Jueves, 8 de diciembre de 2016

| 1986/01/13 00:00

ADIOS AL BUEN GENIO

El caso de Juan Guillermo Ríos pone en evidencia que en el tema de la prensa hay mar de fondo

ADIOS AL BUEN GENIO

Como sucede cada vez con más frecuencia en Colombia, la prensa acaba de convertirse nuevamente en protagonista de la noticia. Amenazas anónimas, atentados contra periodistas, advertencias militares, allanamientos, amagos de censura económica. Una carta de protesta elevada al presidente Betancur por dos centenares de periodistas coincidió con el allanamiento militar a la casa de su colega Olga Behar, con la puesta en guardia de las autoridades militares a los periodistas que cubrían los sangrientos sucesos de la toma de Siloé, en Cali ("cuidadito con lo que escriben"),y con la exigencia del ministro de Defensa al Noticiero de las Siete de la televisión de que rectificara una información sobre el Hospital Militar.
La tormenta había empezado de modo burocrático, con una circular administrativa del presidente de la Andi, Fabio Echeverri Correa, a los afiliados de la Asociación. En ella los instaba a que, antes de anunciar en los medios de comunicación, se cercioraran de que éstos tenían una posición correcta frente a las instituciones democráticas. El tema fue creciendo.
Algunos editorialistas y columnistas, especialmente en El Tiempo, aplaudieron a Echeverri. Otros protestaron por considerarla una tentativa de censura de prensa ejercida por los anunciadores, y recordaron el estrangulamiento de El Espectador por el Grupo Grancolombiano. El Círculo de Periodistas de Bogotá afirmó en un comunicado: "No es la Andi la entidad llamada a constituirse en el tribunal de honor de la prensa colombiana". Y la ministra de Comunicaciones, Nohemí Sanín, terció criticando a Echeverri en una carta en que expresaba su "honda preocupación sobre ese tipo de procedimiénto, que si es colectivo puede llevar a la censura económica de la prensa". Aunque en opinión de muchos el episodio más inquietante de todo esto lo constituye el allanamiento a Olga Behar, autora de "Las guerras de la paz", por el cual el propio Presidente pidió disculpas en nombre del gobierno y de las Fuerzas Militares, la verdad es que la censura ya tenía nombre propio. Numerosos anunciadores habían retirado su pauta del Noticiero de las Siete, y desde El Tiempo el columnista D'Artagnan explicitaba los motivos denunciando la "familiaridad con el M-19" de Juan Guillermo Ríos y señalándolo abiertamente como "vocero de los alzados en armas". Desde hacía ya meses, en el noticiero, los periodistas recibían amenazas anónimas de muerte, sufragios de difuntos y pequeños ataúdes simbólicos. Inravisión lo bombardeaba por su parte con multas por excesos de tiempo mientras que protestaba por las repetidas violaciones a los reglamentos de la television: un millón doscientos mil pesos en los últimos meses, y la advertencia de que de continuar así las cosas "se vería en la penosa necesidad de reconsiderar la adjudicación del espacio". De modo que la programadora dueña del noticiero, Programar, decidió el 6 de diciembre cortar por lo sano y destituir como presentador y director a Ríos. El cual se apresuró a denunciar en un comunicado que era víctima de una persecución política: "Mi cabeza la exigían el gobierno, la Andi y un sector de los anunciadores", aseguró el periodista.
Hasta ahí, normal. En Colombia lo habitual es que todo perseguido diga que lo es por motivos políticos, desde jefes electorales como Alberto Santofimio hasta narcotraficantes como Carlos Lehder, pasando por financistas como Roberto Soto Prieto, que acaba de librarse de la extradición alegando ese argumento. La diferencia está en que esta vez no lo dijo sólo el afectado, sino que con él coincidieron numerosos comentaristas de la prensa nacional: Daniel Samper, María Teresa Herrán, Antonio Caballero, Alberto Aguirre, María Jimena Dussán, Alfredo Vásquez Carrizosa, aunque, curiosamente, ningún periódico editorializó al respecto. Hubo una carta de protesta de los periodistas del noticiero Promec y un comunicado indignado de la Unión Patriótica. Y de la noche a la mañana Juan Guillermo Ríos, "el hombre del buen genio", según unos, o "el abominable hombre de las siete", según otros, quedó convertido en mártir de la democracia.
A regañadientes, la verdad sea dicha. La mayor parte de sus defensores asumieron la tarea con notable distanciamiento e inclusive disgusto por el personaje, dejando muy en claro que no luchan por él, sino por el principio de la libertad de prensa.
"Detesto el estilo periodístico de Juan Guillermo Ríos--escribió Samper en El Tiempo--pero destesto más que sea la Andi la que diga qué es bueno y qué no lo es en materia de prensa en este país". María Teresa Herrán, en El Espectador, critica esa posición de atacar los chalecos o las muecas del presentador, afirmando que lo que está detrás es el poder de las dinastías políticas (Felipe López Caballero es presidente de la junta de Programar). Enrique Santos Calderón, finalmente, resumió el tema en su columna de El Tiempo señalando que, aunque "la forma como se produjo su salida permite que Juan Guillermo Ríos aparezca como una víctima de la censura de prensa", la verdad es que no lo es, sino más bien una "víctima de su propia arrogancia", y debía haber salido del noticiero hace mucho tiempo, y por razones mucho menos ambiguas. El consenso general, en resumen, es que Rios debía salir. Pero no ahora.
