Sábado, 10 de diciembre de 2016

| 2016/04/27 18:36

Uribistas que claman por su libertad

A raíz de la entrada en vigencia del fallo que origina la doble instancia para aforados, a la Sala Penal ya empezaron a llegar las primeras solicitudes de impugnación.

Andrés Felipe Arias, Lucero Cortés, Alberto Velásquez, María del Pilar Hurtado Bernardo Moreno, y Diego Palacios. Foto: Archivo particular

Como era de esperarse, la Corte Suprema de Justicia es blanco de una avalancha de solicitudes de impugnación por parte de los altos funcionarios del Estado que fueron condenados por esa corporación en única instancia. Todo gracias a la entrada en vigencia del fallo que ordenaba establecer la doble instancia para aforados.

Ya son siete los casos de funcionarios que ocuparon cargos de notable relevancia en las instituciones y que, habiendo sido condenados por la Corte en fallos de única instancia, le pidieron a ese alto tribunal que revoque las sentencias que se dictaron en su contra. El uribismo, principal blanco de esas decisiones, ha sido protagonista de excepción en ese nuevo escenario que les permite apelar las respectivas sentencias.

A la Sala Penal ya llegaron los casos del exministro de Agricultura Andrés Felipe Arias, condenado por Agro Ingreso Seguro (AIS); la excongresista Lucero Cortés (uribista en su momento), hallada culpable de un caso de tráfico de influencias, y los de la exdirectora del DAS María del Pilar Hurtado y los exsecretarios de Presidencia Alberto Velásquez y Bernardo Moreno, condenados por las ‘chuzadas’, y del exministro de Protección Social Diego Palacios, condenado por la ‘Yidispolítica’.

Todos creen tener derecho a la doble instancia de la que habla la Corte Constitucional en su fallo del 2014, pero la verdad es que muy pocos tienen certeza sobre la manera como debe operar esa garantía y mucho menos si las personas que fueron juzgadas antes del 22 de abril del 2016 tienen derecho a ser cobijados por esa decisión.

El limbo jurídico es tan grande y la falta de certeza en torno a la manera como se debe cumplir el fallo tan latente que los propios magistrados de la Corte Suprema de Justicia no sabe aún si pueden o no tomar decisiones para empezar a conocer de las impugnaciones.

Semana.com consultó con personal allegado a la Corte. Según el penalista que dialogó con este portal, las intenciones de excongresistas y exministros de la era Uribe no tienen la menor esperanza de prosperar.

El jurista opina que los efectos de esa decisión de la máxima instancia constitucional no puede aplicar a esos procesos, sino únicamente a los que adelante la Sala Penal a partir del 22 de abril del 2016.

Varios de los defensores de los condenados creen que sí son beneficiarios de la determinación, pues el principio de favorabilidad, obliga a que toda norma que sea más favorable a los intereses de las personas que enfrentan procesos penales. 

En contra de estos condenados están los pronunciamientos en los que la Corte Constitucional ha señalado que sus decisiones solo aplican retroactivamente si los magistrados así lo disponen. Como en la sentencia que ordena garantizar la doble instancia no se hace esta salvedad, se cree que los exdirigentes uribistas no podrán ser beneficiados.

 

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