Sábado, 10 de diciembre de 2016

| 1993/04/26 00:00

"AHORA ES MI TURNO DE ACUSAR"

"AHORA ES MI TURNO DE ACUSAR"

ESTA SEMANA SE CUMPLE UN AñO DESDE cuando el entonces juez 23 de Bogotá, César Tulio Lozano, dictó los primeros autos de detención en el curso de uno de los más controvertidos procesos judiciales de la Colombia contemporánea. Durante estos 12 meses, el ex alcalde Juan
Martín Caicedo, sus ex secretarios de Hacienda Marcela Airó y Luis Ignacio Betancur, y un importante número de concejales han pasado varios meses en prisión, han salido de ella, han vuelto a ser detenidos y algunos han recuperado su libertad, en desarrollo de múltiples decisiones de la Justicia, no siempre coincidentes unas con otras.
A propósito de lo que él mismo considera como "un triste aniversario" el ex alcalde Caicedo aceptó el viernes pasado dialogar con SEMANA, desde su lugar de reclusión en una escuela militar en Facatativá.
SEMANA: A un año de que se dictaran los primeros autos de detención por parte del juez Lozano ¿qué espera usted de este proceso de ahora en adelante?
JUAN MARTIN CAICEDO: Se han completado 12 meses de secuestro moral y jurídico sin que se vislumbre una solución pronta transparente y objetiva al caso de los auxilios.
SEMANA: ¿Qué lo hace pensar que no vaya a haber una solución?
J.M.C.: Lo que me lleva a esa conclusión es que en el año que lleva el proceso, lo que he visto es cómo surgen, casi a diario, providencias que se contradicen entre sí de una manera burda. Mi caso se parece al de un conejillo de indias inmerso en un laboratorio jurídico donde se ensayan abusivamente tesis y conceptos, hasta ver cuál da en el clavo. Esto se parece a un seminario-taller en una facultad de derecho, con la diferencia de que mientras los alumnos aprenden, nosotros, los conejillos de indias, sufrimos una detención injusta.
SEMANA: Pero no todo el mundo está de acuerdo en que sea injusta. Para muchos, más allá de las minucias jurídicas, la verdad es que se repartieron l.60O millones de pesos en auxilios y que muchos de esos auxilios fueron a parar a fundaciones piratas, en desarrollo de una práctica que había asqueado desde hace años a la gente.
J. M. C.: Estoy de acuerdo en que los auxilios eran una práctica que adquirió la peor imagen frente a mucha gente. Pero quién dijo que los únicos auxilios con mala imagen fueron los de este proceso. Además, una cosa, es la mala imagen de un procedi miento, y otra muy distinta su legalidad. En cuanto a lo de que el dinero haya ido a parar a fundaciones piratas, eso hay que demostrarlo, pero ya parece que no lo van a investigar porque la fiscal 248 decidió que a ella no le importa el destino de los auxilios. Pero hagamos un poco de historia. No puede olvidarse que cuando el Concejo aprobó el famoso acuerdo 13, todavía no regía la nueva Constitución, que fue la que se metió con este tema. La verdad es que yo soy el injusto rehén de un problema de transición constitucional en el que las distintas instancias jurídicas que han analizado y tomado decisiones, cada vez parece estar en mayor desacuerdo, en una cadena sucesiva de errores que no parece tener fin.
SEMANA: Pero que haya diferencia de interpretación en las distintas instancias jurídicas no necesariamente anula la validez del proceso que se ha seguido en este caso. Eso de algún modo es inherente al derecho. ¿No lo cree así?
J. M. C.: Mire, se lo pongo de este modo: el juez 23 hizo una interpretación, el tribunal superior hizo otra, la fiscalía hizo otra, la Corte Suprema parece tener otra más. Todas y cada una de esas interpretaciones son distintas. Y yo, que al frente de la administración distrital y apoyado en un concepto del personero y de otras autoridades, hice una interpretación en momentos de compleja transición constitucional, estoy en la cárcel.
¿Será que eso también es inherente al derecho? ¿Será que tiene sentido que todos tengan derecho a hacer interpretaciones a la ley y a la Constitución, y que solo yo merezca por ello la cárcel?
SEMANA: Es posible que las distintas instancias judiciales hayan hecho interpretaciones diferentes, pero todas coinciden en que usted tiene una responsabilidad en lo sucedido. ¿Qué opina de que en eso sí estén de acuerdo?
