¿Ahora qué?

La semana pasada la ayuda norteamericana para Colombia parecía empantanada. Los reportes de prensa han sido poco alentadores. Además de la sostenida oposición de las ONG de derechos humanos y de buena parte de los congresistas demócratas se presentó un escollo adicional. Se trata de un rompimiento del consenso en favor de la ayuda dentro de la bancada republicana en el Senado, que en un comienzo la había apoyado en bloque.

¿Significa esto que la ayuda se cayó o simplemente que se aplazará por un año? ¿Ganaron las ONG, que lograron asustar a los congresistas sobre las consecuencias de entregar recursos a gobierno y Ejército colombianos? ¿Se acabó el Plan B del gobierno, el garrote que tenía planeado Pastrana dentro del proceso de paz? Estos fueron los interrogantes que surgieron en Colombia en relación con lo sucedido en las acaloradas sesiones de la semana pasada. La verdad es que ninguno de ellos tiene una respuesta segura a estas alturas.

Todo depende de los intereses detrás de las posiciones de la ‘disidencia’ republicana del Senado, comandada por el líder de las mayorías de ese partido en la Cámara alta, Trent Lott. Su contraparte en la Cámara, Denis Hastert, ha sido el gran abanderado del paquete de ayuda y el principal aliado de Colombia y de la administración Clinton en todo este proceso. Sin embargo Lott decidió montar toldo aparte en el Senado y ha asegurado que el debate no es una emergencia y que por tanto debe tramitarse como parte del proyecto de apropiaciones de política exterior del año fiscal 2001. Como el período fiscal 2001 comienza en octubre esto demoraría en por lo menos un año el desembolso de la plata. Las consecuencias para el gobierno serían graves, especialmente porque la dinámica del proceso de paz ha estado montada sobre el dinero que vendrá del paquete estadounidense, tanto en el garrote para la guerra como en la zanahoria para la paz.



¿Que sucederá entonces?

Si el interés detrás de la posición de Lott y su grupo de senadores republicanos es el de obligar a la administración Clinton a dar la cara y responsabilizarse políticamente en un año electoral por gastarse 1.300 millones de dólares de los impuestos estadounidenses, entonces es probable que el gobierno Clinton se dé la pela. Esta administración no puede darse el lujo de dejar hundir el proyecto por razones electorales así la cuenta de cobro tenga que pagarla el vicepresidente Albert Gore. Como dijo la semana pasada Brian Sheridan, un alto funcionario del Pentágono, “No tenemos Plan B”, lo que quiere decir en plata blanca que la administración se ha jugado y se jugará con todo por sacar la ayuda. En este caso es probable que el tema se desempantane en los próximos días.

Una segunda alternativa, la más preocupante, es que haya en el establecimiento norteamericano una masa crítica de congresistas republicanos y demócratas, junto con analistas y medios de comunicación, que consideren que no vale la pena gastarse esa plata en Colombia. En ese caso Lott simplemente estaría interpretando este sentimiento y el mencionado aplazamiento del debate no sería más que una estratagema para hundir el paquete del todo. Esta hipótesis supone que un número importante de personajes influyentes en Washington consideran que Colombia es un Estado corrupto, con una profunda crisis de gobernabilidad, una clase dirigente fragmentada, unas fuerzas armadas que violan los derechos humanos y un establecimiento que se ha dedicado a disfrutar sus privilegios sin sacrificar mucho por solucionar los problemas del país. Estos personajes argumentan que ningún colombiano que sea bachiller muere combatiendo, y menos aún alguien perteneciente a la clase dirigente. Que el costo que ha pagado la dirigencia en esta guerra no ha sido voluntario sino impuesto por las circunstancias, como el secuestro o el asesinato de líderes políticos o empresariales. Y cuya estrategia ha sido la del caracol: cuando la situación se pone difícil, decretar el sálvese quien pueda y huir en desbandada hacia Miami.

En otras palabras, se trataría de una parte importante de la intelligentsia estadounidense llegando a la conclusión de que el paquete de ayuda no solucionará el problema en Colombia y, en el mejor de los casos, tan solo llevará a Estados Unidos a involucrarse aún más en un conflicto en el que tiene pocas probabilidades de salir bien librado.

Lo único claro a estas alturas es que es muy probable que en poco tiempo se sepa por dónde llega el agua al molino. Esta semana habrá una votación clave en la plenaria de la Cámara de Representantes, y del resultado dependerá en buena medida lo que suceda. De ser cierta la primera interpretación, o sea que todo se trata de una estratagema política, entonces el gobierno y el país pueden respirar tranquilos por ahora. De ser la segunda tesis, al país seguramente no le quedaría alternativa distinta a la de enfrentar un debate que se ha venido posponiendo desde hace años en Colombia. El de la posible legalización unilateral de la droga.

El Plan Colombia no es nada distinto que un acuerdo entre Colombia y Estados Unidos para hacer un último esfuerzo en ganar la guerra contra la cocaína y la heroína. Colombia pone la sangre y Estados Unidos pone los dólares. El problema sería que Estados Unidos no quiera poner los dólares. ¿Puede y debe Colombia entonces poner la sangre y la plata para luchar contra un cáncer alimentado por el consumo norteamericano y el mundo desarrollado? La respuesta lógica es que no debería hacerlo. Pero los estadounidenses podrían estarle apuntando a algo muy simple: si bien los colombianos ponen la sangre, no la pone la clase dirigente. Y lo más probable es que asuma poner tanto la sangre (que no es suya) y la plata (que tampoco es suya, porque los impuestos deberían invertirse en el bienestar de la población y no en comprar helicópteros Blackhawk) antes que enfrentarse al tío Sam.

Por ahora lo único cierto es que ni el gobierno colombiano ni el norteamericano han tirado la toalla frente a la ayuda en el Congreso gringo. La semana que viene, sin duda, será decisiva.