¿ADIOS A LA BANCA PRIVADA?

Desde que se inició el nuevo año, los eventos que rodearon el espectacular retiro de Jaime Michelsen Uribe de la presidencia del Banco de Colombia mantienen en vilo a la opinión pública colombiana. Sin embargo, lo que en un comienzo fue interpretado tan sólo como un problema de lucha por el poder en el seno de uno de los más poderosos grupos financieros del país, ha ido poco a poco revelando, en el trasfondo, un problema más trascendental: el futuro del sistema financiero en Colombia.
Un agitado debate filosofico en torno a este punto desencadenó la forma como se impuso el nuevo Presidente de la institución. ¿Hasta dónde había llegado el grado de intervención del Estado en el sector? ¿Hasta qué punto era admisible que se impusiera este nombramiento en contra de la voluntad de la Junta Directiva de la entidad, representante de los accionistas?
Pero el problema del futuro de la banca colombiana no gira exclusivamente en torno al problema filosófico del intervencionismo estatal, sino de realidades financieras que son por los menos igual de determinantes de ese futuro y que hacen que en este momento el sector bancario colombiano se encuentre ante una histórica encrucijada.
La banca privada en Colombia va mal. De seguir así, cualquier cosa puede suceder. Pero a diferencia de la crisis financiera de hace 2 años, el problema no radica ahora en la falta de credibilidad en las instituciones financieras, basada en malos manejos, sino en factores escencialmente económicos: como consecuencia de la recesión, el sector industrial no está en condiciones de pagar, en los términos pactados, buena parte de la deuda que contrajo con el sector financiero.

HABLAN LAS CIFRAS
Las cifras, por sí solas, son alarmantes. La cartera vencida de los bancos podría llegar este año a 50 mil millones de pesos. Entre diciembre de 1982 y diciembre de 1983 prácticamente se duplicó, pasando de 21 mil millones a 41 mil millones. Esto coloca a la banca nacional en una situación análoga la que se presenta en la banca internacional con la deuda externa.
Lo lamentable de todo esto es que se esté presentando en un momento en el que se recupera la confianza en el sistema financiero. No obstante las repercusiones del caso del Grupo Gran colombiano, en términos generales éste no ha afectado el nivel de confianza del público en el sector financiero en general, que el gobierno había rescatado después de las catástrofes de 1982. Si bien a nivel internacional podrían producirse implicaciones negativas frente a nuestro sistema financiero, a nivel interno probablemente se reforzó la credibilidad en la banca privada.
Aún cuando el problema de la insolvencia de la industria venía de tiempo atrás, una medida reciente, expedida por la Superintendencia Bancaria en diciembre del año pasado, podría llevar de grave a critico la situación financiera de varios bancos colombianos. La medida, que aparentemente suena muy normal, sólo exige a los bancos una mayor rigidez en el criterio de la constitución de las provisiones por concepto de deudas de dudoso recaudo, y especificifica que deben incluirse en esta categoría aquellas que aunque no estén vencidas, hayan sido contraídas por empresas que estén cerca de un concordato.
En una situación normal, un banco responsable estaría aplicando estos criterios sin necesidad de que el gobierno lo obligue a hacerlo. Sin embargo, nada puede estar más distante de una situación normal que la que está atravesando el sector industrial colombiano, donde, además del debilitamiento gradual de la capacidad de pago de las industrias, se ha presentado el hecho de que algunas de las más grandes empresas del país están siendo sostenidas artificialmente por los bancos o por el gobierno para evitar que entren en concordato.
En estas circunstancias, la aplicación estricta de los criterios tradicionales sobre las provisiones fue relajándose gradualmente pues su mantenimiento hubiera afectado negativamente los balances en una forma que no necesariamente refleja la realidad, pues no toda deuda de dudosa recaudo está perdida.

