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| 9/30/1996 12:00:00 AM

¡ACUSADO!

Por primera vez en la historia de Colombia, la Justicia ordena detener a un general de tres soles, Farouk Yanine Díaz, por su presunta participación en una de las peores masacres de la guerra sucia.

La semana pasada el general Farouk Yanine Díaz, retirado desde hace tres años de las Fuerzas Armadas después de haber sido uno de los comandantes más destacados del Ejército, recibió una ingrata visita. Un funcionario colombiano llegó a Washington, donde vive hoy el general, con la misión de notificarle la existencia de una orden de captura en su contra, expedida por la Fiscalía el 25 de julio pasado. La disposición de la Fiscalía constituye la medida judicial más grave que se haya dictado contra un general, en la historia contemporánea de Colombia. Tan grave como la acusación: el general Yanine fue vinculado por la Fiscalía al proceso que adelanta por la matanza de 19 comerciantes santandereanos, asesinados el 6 de octubre de 1987, en el Magdalena Medio. Según varios testimonios recogidos por los investigadores y en particular el de un suboficial cercano al general, quien declaró sin reserva de identidad ante la Fiscalía, los paramilitares acusados de ser los autores materiales de la masacre habrían contado con la anuencia y el respaldo de Yanine, quien era entonces comandante de la Segunda División del Ejército con sede en Bucaramanga. De acuerdo con uno de los testimonios incorporados al proceso, al principal autor material de la masacre, Alonso de Jesús Baquero Agudelo, alias 'Vladimir', le habrían entregado 200 millones de pesos para perpetrar la matanza y miembros de la Segunda División del Ejército habrían informado a los paramilitares del itinerario del desplazamiento de la caravana de los comerciantes. SEMANA trató de consultar la reacción del general Yanine ante su vinculación al caso, pero no pudo comunicarse con él en Washington, donde se desempeña actualmente como profesor en la Escuela Interamericana de Defensa.
Atando cabos
La historia comenzó cuando los 19 hombres, curtidos negociantes de electrodomésticos y otros artículos, desaparecieron en el corazón del Magdalena Medio, sin dejar rastro. No era la primera vez que se adentraban en el corazón del país. Durante muchos años habían recorrido una y otra vez los caminos que unían al nororiente con el centro, llevando mercancías. Sin embargo, los hombres nunca llegaron a la capital antioqueña. En ese entonces se tejieron numerosas versiones sobre su desaparición. Algunos la atribuyeron a sus supuestos vínculos con redes de contrabandistas, otros más a los frentes guerrilleros de las Farc que por entonces operaban en el Magdalena Medio y hubo quienes se atrevieron a mencionar la posibilidad de que fueran los grupos de paramilitares que se habían organizado en la zona para combatir esa guerrilla y que por entonces estaban empezando a tomar fuerza. Sin embargo, ni la Procuraduría, ni las autoridades que iniciaron la investigación pudieron encontrar evidencias suficientes para acoger una u otra hipótesis. Sólo cuatro años después salieron a la luz pública los primeros indicios de la suerte que habrían corrido los comerciantes. Un informe confidencial emitido por los organismos secretos del Estado y publicado en el periódico Vanguardia Liberal el 6 de octubre de 1990 sindicó a los paramilitares del Magdalena Medio de ser los autores del múltiple secuestro y posterior asesinato de los negociantes. El documento, basado en las informaciones suministradas a las autoridades por un oficial retirado del Ejército que estuvo al servicio de los paramilitares, aseguraba que los 19 comerciantes habían sido secuestrados por un grupo de