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Aguas turbias

En el gobierno de Lucho Garzón se vuelven a negociar las convenciones colectivas de la ETB y el Acueducto, en las que Mockus no cedió un centímetro. ¿Concertación o laxitud?

13 de junio de 2004

Todo el mundo pensaba que la imagen del gerente de la Empresa de Telecomunicaciones de Bogotá (ETB) saliendo a hombros de los trabajadores tras firmar la convención colectiva había quedado en el pasado. Pero el fantasma de las presiones de los sindicatos parece haber resucitado para amenazar el buen desarrollo de las empresas de la ciudad.

En días pasados se conocieron algunos de los términos de la nueva convención colectiva de la ETB que, entre otras cosas, planteó un incremento salarial de 1 por ciento por encima de la inflación, la creación de una nueva prima de 450.000 pesos al año para algunos empleados, el aumento del fondo de vivienda más recursos para becas y subsidios, y el cogobierno del sindicato en el manejo de los colegios de la ETB. La concesión de estas y otras prebendas llevaron a varios concejales y líderes a plantear que la ciudad estaba regresando al pasado, especialmente cuando se enteraron de la reincorporación de líderes sindicales y empleados que habían sido despedidos durante las protestas de 1997 sin la espera de un fallo judicial que así lo ordenara.

El presidente de la ETB, Rafael Orduz, ha dicho a cuatro voces que la negociación con el sindicato nunca se debió a intereses de tipo personal. Por escrito, ha insistido en que la nueva convención es buena para la empresa, que las indemnizaciones están en manos judiciales y que la reincorporación de los trabajadores despedidos fue una decisión jurídica que responde a los intereses de esta.

El concejal Alfonso Prada, uno de los opositores al arreglo, advierte que "las decisiones laborales de la ETB son un retroceso en el manejo gerencial de la empresa. También dejan mal parado al Acueducto, en donde se está dando un proceso de negociación. Existe un relajamiento de la administración Garzón frente a los sindicatos que se puede reflejar en mayores cargas tarifarias y en retrasos en la inversión social".

Es que la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá (Eaab) vive uno de sus momentos más complejos. Además de estar inmersa en las negociaciones con el sindicato, cuyos salarios y prebendas equivalen a entre 20 y 23 por ciento del recibo que pagan los usuarios, la empresa también debe definir la nueva fórmula tarifaria que regirá para los próximos años.

A finales del año pasado la administración Mockus tomó la decisión de demandar 62 artículos de la convención colectiva para quitarle la coadministración del sindicato de la empresa y reducir las prestaciones irregulares que aumentaban los costos para la empresa. Frente a la dura negociación que se preveía con el sindicato, el alcalde Luis Eduardo Garzón nombró gerente a Alberto Merlano, quien durante 12 años fue vicepresidente de Ecopetrol y se encargó de las negociaciones con la USO.

El pasado 13 de mayo Merlano sorprendió a muchos. Ese día tomó la decisión de retirar la denuncia contra la convención y entrar en una negociación directa con el sindicato. "La decisión se tomó porque, además de ser una exigencia del sindicato para comenzar, logramos que ellos replantearan el pliego y que todas las exigencias pretendidas por la empresa en la demanda fueran incluidas dentro de la negociación".

Si bien ya se conocen varios avances, como la decisión de acabar el servicio médico del Acueducto y pasar a más de 13.000 empleados, pensionados y beneficiarios a Colsánitas, aún faltan los temas importantes. Especialmente aquellos que se refieren a la coadministración y a la remuneración salarial. Si hay laxitud de la gerencia, el pliego de condiciones presentado por el sindicato podría costarle más de 50.000 millones de pesos en los próximos cuatro años.

Por todo lo anterior, y con el precedente de lo ocurrido en la ETB, las nuevas negociaciones en el Acueducto se deben hacer de forma pública y de cara a los usuarios. Más aún cuando el Alcalde se comprometió a bajar tarifas, algo que puede poner en riesgo los planes de modernización de la empresa, su estabilidad futura, la inversión en nuevas obras de infraestructura y los planes de cobertura en alcantarillado.

El reto es difícil, pues la administración es consciente de que los bogotanos no resisten más aumentos. Más aún cuando, a pesar de los altos costos, la factura que pagan actualmente es la mitad del precio que estarían pagando en 1997.

Con la nueva fórmula tarifaria, la renegociación de la convención colectiva, el ingreso de transferencias nacionales y distritales, la búsqueda de ingresos por activos improductivos como las 50.000 hectáreas de bosques y páramos que tiene la empresa y la incursión a otras regiones, la nueva gerencia buscará obtener más ingresos. Por eso, para Merlano no hay razones de peso para preocuparse. "La garantía de la negociación y del resultado final soy yo y mi hoja de vida como negociador. Aquí hay un equipo cualificado, no hay presiones ni direcciones del Alcalde, y la única salida es una negociación gana-gana en la que los únicos vencedores sean los usuarios y la empresa", afirma.

Por ahora es necesario que los bogotanos estén pendientes de las negociaciones y puedan llevar el curso de las aguas al mejor sitio posible para beneficio de todos y de la ciudad.