POCOS CUMPLIERON
El nivel adecuado de provisión con respecto al total de las deudas de dudoso recaudo es del 50 por ciento. SEMANA ha investigado el tratamiento que le dieron a tal requerimiento 105 bancos del país, y encontró que por encima de este nivel se encuentran principalmente los bancos mixtos, que alcanzan sumas hasta del 72 por ciento. En lo que se refiere a los bancos nacionales, sólo uno, que es estatal, está por encima del 50 por ciento registrando la cifra del 67 por ciento. Las provisiones de una decena de ellos sobre las deudas de dudoso recaudo alcanzan apenas cifras del 2 al 15 por ciento. Es de destacar que sólo los bancos estatales mantuvieron e, incluso, en algunos casos aumentaron sus provisiones entre 1982 y 1983. Pero en la gran mayoría de los bancos nacionales, este porcentaje de las provisiones sobre el total de la deuda de dudoso recaudo descendió vertiginosamente durante el mismo período, pasando en algunos casos del 80 por ciento al 40 por ciento.
Un banco cuyo nivel de provisiones es inferior al 15 por ciento puede desmoronarse si uno de sus grandes deudores quiebra y no le paga. En esta cuerda floja se encuentra una tercera parte de nuestro sistema bancario. Pero, a su vez, la exigencia del gobierno de ajustar los balances a la realidad del riesgo cambia de un tajo la rentabilidad de la actividad bancaria en el país, y muy pocos bancos estarían en posibilidades de registrar utilidad en los próximos ejercicios.
En cifras, las deudas de las empresas que podrían entrar en concordato son del orden de 14 mil millones. Los bancos estarían obligados a hacer reservas por el 20 por ciento de esa suma, lo cual equivale a 2.800 millones, cifra que alteraría radicalmente muchos balances.
Ante esta situación, algunos bancos están optando por la modalidad de renegociar las deudas para que éstas salgan de la categoría de "dudoso recaudo". Pero esta alternativa se va a complicar en el futuro, pues la Superintendencia está dispuesta a realizar una vigilancia muy estrecha para evitarlo.
Todos estos problemas contables reflejan una realidad que puede explotar en cualquier momento: pocas veces en la historia, la banca se ha encontrado en una posición tan vulnerable como la que inicia en 1984.
Esta circunstancia coincide con los eventos recientes que han llevado a que el gobierno tome medidas en relación con diferentes entidades financieras, que en una u otra forma han aumentado el control estatal sobre el crédito. Si se suma el Banco de Colombia a aquellos en los cuales el gobierno ejerce un control directo o indirecto diferente al que se ejerce en circunstancias normales, se llegaría a que el 78 por ciento del crédito esta hoy en manos del gobierno.
Lo cierto es que durante la administración de BB la banca colombiana ha sido objeto de un intervencionismo sin antecedentes. Ya sea por maquiavelismo, por pragmatismo o por simple necesidad de las circunstancias, esta seudo-estatización de la banca es la realidad actual del sector financiero colombiano. La creciente presencia del Estado en la banca privada, combinada con la crítica situación que está atravesando por factores económicos, ha colocado a nuestro sistema financiero en un estado de interinidad que no puede durar mucho tiempo: o se nacionaliza, o se revitaliza en el marco del sector privado.