J. M. C.: Eso sí que es sospechoso, porque aunque la mayoría de esas instancias parecen estar de acuerdo en cargarme la mano, están en cambio claramente en desacuerdo con respecto a las normas que supuestamente violé. Miré bien: primero me dijeron que había violado la Constitución del 91; luego que la de 1886; luego que no importaba el destino de los dineros de los auxilios, sino la supuesta violación de una ley; y ahora dicen que devolver ese mismo dinero, cuyo destino antes no importaba, sirve para obtener la libertad. No es esto una comedia burda, que pone en duda la credibilidad general del aparato judicial? Yo pregunto: ¿de qué se me acusa, de qué soy culpable?
SEMANA: ¿ Y usted no podría también obtener una excarcelación si consignara aquellos recursos que según la fiscalía salieron de la órbita del Estado en una acción calificada por ésta de peculado por apropiación?
J. M. C.: Yo qué devuelvo, si sobre mi caso no pesa la pre sunción ni mucho menos la comprohación de que me hubiese sustraído un sólo céntimo del erario público. Es la justicia, por el contrario, la que tiene que retornarme mi buen nombre y resarcir el daño que me han causado las interpretaciones equívocas a que ha dado lugar este proceso.
SEMANA: ¿ Piensa usted que el público en general sí tiene eso claro?
J. M. C.: Yo espero que haya mucha gente que sí lo tenga claro, pero es evidente que mucha otra no. Y es que se han dicho muchas cosas y de modo muy irresponsable. Hasta en la prensa extranjera han aparecido falacias increíbles, como un artículo de Andrés Oppenheimer en el Miami Herald en el que afirma sin ningún rubor que yo repartí tres millones de dólares entre mis allegados políticos. ¿Quién demonios me va a resarcir del daño que me han hecho afirmaciones como esa?
SEMANA: Pero no todo el mundo cree eso. Mucha gente piensa que usted fue más bien ingenuo y que ese habría sido su pecado.
J. M. C.: Eso insulta la verdad. Yo sancioné los acuerdos y firmé los decretos relacionados con este tema, con el previo respaldo jurídico de la Personería y la Contraloría distritales, de la Junta Asesora y de Contratos del Distrito, y también, valga decirlo, con la opinión aquiescente del despacho del señor Procurador General de la Nación, quien tal y como consta en la in dagatoria rendida por mí, había sido consultado previa y personalmente, de modo informal, por los secretarios de Gobierno y de Hacienda -quienes así me lo contaron, y yo les creí y les sigo creyendo-, precisamente para atender las recomendaciones, que no prohibiciones, insinuadas por ese mismo despacho semanas atrás en una carta a Cabildo.
SEMANA: Pero eso no es lo que piensa el señor Procurador. Lo que se concluye al leer las cartas y demás documentos de su despacho al respecto es que él siempre estuvo en contra de que se aprobaran y pagaran esos auxilios.
J. M. C.: Déjeme y le cuento esta anécdota. Hace exactamente un año, el día en que se conoció el auto de detención del juez Lozano en mi contra, a instancias del señor presidente Gaviria, nos reunimos en el Ministerio de Gobierno con el ministro Humberto de la Calle y mi abogado Jaime Bernal Cuéllar. Luego llegó el señor Procurador y la primera frase que dijo para re ferirse al auto del juez Lozano fue que eso no era más que "una payasada temeraria". Todo para luego terminar avalando la actuación de dicho juez.
SEMANA: Pero no es por las opiniones del Procurador por las cuales usted y muchos concejales están en la cárcel, sino por decisiones de la Fiscalía que hasta ahora están en firme. ¿No cree que la Fiscalía sí ha sido consistente en sus planteamientos?
J. M. C.: No, para nada. La providencia de la fiscal 248 contradice claramente opiniones previas de la propia Fiscalía, concretamente del despacho del señor Fiscal, quien en un auto de junio 10 de 1992 había dicho -lo cito textualmente porque me lo aprendí de memoria- que "no puede endilgarse delito alguno a un funcionario público por acoger una razonable interpretación de un texto constitucional o legal". Eso y no otra cosa fue lo que yo hice como Alcalde Mayor de Bogotá: interpretar razonablemente la ley. Eso no es dolo en ninguna parte del mundo.