hombres, incluidos algunos militares, encabezado por el comandante de las autodefensas del Magdalena Medio, Henry de Jesús Pérez. Según el informe, los negociantes -acusados de ser auxiliadores de la guerrilla- habrían sido asesinados en la finca El Diamante de propiedad de la familia Pérez y posteriormente arrojados al río Magdalena en el sitio conocido como Palo de Mango, en el Magdalena Medio santandereano. Casi seis años tardaron las autoridades en corroborar la historia del oficial retirado del Ejército. Por fin, el 29 de enero de este año, la Fiscalía General de la Nación cerró parcialmente el proceso número 087 dictando orden de captura contra Nelson Lesmes Leguizamón, Carlos Yepes Londoño, Marceliano Panesso Campo y Wilson Pérez Durán, hijo menor de Henry de Jesús Pérez, a quienes acusó de secuestro extorsivo, homicidio agravado y conformación de bandas sicariales. Los cuatro hombres, todos integrantes de las autodefensas del Magdalena Medio, fueron llamados a juicio el 7 de marzo de este año y se encuentran actualmente detenidos. En desarrollo de la investigación, la Fiscalía vinculó finalmente al proceso a 'Vladimir', uno de los personajes más conocidos y temidos durante las épocas duras de la guerra en el Magdalena Medio, por sus actuaciones dentro de los grupos paramilitares (ver recuadro). Vladimir, actualmente detenido y condenado a 30 años de cárcel por la masacre de La Rochela, fue definitivo en la investigación. El 30 de abril de este año, decidió acogerse a la sentencia anticipada y contar detalladamente cuál había sido su participación dentro de la operación de secuestro y posterior asesinato de los comerciantes santandereanos. A partir del testimonio de Vladimir, la Fiscalía se dedicó a corroborar y confrontar las distintas versiones que tenía de los hechos. Para ello, se puso en la tarea de recorrer cárcel por cárcel y hablar con quienes ya estaban vinculados al caso. Como resultado de estas pesquisas dictó orden de captura contra Luis Alberto Arrieta Morales y Otoniel Hernández Arciniegas, actualmente detenidos, y contra Robinson Gutiérrez, Jaime Iván Galvis Brochero, Waldo Patiño García y Oscar Echandía Sánchez quienes están siendo procesados como reos ausentes. Echandía, mayor retirado del Ejército, fue alcalde militar de Puerto Boyacá en esa época, y actualmente se encuentra en Estados Unidos indocumentado. La Fiscalía también encontró méritos suficientes para dictar el 25 de junio pasado orden de captura contra el coronel Hernando Navas Rubio, de quien conoció la opinión pública en 1992, por estar al frente de la Dirección Nacional de Prisiones cuando se fugó Pablo Escobar. En la época de la masacre, Navas estaba adscrito a la XIV Brigada del Ejército con sede en Puerto Berrío, la cual -según los investigadores- habría constituido en ese entonces el escenario de una macabra alianza entre Ejército, narcotraficantes y paramilitares. Finalmente, el 25 de julio, la Fiscalía dictó el auto de detención contra el general Yanine, basada en los testimonios de 'Vladimir', del suboficial del Ejército que declaró sin reserva de identidad y por seis medios probatorios más que comprometen al alto oficial. En sus pesquisas los investigadores encontraron serios indicios de que el general Yanine habría sido uno de los mayores auspiciadores de los grupos paramilitares del Magdalena Medio, los cuales habrían contado con la anuencia del oficial para llevar a cabo el operativo que terminaría con el secuestro y el asesinato de los 19 comerciantes. Aparentemente, el móvil de la masacre habría sido castigar ejemplarmente a las víctimas, a quienes los militares acusaban de proporcionar a la guerrilla armas provenientes del ejército venezolano, que adquirían en la frontera.