AMARGOS ANTECEDENTES
La nacionalización es una tentación política muy grande. Y nunca ha estado más al alcance de la mano, porque eventos independientes de la voluntad del gobierno han permitido que se haya recorrido un trecho considerable en esta dirección, de manera gradual y en forma relativamente imperceptible.
La medida, según lo revelan las encuestas de opinión, sería muy popular. Sin embargo, los factores en contra son de peso. En primer lugar, las experiencias recientes de otros países no son alentadoras. Los casos de México y Francia, recibidos inicialmente con gran euforia, han desembocado en situaciones más graves que las que intentaron corregir. El desestímulo de la inversión, la burocratización y la desconfianza de la banca internacional parecen haber causado por lo menos igual daño que las tradicionales imperfecciones de la banca privada.
A estas consideraciones hay que agregar un argumento contundente para el caso colombiano, basado en circunstancias coyunturales. Nacionalizar un sistema financiero al borde de la quiebra es simplemente trasladar el problema, sin resolverlo, del sector privado al público, dejando los platos rotos por cuenta del contribuyente. Ningún ejemplo ilustra más claramente esta situación que la reciente nacionalización del imperio Rumasa en España, un elefante blanco de 3.600 millones de dólares.
La alternativa a la nacionalización la constituye un conjunto de medidas mucho menos emocionantes, pero inaplazables si el gobierno prefiere no recorrer todo el camino hasta el final.
Esto implicaría, ante todo, aceptar como una realidad la nueva correlación de fuerzas a que han llegado el sector público y el privado en relación con el crédito, pero utilizando los estimulos de la iniciativa privada como complemento de una política armónica.
Esto podría lograrse a través de dos caminos. Reforzar la capacidad de pago de las industrias deudoras para que puedan ponerse al día con la banca y sobrevivir económicamente, o hacer más flexible la reglamentación existente sobre inversiones forzosas para aumentar su rentabilidad, fortaleciendo así su capacidad de aguante mientras dura el "chaparrón". Las dos fórmulas tienen inconvenientes. La primera, la de aumentar la capacidad de pago de la industria, se enfrenta con la imposibilidad de ser universal por el costo que implicaría, o a la arbitrariedad de ser selectiva.
La segunda opción, la de aumentar la capacidad de resistencia de la banca, podría ser inflacionaria, pues el Estado tendría que pagar tasas de interés más altas por las inversiones forzosas de la banca privada en sus papeles .

OTRAS ALTERNATIVAS
Alternativas diferentes a estas dos son aún más dificiles. Una sería aumentar las tasas de interés, lo cual contraría toda la política del gobierno y la lógica del momento. Gran parte de los problemas existentes obedece a las altas tasas de interés que han regido en el pasado.
Otra, que es un poco más realista pero también implicaría un cambio de política por parte del gobierno, consistiría en darle a los bancos una participación más importante en la captación de depósitos oficiales, tendencia que el gobierno viene frenando desde el año pasado.
Ya sea acogiendo uno de estos cuatro caminos, o combinándolos en forma parcial, el gobierno está en posibilidades de "meterle un empujoncito", como dice el Presidente, a la banca, que le permitiría sacarla a flote e iniciar una nueva etapa bajo parámetros diferentes a los que han operado en el pasado.
La decisión está en manos del gobierno. ¿Nacionalizar la banca, asumiendo el erario público el costo de los platos rotos, o aceptar que existe una nueva ecuación entre el sector público y el privado en materia de crédito, y, una vez rectificados los abusos del pasado, reconocer que a la iniciativa privada aún le queda un papel importante por jugar?

¿HA HABIDO RETIROS?
En términos generales los retiros del público de las entidades financieras del Grupo han sido mínimos después de los sucesos de fin de año. La entidad mas afectada ha sido Granahorrar, de donde se retiraron 750 millones de pesos durante la primera quincena de enero. Durante este período, la entidad proyectaba captar más de 2 mil millones de pesos. La razón principal para que esto haya sucedido es que Granahorrar, a diferencia de las demás instituciones, no ofrece al público certificados a término, sino liquidez inmediata.

BUENA ACOGIDA
Las relaciones entre el nuevo presidente del Banco de Colombia, Ignacio Copete Lizarralde, y los principales directivos del Grupo Grancolombiano con quienes ha tenido que tratar en su nuevo cargo, no podían ser mejores. Después de las tensiones iniciales originadas en la modalidad de su nombramiento, los "generales" de Michelsen han visto en su interlocutor un hombre prudente, ponderado, inteligente y pragmático. Esta cordialidad ha permitido que posiblemente esta semana se anuncie una fórmula de arreglo de las deudas del Grupo con el Banco, que ambas partes encuentran satisfactoria. Un alto directivo del Grupo comentó a SEMANA: "El único defecto del doctor Copete Lizarralde es el no haber sido nombrado por la Junta".

285 MIL
El sueldo de Jaime Michelsen Uribe al momento de retirarse del Banco de Colombia ascendia a 285 mil pesos mensuales.