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| 11/20/2012 12:00:00 AM

Y ahora… ¿qué puede hacer Colombia?

Conocido el fallo de la Haya las opiniones están divididas entre quienes creen que no se debe acatar la decisión y los que piensan que sí. Semana.com explica cuáles son los escenarios para el país, entre ellos dilatar por 10 años el cumplimiento de la sentencia.

La sentencia de la Corte Internacional de Justicia significó un importante golpe moral, histórico y geográfico para el país. A pesar de que la Corte le reconoció a Colombia soberanía sobre los siete cayos en disputa, le recortó una porción de mar de aproximadamente 75.000 kilómetros. Una zona de gran importancia económica para los pescadores y la productividad del archipiélago.

Después del fallo conocido en la mañana del lunes, la incertidumbre se apoderó de los colombianos quienes no estaban preparado para recibir una sentencia de tal magnitud. A lo largo del día, el presidente Juan Manuel Santos mantuvo reuniones con asesores, fuerzas políticas y expertos, en la búsqueda de consejos sobre cómo reaccionar.
Finalmente y minutos antes de las siete de la noche, Santos anunció, de manera sorpresiva, que “rechazaba” apartes de la sentencia realizada por los jueces de la Haya.

Seguidamente otras voces, como la del expresidente Álvaro Uribe, sugerían que no se acatara la decisión sin importar las consecuencias: "Colombia tiene que hacer de cuenta que la sentencia no existe, hacer un esfuerzo que traerá dificultades, tensiones, pero hay que hacerlo por los intereses superiores de la patria”.

En la mañana del martes y con mayor prudencia, la canciller María Ángela Holguín, sin ocultar de que se trata de un “momento muy difícil” para el país, dijo que todavía no se puede decir si se acatará o no la decisión de la CIJ hasta que no se haga un estudio a fondo del fallo.

Mientras el Gobierno medita qué decisión tomar, a sabiendas que la decisión de la Corte es inapelable y que no acatar el fallo sería desconocer el derecho internacional, existen tres escenarios posibles para el país.

Dilatar el caso
A pesar de que en los últimos años la Corte se ha empeñado en que haya celeridad en los casos sobre los que falla, la realidad es que transcurre mucho tiempo hasta que estos procesos entran en vigencia. Por este motivo, la CIJ estima un tiempo prudencial de hasta diez años para que las partes cumplan la sentencia antes de pasar a ejercer presión sobre ellas.

El antecedente más recordado por su tardanza es el de Albania contra Gran Bretaña y la disputa por los estrechos de Corfú, que separa las costas de Albania con Grecia. A pesar de que la Corte resolvió a favor de los albaneses en 1949, Gran Bretaña acató la orden en 1992. Un caso más reciente es el de Nigeria, que se demoró diez años para cumplir una sentencia favorable a Chad, evitando así que se trasladara al Consejo de Seguridad de Naciones Unidas.

Los trámites legales que Colombia deberá hacer para cumplir con la sentencia, no son pocos tal y como advirtió el presidente en su discurso. “El artículo 101 de nuestra Carta dice que 'los límites señalados en la forma prevista por esta Constitución sólo podrán modificarse en virtud de tratados aprobados por el Congreso, debidamente ratificados por el Presidente de la República”, dijo Santos.
Colombia también podrá alegar que llevará tiempo resolver la compleja situación de los enclaves en la que quedaron algunos de los cayos y que tendrá que tratar otros acuerdos marítimos con algunos de sus vecinos. La dilatación del caso, dentro de los plazos razonables, puede ser una maniobra política para buscar acuerdos con Nicaragua que le sean más favorables.

No cumplir
Sin duda la opción más difícil es la de no acatar la sentencia de la Corte. No sólo porque implicaría el rechazo internacional sino porque podría acarrearle diferentes sanciones, que en un caso extremo podría significar hasta la confrontación armada.

Como recuerda el profesor internacionalista de la Universidad del Rosario, Ricardo Abello no ha habido ningún país que se haya negado a acatar un fallo de la Corte. “Equivocadamente se piensa que Estados Unidos no cumplió la sentencia de la Corte que lo obligó en 1986 a indemnizar a Nicaragua por 17.000 millones de dólares, pero no es así. EE.UU. llegó a un acuerdo con ese país, que si bien no tenía nada que ver con la decisión inicial, sí implicó que se le pagara esa plata por concepto de cooperación y amistad”, aclara Abello.

Sin embargo, en el hipotético caso de que el país no cumpliera con esta sentencia, la primera acción sería la de poner buques de guerra en la antigua frontera y negarle el paso a las naves nicaragüenses.

Esta actitud, que para los analistas es inviable, significaría “darle la espalda a las normas internacionales y sería ir en contra del mayor órgano de justicia mundial. Además la intención de Colombia es de convertirse en un líder regional, que acata los organismos internacionales, por eso resultaría completamente contradictorio que el presidente tomara una decisión de este tamaño”, explica el jurista e internacionalista, Juan Ramón Martínez.

En este escenario, Nicaragua tendría la potestad de acudir al Consejo de Seguridad de Naciones Unidas quien tiene la potestad de adelantar acciones contra Colombia para hacerle cumplir el fallo, con medidas que van desde el uso de la fuerza, la interrupción de las comunicaciones o el bloqueo de puertos.

Pero más allá de estas represarías, el incumplimiento de la sentencia sería un pésimo referente para Colombia que es un estado garante del derecho internacional.

Obedecer
Después de conocer la resolución de la Haya y durante su intervención a los nicaragüenses, el presidente Daniel Ortega envió un mensaje al presidente Santos: “Bienvenido a San Andrés señor presidente Santos”.

Unas palabras desafiantes que enardecen aún más la relación entre ambos países que estarán obligados a sentarse a la mesa para negociar tratados de convivencia marítima. Como dijo este martes la canciller Holguín, “por petición de los sanandresanos, tenemos que tener una relación buena con el Gobierno de Nicaragua".

Y es que de ahora en adelante, el Gobierno colombiano tendrá que buscar el mejor de los acuerdos para Colombia, que le permitan a los pescadores del archipiélago el paso por las aguas en los lugares del enclave. “Se deberá llegar a un acuerdo para la vigilancia y protección de ese territorio limítrofe, además de negociar acuerdos para que los pescaderos tengan la opción de una cuota de pesca en esas aguas”, explica Juan Ramón Martínez.

En contravía de lo que dijo el exmandatario Uribe, el expresidente Ernesto Samper, se refirió al tema y dijo que “nuestra política exterior ha estado relacionada con el respeto del derecho internacional y la solución pacífica de las controversias. Aunque eso no significa que estemos satisfechos con la decisión" y planteó buscar caminos que alivien el impacto de la decisión tomada en La Haya. "La decisión no es un blanco y negro, hay que transitar un camino de aclaraciones", puntualizó.

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