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| 6/13/2013 12:00:00 AM

Acusan oficiales por seguir ilegalmente a congresista

Entre las pruebas contra los militares retirados están seguimientos a sindicalistas de Emcali.

Nueve años después de que el entonces representante a la Cámara Alexander López Amaya denunciara un plan para asesinarlo junto a otros congresistas y en el que se incluían integrantes del sindicato de las empresas municipales de Emcali, la Fiscalía decidió que tres oficiales retirados deben responder por el hecho.

Entre los seguimientos se encontraban Berenice Celeyta Alayón (de la organización de Derechos Humanos ‘Nomadesc’) y miembros de la CUT seccional Valle.

Según pudo establecer Semana.com el ente acusador decidió dictar resolución de acusación contra el teniente coronel Julián Villate y los mayores Marco Fidel Rivera Jaimes y Hugo Alfonso Abondano. Así mismo contra el ciudadano Hubert de Jesús Botello Duarte. Este último fungía para la fecha de los hechos como gerente de la empresa Consultora Integral Latinoamericana (CIL).

De acuerdo a lo dicho por el hoy senador López, en el momento de poner de presente a las autoridades su caso, a él le llegó la información de que estarían realizándole seguimientos e interceptaciones para acabar con su vida.

En ese entonces López señaló a Villate como el responsable del hecho. De allí se desprendieron las labores investigativas que le permitieron inferir a las autoridades que los militares estarían vinculados con los planes de atacar a quienes hacían acompañamiento y asesoría a los sindicatos en la ciudad de Cali.

Para la Fiscalía es claro que Villate y Rivera no tenían autorización para adelantar labores de inteligencia. Este primero en su defensa ha argumentado que lo sucedido hizo parte de una asesoría para la que fue contratado y que buscaba ver el riesgo sociopolítico que estaba presentando Emcali, labor que practicó estando adscrito a la Escuela Superior de Guerra en Bogotá y no a la tercera Brigada como lo ha manifestado. Mientras Rivera, es señalado de buscar información confidencial que solo se podía hacer con orden de la autoridad competente.

De Abondano se conoce que como gerente general de Seracis Ltda. y socio de CIL Ltda. tenía autorización para prestar seguridad privada, pero no podía hacer estudios de riesgos sociopolíticos.

Botello y Abondano según la Fiscalía eran socios. Los dos, junto con Villate y Rivera buscaron presuntamente limpiar cualquier obstáculo hacia la privatización de Emcali y de paso sacar del camino sus más grandes opositores como eran los sindicatos. En su labor estaría el desprestigiar y lograr judicializar a los dirigentes de las organizaciones. Incluso, tendrían la intención de ‘eliminarlos’.

Específicamente contra Alexander López, supuestamente, estaba planeado al parecer, acabar con su carrera política y de ser necesario terminar con su vida.  

En la decisión de la Fiscalía también se ordena la captura de los implicados a quienes se les concede el beneficio de detención domiciliaria, mientras un juez especializado de Cali, deberá asumir su juicio, esto siempre y cuando la determinación no sea apelada.

En la investigación pese a que también se había incluido el delito de violación de los derechos de asociación y reunión, dicha conducta fue excluida pues prescribe siete años después de los hechos.

En su decisión la Fiscalía también precluyó el proceso a favor de otros dos señalados por este caso: Germán Huertas y Carlos Potes. La razón, no se encontró evidencias suficientes en su contra.

Llama la atención que el caso es seguido de cerca dentro de la certificación que entrega Estados Unidos a Colombia en materia de Derechos Humanos, al igual que por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.
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