que estas transacciones se realizaron entre empresas pertenecientes al Grupo, elevándose así el precio de las acciones. Esto habría sucedido en la medida en que en cada operación de venta, las empresas iban incrementando el precio de la acción, toda vez que vendedor y comprador pertenecían al mismo conglomerado financiero. De ser así, el precio no sería el reflejo de la tendencia del mercado, es decir, de la interacción natural de la oferta y de la demanda. Así, de $36 en que se cotizaba la acción de la compañia "Granfinanciera S.A." en noviembre de 1978, pasó a $ 88 un año después; de igual forma sucedió con "Pronta", cuya acción subió de $10 en julio de 1978 a $ 30 en junio de 1979-1O que equivale a un incremento del 144% y 200% respectivamente.
Automaticamente se producía una elevación de los valores de los Fondos, que además habían participado en la comercialización mencionada. Con esto se mostraba la buena rentabilidad que lograban estos intermediarios y consecuentemente se hacían atractivos para nuevos inversionistas particulares que confiaban sus ahorros.
Meses más tarde, los Fondos vendían sus acciones en "Pronta" y "Granfinanciera S. A." a otras empresas del Grupo. Con el producto de esta venta irían a comprar acciones en las compañías Nacional de Chocolates, Cine Colombia, Cementos Argos, Simesa y Noel, a través de 46 operaciones, 42 de ellas realizadas entre empresas del mismo Grupo, a precios que, según la Comisión de Valores, habrían sido inflados artificialmente para fijar el valor de las acciones en el punto más alto que jamás habían alcanzado.
Durante el mes de marzo, los Fondos vuelven a vender estas mismas acciones al Grupo a precios sustancialmente inferiores que, según la Comision de Valores fueron también fijados ficticiamente.
Así, por ejemplo, por una venta que podría ser considerada insignificante de 7.525 acciones de la Compañía Nacional de Chocolates a $ 50, se lograba bajar su precio de $ 81.50 en casi un 39 por ciento. Estas transacciones eran realizadas por personas que no tenían acciones en esa compañia, como fue el caso de Maria Mayorga, quien se desempeña en las labores domésticas, y que, obviamente, carecía de capacidades económicas para ser accionista.
El Grupo compra a los Fondos casi diez millones de acciones al precio de $ 50, complementando cerca de 25 millones de acciones de la compañía mencionada, lo que se conoce como operación de "toma de poder". En todas estas operaciones se violaba una disposición legal que prohibe que los fondos inviertan sus recursos en la compra de más de un 10% de las acciones de una misma compañía.

LA DEFENSA
Se afirma que las acciones, de "Pronta S.A." y "Granfinanciera S.A." experimentaron fuertes incrementos en sus cotizaciones bursátiles a lo largo de un año, afirmación hecha en forma tal que parecería que los casos son únicos e insólitos. Acciones de otras sociedades que han sido inscritos en mercados públicos de valores, también experimentaron aumentos similares y aún muy superiores, sin que ello sorprenda.
Entre otras razones, el fenómeno válidamente obedece a la buena posición económica, su bajo endeudamiento, sus proyectos de ensanche, sus perspectivas a corto y largo plazo, etc., situaciones que cada vez se afirman y consolidan más. En resumen, su cotización bursatil cada vez tendia a acercarse más a su propia calidad económica. Basta observar el desarrollo del valor patrimonial de cada una de ellas. Es por todo lo anterior que no tiene por qué sorprender a nadie que la cotización de una acción aumente en forma sostenida cuando es el reflejo del buen éxito de las respectivas empresas. Dentro de los criterios de inversión de todo buen administrador prima ante todo la situación económica y perspectivas futuras que ofrecen las distintas sociedades. A este criterio obedecieron las decisiones de los administradores de los fondos y de ahi los magnificos resultados mostrados en los años 78 y 79. A pesar de lo anterior, los Fondos que poseían en sus portafolios acciones que podrían calificarse de óptima inversión, iniciado el año de 1980 vendieron parte de ellas. La razón fue la de sustituir sus princinpales activos financieros por otros de carácter industrial, no sin motivos, sino previendo una futura e inminente dificultad en su perjuicio. Rumores de la expedición próxima de un nuevo régimen, cual fue el decreto 384 de febrero 22 de 1980, asociadas a comentarios hechos en diversos foros por funcionarios supuestamente autorizados, anunciaban la prohibición para los Fondos de poseer acciones de empresas del sector financiero y condicionaban su adquisición a las decisiones que en cualquier momento tomara la CNV. Esto llevó a la sustitución de los valores, no sin antes realizar concienzudos estudios técnicos de evaluación para tomar la decisión más acertada. Se expide el decreto y los medios de información interpretan su contenido y alcance en forma tal que se presenta incertidumbre y expectativa en un mercado de valores tan sensible como el nuestro.
Los medios destacan la prohibición de poseer determinadas acciones y concluyen que habrá obligación de venderlas. Noticias como éstas desestimulan el mercado, ocasionando descensos en las cotizaciones y por tanto en los Fondos. Entonces se habla de la "crisis en los Fondos" y se presenta un pánico entre sus suscriptores. Los Fondos entran en etapa de necesidad de gran liquidez para cancelar sus pasivos, cada vez más grandes, fruto de las masivas solicitudes de reintegros. Para conseguir liquidez hay que vender activos, activos que ya habían sido afectados por las desvalorizaciones, y se decide venderlos procurando no provocar en los medios bursátiles sobre-ofertas que afectarían aún más las cotizaciones, ventas en todo caso hechas con base en los precios oficiales del mercado. Irónicamente, durante el transcurso de los días siguientes, los precios bajaron aún más, pero ya no podían continuar afectando a los fondos.


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