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| 9/29/2012 12:00:00 AM

Administración del Congreso: la olla sin fin

Bien sea por desidia, falta de control o de planeación, o directamente por robo, siguen apareciendo irregularidades que desangran el erario por cuenta de la administración del Congreso de la República.

Un nuevo escándalo ronda los pasillos de la Cámara de Representantes. Esta vez se trata de cuantiosos pagos hechos por capacitaciones insólitas, sobrecostos en los trabajos de mantenimiento de los edificios, bodegas repletas de insumos de toda clase sin ningún control, contratos entregados a dedo que por su monto debían ser resultado de una licitación, y millonarias adiciones a uno que comenzaron en 6.000 millones de pesos y ya van en 45.000.

Los hechos trascendieron gracias a una detallada carta que el secretario de Transparencia de la Presidencia de la República, Carlos Fernando Galán, envió al procurador general, Alejandro Ordóñez. En el texto se detalla, por ejemplo, cómo durante siete meses la corporación pagó para educar a sus empleados en música religiosa, una temática totalmente ajena a la formación a la que tienen derecho los empleados públicos en función de su servicio.

En las capacitaciones se identificaron, además, pagos excesivos. Se dictaron talleres sobre mantenimiento y cuidado de bienes patrimoniales a 1.750.000 pesos la hora, y de ‘liderazgo positivo’ a 1.250.000 pesos la hora. También las hubo de excelencia a 226.000 pesos, en derecho disciplinario a 400.000 y en Derecho Internacional Humanitario (DIH) a 575.000, costos todos que superan con creces los 150.000 pesos que en promedio pagan las mejores universidades del país a sus profesores con doctorado.

En el mantenimiento del edificio del Congreso también hay perlas. La oficina jurídica de la Cámara decidió suspender los pagos de un contrato cercano a 3.000 millones de pesos cuando constató sobre costos absurdos como decenas de bombillos, cuyo costo comercial es de 8.000 pesos, que se pagaron a 45.000, o la impermeabilización de las cubiertas por las que se pagó 900 millones de pesos, cuando su valor real no debería superar los 350 millones. Lo increíble es que en el Senado también se usó al mismo contratista, y en esa corporación decidieron pagarle sin mayor revisión.

Uno de los hechos más escandalosos, del que ya habían trascendido algunos detalles en los medios, fue el hallazgo de al menos tres bodegas en los sótanos del Capitolio repletas de toda clase de insumos. El hallazgo curiosamente se dio a los pocos meses de haber ingresado a su cargo Gloria Inés Raigoza, la directora administrativa de la Cámara. Una noche, cuando ella preparaba una solicitud urgente de papelería que se había acabado en los despachos de los congresistas, notó cómo uno de los funcionarios de su dirección estaba llevando unas cajas hacia el sótano. Cuando ordenó abrir ese lugar encontró un depósito que contenía cajas con decenas de teléfonos Blackberry, equipos de reproducción de video, computadores nuevos de escritorio y portátiles. (Vea el video sobre este hallazgo aquí)

“Esto es un pecado”, se escuchó decir a la directora, mientras hallaban también decenas de chalecos blindados, subametralladoras, pistolas y munición, hasta minineveras, ventiladores y sillas nuevas, pasando por cosas tan anecdóticas como tejos en hierro en estuches en cuero y réplicas precolombinas con recubrimiento dorado. En total encontraron 541 ítems, algunos de ellos con miles de unidades.

"Nosotros nos encontramos con esto y lo que hemos hecho es reportar a los organismos de control para poner la casa en orden”, dice Raigoza. En efecto, todos los casos denunciados por Galán vienen de administraciones anteriores.

En materia de contratación, las denuncias también son escandalosas. Existe, por ejemplo, una compañía a la que se le contrató dos veces por el mismo objeto con dos años de diferencia, sin que hubiera cumplido el primer contrato. Se buscaba que se ordenaran millones de archivos y hoy ni se ha terminado el trabajo y no está claro cuál es el paradero de miles de estos documentos, muchos de ellos con la historia pensional de funcionarios del Congreso.

Pero quizás el más protuberante en su monto es el negocio con la Empresa de Teléfonos de Bogotá (ETB). Se firmó en julio del 2007 por 6.000 millones y seis años para prestar “la solución integral de telecomunicaciones del Congreso”. Pero inexplicablemente, en el mes siguiente, se hizo otro negocio por 7.400 millones de pesos más y así se fueron sumando cinco ampliaciones adicionales. El contrato, hoy, supera los 45.000 millones de pesos. Todas las ampliaciones se hicieron por el mismo objeto y sin ningún proceso licitatorio. Y por cuenta de una interpretación jurídica, cada vez que se ha ampliado el contrato se le han ido adicionando cinco años más a su ejecución.

Las autoridades deberán determinar las responsabilidades en cada uno de estos casos. Pero independientemente de si todos estos hechos son robo en sí mismo, desidia o falta de planeación, para todo fin práctico, el erario termina duramente castigado, y sobre todo, se evidencia la forma como las últimas administraciones han manejado la casa de los padres de la patria.
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