General tropero
Pero ¿cómo es posible que un general de tres soles, que precisamente por esa época era considerado por sus colegas como un héroe, esté hoy ad portas de un juicio por participar en una de las peores masacres que recuerde el país? Sin duda alguna, las primeras responsables de la guerra sucia que se desencadenó en el Magdalena Medio colombiano a partir de la década de los 80 fueron las Farc. Fueron ellas las que convirtieron a una de las regiones más ricas y tranquilas del país en una zona donde ganaderos, agricultores, comerciantes y campesinos sucumbieron ante el terror por la mano inclemente de la guerrilla. Secuestros, extorsiones, asesinatos, hicieron del paraíso que fuera el Magdalena Medio, un verdadero infierno. Cuando el general Farouk Yanine llegó a la región, a principios de los 80, como comandante de la XIV Brigada con sede en Puerto Berrío, trató de desarrollar una estrategia integral contra la subversión, involucrando a la población civil. Esa estrategia, aparentemente con fines pacificadores, pronto se convirtió en una poderosa arma cuya mayor munición eran la rabia y la desesperación generadas en los habitantes de la zonapor las acciones de la guerrilla. Amparado en un decreto dictado en 1960 por el cual se permitía a los comandantes militares entregar armas de largo alcance a campesinos organizados en grupos y debidamente inscritos ante las autoridades, Yanine apoyó legalmente los llamados grupos de autodefensa campesina. Con ellos, el general consiguió quitarle a la guerrilla vastas zonas del Magdalena Medio, y se convirtió prácticamente en un mito (ver recuadro). El éxito logrado por Yanine lo hizo merecedor al ascenso a comandante de la Segunda División del Ejército. Para ese entonces, sin embargo, los grupos de autodefensa concebidos como un mecanismo pacificador, habían iniciado sus conexiones con los narcotraficantes recién llegados a la región en busca de tierras. La guerra intestina entre guerrilleros y paramilitares y más tarde entre los carteles del narcotráfico hicieron del Magdalena Medio el escenario de sofisticados campos de adiestramiento para sicarios y mercenarios que eran entrenados por expertos extranjeros. De esa nefasta alianza surgió el narcoparamilitarismo, que en poco tiempo sembró un régimen de terror igual o peor al que habían sembrado las Farc y que se convirtió en el responsable de docenas de masacres que, como la de los comerciantes santandereanos, permanecieron inexplicadas por años. En este marco se produjeron los hechos que condujeron a dictarle la orden de captura al general Farouk Yanine, a quien -sin duda alguna- le tocó vivir en el campo de batalla la época más dura de esta guerra.

¿Política de Estado?
Aunque el proceso judicial aún no ha concluido y falta oír los descargos y las pruebas de la defensa, el acervo testimonial y probatorio en contra de Yanine es muy grave. Si el oficial retirado no logra desvirtuar las acusaciones en su contra, el historial de quien fuera considerado por muchos un gran general quedará manchado. Pero no sólo el suyo. En el campo internacional, donde Colombia está en la mira de numerosas organizaciones por las frecuentes violaciones a los derechos humanos que se realizan en el país, este caso producirá dos efectos contradictorios. El primero es que, de confirmarse una condena, al gobierno le quedará muy difícil seguir sosteniendo la tesis de que las violaciones a los derechos humanos producidas en Colombia durante las últimas décadas son producto de hechos aislados y no de una política de Estado que involucra a los altos mandos militares. Pero a la vez, la opinión internacional tendrá que reconocer que en Colombia no hay intocables y que la justicia está dispuesta a investigar los delitos en materia de derechos humanos hasta sus últimas consecuencias, llegando incluso hasta la vinculación y captura de un prestigioso general de tres soles. En el frente interno, sin embargo, el caso puede tener efectos complejos y delicados. Sin duda alguna, la noticia de la orden de captura agravará la ya deteriorada relación entre la Fiscalía y el alto mando, en un momento particularmente difícil de las relaciones entre el estamento militar y la sociedad civil. A la renuencia del Ejército a acatar un fallo de tutela de un juez, se sumaron la semana pasada las imágenes de uniformados disparando contra los cultivadores de coca en el Caquetá y golpeando campesinos y camarógrafos, que los ciudadanos vieron con estupor mientras un comandante del Ejército negaba insistentemente que estuvieran ocurriendo tales hechos (ver artículo siguiente). Estas circunstancias hacen prever un ambiente de altísima tensión en torno del proceso contra el general Yanine y dificultan sin duda alguna la posibilidad de hacer pronósticos sobre si finalmente se terminará por hacer justicia en un episodio que puede significar la luz que los colombianos han esperado durante años para hacer claridad sobre lo que sucedió en una de las épocas más oscuras y sangrientas de la historia del país.

