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| 3/14/2004 12:00:00 AM

Agenda copada

Esta semana arrancan las sesiones del Congreso con la discusión de proyectos de gran calado. SEMANA analiza sus puntos polémicos y si pasarán o no.

Los retos del período legislativo que comienza no son pocos. En los próximos cuatro meses, los congresistas definirán el futuro político del gobierno. Pero el camino que les espera a temas como la reelección, el estatuto antiterrorista, la reforma del Estado, la ley de alternatividad penal y la reforma a la justicia es todavía incierto.

No hay certeza de que el acuerdo político firmado el 17 de febrero entre el gobierno, los liberales, los conservadores y ocho movimientos uribistas asegure la aprobación de las iniciativas presentadas por el gobierno. Aunque de los tres temas que sostienen el acuerdo ya se han acordado los proyectos de reforma a la justicia, de reestructuración del Estado y de reforma tributaria, no hay textos definitivos. Esto no sólo ha retrasado el trabajo de las comisiones que se pusieron a andar desde la firma del pacto, sino que ha hecho difícil la construcción de consensos entre los partidos.

Sobre la reforma del Estado, el gobierno estaría buscando facultades permanentes para crear, liquidar y fusionar entidades sin la aprobación del Congreso. Aunque este proyecto simplificaría los trámites de los ciudadanos y disminuiría los costos del funcionamiento, su debate en el Congreso tendrá muchos opositores. Algunos representantes ya han planteado que con esta reforma darían demasiados poderes al presidente Álvaro Uribe y que, además, los problemas que ha tenido la fusión de los ministerios le quitan legitimidad a la fusión de nuevas entidades.

Para la reforma tributaria el camino tampoco será fácil. Desde la firma del acuerdo, liberales y conservadores han insistido en que la situación social podría agravarse con las medidas tributarias que el gobierno propone. Por eso, el éxito de los grandes proyectos que hacen parte de la agenda dependerá de la capacidad del gobierno para consolidar la bancada uribista y de la interlocución que logre con los partidos tradicionales. Si llega a pasar un proyecto que organiza el funcionamiento del Congreso en bancadas de partido, para el gobierno sería más grande el reto de sacar adelante sus propuestas, sin apelar a las desgastantes negociaciones con cada parlamentario.

El éxito de los grandes proyectos de esta legislatura también está sujeto a la velocidad con que se lleven a cabo los debates, pero como la mayoría de estos se concentran en las comisiones primeras de Cámara y Senado, es previsible que haya congestión legislativa y las cosas anden más despacio de lo que se quiere. A continuación se resumen las principales iniciativas y los puntos más polémicos.



Estatuto antiterrorista


Busca reglamentar el estatuto antiterrorista que ya aprobó el Congreso. Da nuevas facultades a las autoridades militares para someter a los miembros de los grupos armados a través de la fuerza. La propuesta estatutaria permite realizar detenciones e interceptar la correspondencia y demás formas de comunicación sin orden judicial; restringe la libre circulación en el territorio nacional y da al Ejército potestades de policía judicial.

Puntos en controversia: para el gobierno, el éxito de la política de seguridad depende de que existan instrumentos legales de lucha contra el terrorismo. Los críticos consideran que si se aprueba este proyecto, aumentarían las violaciones de los derechos humanos por parte del Estado. Por eso, las organizaciones de derechos humanos se opusieron al Estatuto, y se seguirán oponiendo a su reglamentación.

Probabilidades de que pase: este proyecto tiene mensaje de urgencia del gobierno, y el Congreso tendrá que darle prioridad. Al tratarse de una ley estatutaria, deberá ser aprobada antes del 20 de julio por la mayoría absoluta de los parlamentarios. Mientras la bancada conservadora apoyará al gobierno, los liberales aún no tienen una posición compartida frente a la propuesta. La oposición será liderada por el Polo y Alternativa Democrática, para los que esta ley, sería muy riesgosa para las libertades civiles. Pero si la legislatura anterior pasó el Estatuto, ¿por qué esta vez no habría de pasar la ley que lo reglamenta?



Reforma a la justicia


La iniciativa reforma la acción de tutela para que en sus fallos los jueces especifiquen de dónde saldrán los recursos para su cumplimiento. Además limita el control de la Corte Constitucional a los estados de excepción, modifica la elección del Fiscal y reemplaza la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura por un gerente de la rama judicial.

Puntos en controversia: la reforma a la justicia limitaría los efectos macroeconómicos de los fallos de la Corte Constitucional, reivindicaría los recursos de la justicia ordinaria, devolvería responsabilidad política al gobierno en la definición de los estados de excepción y avanzaría hacia la oralidad de la justicia y la consolidación de un sistema acusatorio. Sin embargo, al proponer que el Presidente nombre al Fiscal y limitar los poderes de la Corte Constitucional y de la acción de tutela, se podría estar quitando autonomía a la rama judicial y poniendo en riesgo conquistas de la Constitución del 91 para proteger las libertades y los derechos ciudadanos.