Debía salir. Santos Calderón enumera los motivos: "Difícilmente se puede ser el presentador número uno de la televisión colombiana y estar al mismo tiempo en plan de líder populista, deformando totalmente su condición de informador, violando continuamente las normas de Inravisión editorializando y calificando noticias y, en general, degradando el nivel del periodismo televisivo. Pero sobre todo no se puede ser una especie de símbolo nacional y estar simultáneamente "sub judice" por presuntos intentos de soborno a la aduana, ni convertirse en una persona temida en círculos privados y diplomáticos por su capacidad para amenazar y chantajear con su noticiero. No se puede, en fin, sermonear todas las noches a millones de compatriotas, dar consejos de buena conducta y lecciones de comportamiento, y tener al mismo tiempo un enorme rabo de paja".
Para la programadora, que había mantenido a Ríos en su puesto a pesar de su "rabo de paja", de su "buen genio", del problema de la aduana y de su tendencia a editorializar, los motivos del despido eran otros: las crecientes multas de Inravisión, la disminución de la pauta publicitaria (pese a que el noticiero seguía teniendo el rating de audiencia más alto de toda la televisión), y las amenazas de atentados, son los que alega. Detrás de eso había además la amenaza de Inravisión de privarla del espacio: y aunque a Rios pueda convenirle ser "mártir de la libertad de expresión", a su programadora no. Lo cual es apenas normal, puesto que se trata de una empresa capitalista y no de una orden misionera.
Pero Juan Guillermo Rios no debía salir del noticiero en este momento, cuando se ejercen tantas y tan variadas presiones sobre la libertad de prensa y su salida parece obedecer a ellas. "Motivos políticos", insiste Rios, y con él muchos de sus defensores, disfrazados tras las alegaciones formales de la programadora. Y es obvio, por lo demás, que si existen las razones formales es porque son creadas por las circunstancias políticas. Si disminuye la pauta, es porque los anunciadores piensan que el noticiero es dañino para sus intereses de fondo, aunque sea el de mayor rating.
Si hay multas por violación de los reglamentos, es porque Inravisión piensa que ha llegado el momento de hacerlos respetar. Si hay amenazas contra los periodistas del noticiero, es evidentemente por razones políticas, y no administrativas.
Y es que, en fin de cuentas, Rios no sólo ha sido víctima de sus propios defectos, que le han valido demasiados enemigos simultáneos, sino sobre todo del proceso de paz de Betancur, y de su fracaso, cuya primera consecuencia ha sido la interrupción de la apertura informativa. Porque Rios no era, como lo acusa D'Artagnan con frivolidad aterradora, un "vocero de los alzados en armas", ni mucho menos. Entrevistas con jefes guerrilleros han aparecido en todos los noticieros de la televisión, para no hablar de la radio y de la prensa. Ni era tampoco un enemigo del sistema, como parece creerlo la Andi, o el único que, como afirma Alberto Aguirre en El Mundo de Medellin, "se limitaba a informar con alguna objetividad en medio de la universal lambonería y el universal ocultamiento": en muchos otros programas y espacios de televisión se han visto informaciones y denuncias sobre temas sociales como las que se veían en el Noticiero de las Siete. Y el mero hecho de que tantas voces hayan salido en su defensa, muestra que no era "el único espacio democrático" de los medios de comunicación colombianos, como lo pretenden algunos. El problema, más que de Rios, es del mal ambiente que se respira en los últimos tiempos en el campo del orden público: no está el palo para hacer cucharas. Una de las cosas que se le reprochan con vehemencia lo muestra: el sobretiempo de casi media hora dado al Procurador. Si se lo hubiera dado al ministro de Defensa, ¿habrí las mismas protestas?
Y finalmente, hay otro aspecto fundamental: que su noticiero no era de prensa, sino de televisión, en la cual imperan reglas muy distintas y más restrictivas que en el periodismo escrito, no sólo en Colombia sino en el mundo entero. Como señala Santos Calderón, se trata de "un espacio que, en última instancia, pertenece al Estado y es financiado por las grandes empresas privadas. Doble circunstancia que puede constituir una limitación estructural a la libertad de prensa. Pero que existe desde siempre, y que Ríos parece haber olvidado en una actitud de olímpica arrogancia o de narcisismo suicida".
Con la salida de Juan Guillermo Rios del Noticiero de las Siete el episodio no termina, sin embargo. Y justamente esto basta para dejar en claro que no se trata de un caso individual de martirio, sino de algo más profundo. No cesan, por ejemplo, las amenazas a los periodistas, sino que se multiplican: ahora las reciben los criticos de Rios o los medios donde se expresan. La polémica entre la ministra de Comunicaciones y el presidente de la Andi prosigue: éste en una hábil contrarrespuesta a la Ministra propone ahora que sea el Estado y no los industriales, quien financie las publicaciones y programas de radio y T.V. necesarios para conservar "un ambiente pluralista de discusión libérrima". Y desde distintos medios los periodistas siguen echándose los unos a los otros los trastos a la cabeza. La única diferencia es que ya no hay nadie que desde la televisión les recomiende a los beligerantes que conserven el buen genio. --

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