De héroe a villano
El general Farouk Yanine Díaz es una leyenda en el interior de las Fuerzas Armadas. Muchas historias se tejieron a lo largo de sus 36 años de servicio en el Ejército. Considerado como uno de los generales más 'troperos' de la línea de mando, enfrentó duras batallas contra la subversión. Se ganó el aprecio y el respeto de sus compañeros de armas porque nunca fue un oficial de escritorio. Muchos lo recuerdan empuñando las ametralladoras de los helicópteros en las montañas de Santander para combatir sin descanso a la guerrilla. Esa pasión de guerrero andariego la heredó de su padre, un palestino que combatió en los desiertos al lado del legendario Lawrence de Arabia en la cruzada que libraron los árabes para liberarse del dominio turco. Pero su familia echó raíces en el municipio de Gramalote, Norte de Santander. Allí nació hace 59 años y como buen santandereano siempre le ha gustado llamar las cosas por su nombre. Como oficial del Ejército ocupó varios de los más importantes cargos en la línea de mando. Los últimos de ellos fueron la comandancia de la II división con sede en Bucaramanga, la dirección de la Escuela Militar, la inspección de las Fuerzas Militares y el subcomando del Ejército. La gran frustración del general Yanine Díaz fue el no haber ocupado el puesto de comandante del Ejército. Un cargo con el que siempre soñó, pues él consideraba que llenaba todos los requisitos para el cargo: general de tres soles, cientos de condecoraciones por su lealtad y trayectoria. Como preámbulo de su retiro el gobierno de Gaviria lo envió a Estados Unidos como agregado militar de la embajada en Washington.
La mano negra
El nombre de Alonso de Jesús Baquero Agudelo, más conocido como 'El Negro Vladimir', comenzó a estar en boca de las autoridades en agosto de 1989, unas semanas después de la horrenda masacre de La Rochela. Por ese entonces tenía 26 años y era acusado por los organismos de inteligencia de ser el autor de varias de las masacres que se perpetraron en el Magdalena Medio santandereano. De acuerdo con las autoridades, 'El Negro Vladimir' ingresó a la subversión cuando apenas tenía 11 años. Allí lo primero que aprendió fue las tácticas de la guerra de guerrillas y el transporte de correo y armamento entre los distintos frentes guerrilleros. También hizo parte del grupo Juventud Comunista en el Magdalena Medio. Cuando cumplió 18 años ingresó de lleno a las Farc donde alcanzó el grado de comandante. En las Farc conoció a una humilde campesina con la cual se casó. Ella jugó un papel decisivo para que Vladimir abandonara el grupo subversivo y cambiara abruptamente su vida. De ser un jefe guerrillero pasó a ser un jefe paramilitar. La explicación que siempre dio fue que pudo más el amor por su esposa y su pequeña hija que la causa revolucionaria. Con el tiempo se convirtió en uno de los hombres protegidos y mimados de los paramilitares del Magdalena Medio. Junto con el ex alcalde de Puerto Boyacá, Luis Rubio, comandó varias de las cuadrillas de campesinos que luchaban contra la subversión. Dentro de los paramilitares era conocido con el alias de 'Rambo' y 'Lenin'. Posteriormente pasó al servicio de José Gonzalo Rodríguez Gacha, cuando éste se adueñó de Puerto Boyacá. 'Vladimir' llegó a ser el hombre de confianza de El Mexicano y uno de los alumnos más aventajados que tuvo Yair Klein dentro de su selecto grupo de mercenarios, quienes llegaron a convertirse en el brazo armado del cartel de Medellín.
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