Adiós a los bienes

La lucha antinarcOticos en Colombia tiene muchos escenarios. Uno de los más desconocidos, y a la vez complejos, es el que libran las autoridades para atacar un punto neurálgico del negocio de la droga: las fortunas de los narcotraficantes. Sin embargo hasta hace poco esa era una batalla que el Estado estaba perdiendo dramáticamente.

En 1996 se creó la Ley 333, conocida como ley de extinción de dominio, con el fin de tener un mecanismo que les permitiera a las autoridades impedir que los narcos gozaran de los bienes y capitales derivados del negocio ilícito. Gracias a esta norma jurídica 38.000 bienes, que van desde obras de arte hasta aviones, fincas, edificios y empresas, fueron incautados en los últimos seis años y entregados para su administración a la Dirección Nacional de Estupefacientes (DNE). Según dictaba la norma, este organismo debía esperar a que un juez fallara y tomara la determinación de devolver el bien incautado a su dueño o extinguir su dominio y dejarlo como propiedad del Estado. A pesar del gran número de bienes decomisados la Ley 333 terminó convertida en un tigre de papel.

Primero, porque las maniobras de los abogados de los 'narcos' dilataban los procesos. Estos, por medio de las manipulaciones de sus apoderados, aprovechaban en forma truculenta los términos y plazos y utilizaban los requisitos del debido proceso para dilatar indefinidamente los trámites de expropiación. Segundo, porque hubo frecuentes amenazas intimidantes a los jueces. Y tercero, por el descuido y negligencia de algunos funcionarios sólo se fallaron entre 1996 y 2002 dos sentencias de extinción de dominio en favor del Estado. Esas medidas cobijaron varias fincas del jefe del cartel de Caquetá, Leonidas Vargas, y de Jairo Correa Alzate, un narcotraficante de La Dorada, Caldas, aliado al cartel de Medellín, que ya murió. Además se presentaron muchos casos en que los bienes terminaban de nuevo en manos de los narcos.

Con el cambio de gobierno la dirección de la DNE fue asumida por el coronel retirado Alfonso Plazas. Tras hacer un inventario y analizar la situación de los bienes incautados que estaban en poder de la DNE fue evidente la necesidad de modificar la ley de extinción de dominio y crear una nueva que, con más 'dientes', corrigiera los vacíos de la anterior norma. Fue así como a finales del año pasado el gobierno del presidente Alvaro Uribe decidió derogar la Ley 333 y expedir la Ley 793 de 2002, al amparo de la conmoción interior. Esta, entre otras disposiciones, reduce de dos años a cuatro meses el tiempo en que se debe determinar la situación jurídica de los bienes incautados.

Ante todo, la nueva normatividad clarifica el tema esencial de que la extinción de las propiedades mal habidas es un mecanismo autónomo y no necesita, por consiguiente, de un proceso penal previo que demuestre que su adquisición se hizo con dineros habidos en forma delictiva. Este requisito obligaba a esperar los fallos de los jueces, que podían durar años y terminaban, en la mayoría de los casos, con la devolución de los bienes. Con la nueva ley, si la persona no logra demostrar que el incremento cuantioso de su patrimonio es producto de actividades lícitas, se podrá iniciar la acción de expropiación.

Los resultados de la aplicación de esta nueva ley no se han hecho esperar. Mientras que en seis años se consolidaron dos procesos de extinción en los seis meses de aplicación de la nueva norma ya se ha proferido 25 sentencias, que ha representado que 235.000 millones de pesos en bienes de los narcos estén hoy en manos del Estado.

Gracias a la nueva ley fue posible que, después de nueve años de batallas jurídicas, la DNE se quedara con dos de las más valiosas propiedades del extinto jefe del cartel de Medellín, Pablo Escobar. Se trata del Edificio Mónaco, uno de los principales símbolos del poderío del capo, y el edificio Dallas, con un valor de 12.000 y 3.000 millones de pesos, respectivamente. Hoy estas dos propiedades fueron entregadas por la DNE a la Fiscalía y al Ejército. También fue posible que los 35 millones de dólares (unos 94.000 millones de pesos) encontrados en una caleta de propiedad de los narcotraficantes Víctor Manuel y Miguel Angel Mejía Múnera, 'Los Mellizos', pudieran ser destinados a cinco entidades del Estado.

La nueva ley de extinción de dominio ofrece posibilidades como la de llevar adelante una verdadera reforma agraria mediante la redistribución de las hectáreas que hoy están bajo su control. Muestra de ello es que la DNE le entregó al Ministerio de Agricultura, a comienzos de abril de este año, 5.600 hectáreas de tierra que tienen un valor superior a 56.000 millones de pesos. Sólo para tener una idea de lo que significa esta suma, es el equivalente a 72 por ciento del presupuesto de gastos e inversión del Instituto Colombiano de la Reforma Agraria (Incora) para este año.

Los predios fueron expropiados a los narcotraficantes Jairo Correa Alzate y a los miembros del llamado cartel del Norte del Valle, Iván Urdinola Grajales, Lorena Henao Montoya y Henry Loaiza Ceballos, alias 'El Alacrán'. Esos lotes serán utilizados para la reforma agraria y según ministro de Agricultura, Carlos Gustavo Cano, con ellos se beneficiarán cerca de 450 familias.

La nueva ley no garantiza éxito por sí sola, menos aun cuando se trata de presionar a poderosos criminales precisamente donde más les duele. Sin embargo los resultados de los últimos seis meses demuestran lo efectiva que resulta la combinación de funcionarios comprometidos y una ley que les ofrece las herramientas para actuar.