Probabilidades de que pase: el gobierno tendría que ceder en muchos de los puntos propuestos en la iniciativa actual para lograr su aprobación. Además de los uribistas, el proyecto estaría respaldado por los conservadores, quienes están de acuerdo en limitar el número de derechos fundamentales a los que puede aplicarse la tutela. Es probable que los liberales defiendan los poderes de la Corte Constitucional y coincidan con el Polo y Alternativa Democrática sobre la urgencia de promover una ley de descongestión judicial, sin hacer una reforma constitucional.

Alternatividad penal

Este proyecto crea instrumentos para facilitar la desmovilización y la reinserción de grupos armados. Quienes cesen hostilidades o participen en un proceso de paz podrían recibir castigos distintos a la cárcel. Los beneficiados compensarían a la sociedad por sus delitos con trabajos sociales, devolviendo bienes al Estado, o con manifestaciones públicas de arrepentimiento. Los que se acojan a la alternatividad no podrán desempeñar cargos públicos y, en algunos casos, serán privados del derecho a vivir en cualquier lugar.

Puntos en controvesia: dado que en este gobierno hay pocas probabilidades de dialogar con las guerrillas, el proyecto podría terminar beneficiando sólo a las autodefensas. Para los críticos, el texto no concreta mecanismos de reparación y plantea 'perdón y olvido' para los autores de crímenes atroces. Sus defensores afirman que de todos modos tendrán procesos y condenas, y que la ley facilitará una paz exitosa.

Probabilidades de que pase: mientras los conservadores sienten que falta definir un 'delito madre' al cual se le aplique la alternatividad, algunos liberales han señalado que para estimular procesos de paz se requiere ir más allá de los beneficios judiciales. El Polo, el Frente Social, Alternativa Democrática y algunos congresistas a título personal harán la oposición. Para ellos, el proyecto no contempla una reparación apoyada en la verdad y les da los beneficios a los combatientes antes de que se hayan desmovilizado, lo que debilita así el proceso de paz. El paso de este proyecto por el Congreso será muy complicado.



Reelección


La iniciativa contempla cambiar la Constitución, para que el Presidente y el Vicepresidente de la República puedan ser reelegidos por una vez para períodos futuros, incluso para el inmediatamente siguiente.

Puntos en controversia: para los promotores del proyecto, se necesitan más de cuatro años para que el presidente Uribe pueda sacar adelante su política de Seguridad Democrática. Además, más allá de Uribe, la reelección en Colombia serviría para que los ciudadanos usaran el voto para castigar a los malos gobernantes y premiar a los buenos. Sin embargo, la reelección podría implicar un retorno a los personalismos políticos y significaría un nuevo quiebre en las reglas de juego de la política colombiana.

Probabilidades de que pase: el debate sobre la reelección no se va a limitar a examinar si el presidente Uribe es bueno o no. Los congresistas terminarán discutiendo medidas complementarias, tales como la financiación de las campañas, las normas de oposición política, el régimen de inhabilidades de los candidatos y el papel de los medios de comunicación, lo cual tomará mucho tiempo y exigirá otras reformas constitucionales. Aunque los jefes del conservatismo aún no se han pronunciado sobre la reelección, lo más probable es que esta bancada apoye la iniciativa de los uribistas. Los liberales oficialistas, en cambio, han señalado que 'con la reelección, se le estaría jugando sucio a otros candidatos' y con el Polo, liderarían la oposición a la iniciativa. Con una agenda tan apretada, y con la diversidad de posiciones frente a la reelección, es poco probable que alcance a pasar.



Reglamentacion de las bancadas

Este proyecto, liderado por los presidentes de la Cámara y del Senado, Alonso Acosta y Germán Vargas, busca darle sustento a la reforma política, al obligar a los miembros de Senado y Cámara, elegidos por un mismo partido o movimiento político, a formar bancadas. Estas actuarán coordinadamente y emplearán mecanismos democráticos para tomar sus decisiones. El tiempo de intervención de sus voceros dependerá del número de curules de cada bancada.

Puntos en controversia: el proyecto apunta a fortalecer los partidos políticos y disciplinar a los congresistas. Sin embargo, al asociar el tiempo de las intervenciones de las voceros de las bancadas con el número de curules que tengan, estaría fortaleciendo a los partidos con mayor votación y debilitando a las minorías.

Probabilidades de que pase: la mayoría de los movimientos y partidos con representación política en el Congreso están de acuerdo con los objetivos del proyecto. Sin embargo, para algunos, como el Polo Democrático, primero sería necesario elaborar una ley de los partidos políticos. Los conservadores, los liberales y los sectores de izquierda consideran que el proyecto tiene fuerza, pero no es prioritario dado que los congresistas actuales no fueron elegidos con las normas de la reforma política. El proyecto puede pasar, pero su debate no será tan importante.
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