SEMANA: Pero eso lo dijo el Fiscal refiriéndose a los auxilios nacionales, que según la Fiscalía sí tenían una ley preexistente que los sostenía. . .
J. M. C.: Claro, es que aquí resolvieron que los auxilios malos eran los distritales, y ni siquiera los de todos los años desde 1968, sino solamente los que se dieron en 1991, cuando yo era Alcalde. Eso es lo que yo llamo sospechoso. Pero déjeme seguir enumerando irregularidades en la Fiscalía. La fiscal 248 incurrió en prevaricato cuando le dijo a principios de febrero a una ca dena radial que ella consulta sus decisiones con dos personas "muy lindas" a quienes ella aprecia muchísimo. Constituye una afrenta irreparable que yo lleve un año subjúdice y cinco meses preso, por cuenta de las actuaciones de funcionarios judiciales que manejan tan alegremente sus deberes y la honra ajena. Des pués de un año en que he dado las mayores muestras de aca tamiento, de fe en la justicia, creo que me ha llegado el turno de pasar de acusado a acusador.
SEMANA: En diciembre, en los días que siguieron a una entrevista suya con el Fiscal General, las personas que hablaron con usted lo vieron feliz, muy seguro de que los problemas estaban al borde de superarse definitivamente. Sin embargo, a fines de febrero volvió usted a la cárcel ¿ Qué lo tenía tan feliz en esos días y qué cree que cambió después?
J. M. C.: El 18 de diciembre en la tarde, como le consta a los periodistas que cubren la Fiscalía, mi abogado y yo salimos del despacho del señor Fiscal realmente muy contentos. El señor Fiscal me había dicho que era simpatizante de mi causa, que entendiera la demora de mi caso, justificada según él por su de seo de acertar, y que la providencia final, prevista para fines de enero, habría de llenar mis justas expectativas. Pero el alcance de aquella conversación quedó desvirtuado por la decisión de la fiscal 248 a fines de enero. Claro que por respeto no pretendo revelar mayores intimidades de esa charla y de otras anteriores, durante las cuales le informé al señor Fiscal, con pruebas al canto, sobre gravísimas irregularidades evidenciadas en la primera fase del proceso. Como puede verse, este proceso no solo ha faltado contra el derecho. Tampoco ha tenido consistencia ética.
SEMANA: ¿ Qué espera usted ahora de la Justicia?
J. M. C.: Yo guardo fe en el sentido de que se hará justicia tarde o temprano. Pero hay cosas que me preocupan. Abrigo temores en primer lugar frente a la Fiscalía de segunda instancia, que debe resolver las apelaciones y demás recursos, pues ese fiscal de segunda instancia conoce ya, porque fueron públicas, las declaraciones, las opiniones anticipadas de su superior jerárqui co, el señor Fiscal General quien respaldó íntegramente la providencia de la fiscal 248. Por todo ello es válido preguntarse sobre la independencia con que pueda llegar a actuar esa segunda instancia. ¿Va a atreverse ese fiscal de segunda instancia a resolver los recursos con una tesis distinta de la de la fiscal 248, que fue ya avalada por el jefe de todos ellos, el señor Fiscal?
SEMANA: Usted ha hablado en varias ocasiones de que esto es un proceso ensombrecido por intereses políticos, pero nunca los ha precisado. ¿A qué se refiere con ello?
J. M. C.: Personas de la clase política que tradicionalmente usufructuaron los auxilios, con claros intereses electorales, con ganas de quedarse con los votos de los afectados, de modo fariseo ahora denigran contra ese sistema y me atacan ferozmente. Y además, no hay que olvidar que esto se inició por denuncia de un dirigente del M-19, que en aquel entonces andaba con ganas de sa lir en los periódicos, de posicionarse también con intereses electorales. Yo me he preguntado muchas veces: ¿es que acaso esos señores cambiaron el terrorismo de los fusiles por el terrorismo moral? Esto sí son los pájaros tirándole a las escopetas. Y fíjese que cuando hablo de terrorismo moral no estoy exagerando: finalmente, el gran objetivo del terrorismo siempre es el de confundirlo todo, lo legal con lo ilegal, lo bueno con lo malo, lo justo con lo injusto. Y eso sí que lo han logrado.

¿Tiene algo que decir? Comente

Para comentar este artículo usted debe ser un usuario registrado.