Caso Ordóñez: dura advertencia del Consejo de Estado

Una dura advertencia le hizo este viernes la magistrada Rocío Araújo a quienes quieran dilatar el proceso que busca tumbar al procurador general de la Nación, Alejandro Ordóñez. Advirtió que las solicitudes de nulidad que no tengan fundamento, como los demás recursos que se presenten con el único fin de torpedear actuaciones judiciales, son sancionables.

Aunque no hizo referencia a nadie en concreto, lo particular es que ese fuerte llamado de atención fue parte del auto con el que la togada de la Sección Quinta del Consejo de Estado le negó a la viceprocuradora, Martha Isabel Castañeda, el último recurso que presentó para que se anulara el proceso contra su jefe.

La segunda al mando del Ministerio Público presentó un recurso de reposición que pretendía que la magistrada Araújo reconsiderara la decisión de noviembre del 2015, en la que el despachó negó un requerimiento en pro de que se anulara todo lo actuado en la demanda que busca dejar a Alejandro Ordóñez por fuera del organismo de control.

La viceprocuradora alegaba que como ella no había sido notificada personalmente de las decisiones que se han tomado a lo largo de este proceso, este se encontraba viciado. Según ella, su despacho era el que debía ser alertado sobre las determinaciones, en representación del procurador General, por la inhabilidad que surgía contra este último en su condición de accionado.

La magistrada respondió que esa entidad, en realidad, había sido notificada 36 veces a lo largo de esta actuación. Subrayó que los anuncios sobre el avance de los diferentes trámites los recibió el procurador Séptimo Delegado ante el Consejo de Estado, Juan Clímaco Jiménez, quien es el habilitado legalmente en este caso.

Además, le aclaró a la viceprocuradora que no existe obligación de notificarle a ella, pues el procurador solo hace parte del proceso como demandado, dado que la entidad renunció a su oportunidad de participar como Ministerio Público. De ahí que el supuesto vicio esté desvirtuado.

Con esta decisión se cierra, ahora sí, la posibilidad de seguir alegando equivocaciones por parte del despacho encargado de examinar el caso. Ahora solo queda esperar la radicación del proyecto de fallo, que ha estado rodeado de rumores, y aguardar la opinión de los demás consejeros de Estado frente a él.

Aunque queda claro que la magistrada Rocío Araújo se refirió en términos generales a las consecuencias del posible uso abusivo de los recursos contra las decisiones judiciales, su tono enérgico pareciera evidenciar que no le gustó para nada la insistencia de la subalterna de Ordóñez en un asunto que ya se había resuelto en noviembre del 2015.