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| 11/24/2007 12:00:00 AM

Y ahora... ¿quién podrá defendernos?

En las últimas semanas se han conocido dos fallos que suman 270 millones de dólares contra intereses públicos. El primero, por Granahorrar, y ahora el del Metro de Medellín. Son apenas el abrebocas de los riesgos que enfrentan las finanzas del Estado.

Un rosario de demandas que pesa contra la Nación amenaza seriamente con desangrar las finanzas del Estado. Las pretensiones de los demandantes, en cerca de 85 procesos, ascienden a 79,3 billones de pesos. La cifra es exorbitante. Equivale a casi dos terceras partes del Presupuesto General para 2008, que vale 125,7 billones de pesos.

Según la Contaduría General, ya varias entidades han tenido que provisionar (hacer una reserva ante la alta probabilidad de la pérdida) por 7,4 billones de pesos. Esos son dos puntos y medio del Producto Interno Bruto (PIB) del país. Hasta el tercer trimestre de 2007, la Nación había pagado en indemnizaciones 206.200 millones de pesos. El año pasado las condenas ascendieron a 420.600 millones.

El tema tiene en máxima alerta al gobierno. Para el próximo año hay presupuestados 350.000 millones de pesos para atender el pago de sentencias judiciales y conciliaciones. La suma parece poca ante lo que se puede venir encima.

A partir del martes comienzan a correr los intereses de mora sobre los 224.000 millones de pesos que deberá pagar la Nación por el pleito que perdió con los viejos accionistas de Granahorrar. El gobierno no ha terminado de diseñar la estrategia con la que busca contraatacar la sentencia del Consejo de Estado, pero el taxímetro de los intereses sobre el valor de la indemnización que ordenó el contencioso administrativo ya comenzó a correr.

Para completar este mes negro para las finanzas del Estado, un tribunal de arbitramento internacional acaba de condenar al Metro de Medellín en una suma de 160 millones dólares. Si bien, en estricto sentido, la Nación no es parte de este proceso, no hay completa seguridad de que no tenga que asumir alguna parte de esta millonaria indemnización.

Los dos casos tienen al gobierno preocupado y a muchos otros preguntándose si la Nación se está defendiendo bien ante los jueces. Que en cuestión de 15 días las finanzas públicas se hayan visto golpeadas en cerca de 270 millones de dólares, más de medio billón de pesos, no es para estar tranquilos. Al ministro de Hacienda, Óscar Iván Zuluaga, por lo menos le descuadran sus cuentas y lo ponen a sacar plata de donde no hay para cumplir con los fallos que pierden los abogados del Estado.

No sería razonable decir que los profesionales que defienden los intereses públicos no son competentes. La verdad sea dicha, la Nación también gana muchos pleitos, pero cuando los pierde, son de gran 'calado'. El tema es tan agudo, que el procurador general, Edgardo Maya, inició hace dos años una batalla para alertar al país sobre esta delicada situación.

El jefe del Ministerio Público puso el dedo en la llaga cuando afirmó que el Estado sigue incurriendo en errores y omisiones que se reflejan en la cantidad de demandas que representan billones de pesos. En aquella ocasión, el Procurador señaló que el Estado desconoce las normas que le favorecen a la hora de defenderse dentro de los procesos que cursan ante el Consejo de Estado y los Tribunales Administrativos de Departamento.

Maya Villazón le ha pedido al gobierno que refuerce los entes jurídicos, que inicie labores preventivas y emprenda los cobros a quienes originan el daño por la mala administración pública.

¿Qué tanto éxito tiene el Estado en los procesos en su contra? "En los tribunales de arbitramento el gobierno siempre pierde", señala uno de los abogados más expertos en estas lides, pero también reconoce que es muy difícil ganarle un negocio a la Superintendencia Financiera o al Banco de la República.

Parece una conclusión no tan acertada, por lo menos, por lo visto en los últimos días, cuando los ex accionistas de Granahorrar ganaron una multimillonaria demanda contra el Fogafín y la Superintendencia Financiera. En el caso del Metro de Medellín sí parece haberse cumplido, pues fue un tribunal de arbitramento el que le concedió la razón al consorcio privado hispano-alemán en sus pretensiones.

A buscar recursos

Ya vencidos en juicio, ahora el gobierno y el Metro de Medellín buscan afanados los recursos legales que podrían interponer para tratar de cambiar el rumbo de la sentencia y el laudo. Todo un desafío para los juristas, porque en el caso de Granahorrar, se trata de una sentencia en última instancia que desde el punto de vista formal no tiene ningún recurso. Como quien dice, tendrán que jugársela a fondo los abogados del gobierno, cuyo prestigio ha quedado maltrecho después de tan millonaria condena.

La Superintendencia Financiera y el Fogafín están evaluando qué alternativas legales hay, dentro de lo cual cabe la posibilidad de una tutela contra el fallo.

El superintendente, César Prado, recordó que la Corte Constitucional ha manifestado de forma reiterada que sí proceden las acciones de tutela contra sentencias judiciales ejecutoriadas cuando haya habido una vía de hecho. "Estamos evaluando si en este caso, como todo parece indicarlo, habría argumentos de hecho serios para intentar esa acción", dijo.

La posibilidad de emprender una acción de repetición (acto en contra de los ex funcionarios que como consecuencia de su conducta dolosa o gravemente culposa haya dado reconocimiento indemnizatorio por parte del Estado) contra la ex Superintendente Bancaria, Sara Ordóñez, o el ex director de Fogafín, Francisco Azuero, está descartada por ahora, ya que el gobierno les dio la razón a las actuaciones que ellos tuvieron en el caso.

Mientras se definen los recursos que se utilizarán, la ley le otorga un plazo de 18 meses para que las entidades cumplan con la sentencia.

Dada esta cuantía, ni la Superintendencia Financiera ni el Fogafín han incorporado en sus presupuestos de 2008 las partidas que les corresponde de la indemnización (50 por ciento a cada una). Habrá que tramitar una adición presupuestal para poder atender el fallo.

En el caso del Metro de Medellín, la entidad tiene 90 días para pagar los 160 millones de dólares que ordenó el Tribunal Internacional de Arbitramento de Panamá. Frente a esta situación, el gerente del Metro, Ramiro Márquez, asegura que agotarán todas las instancias consagradas en la ley colombiana e incluso el recurso de anulación. El laudo que acaba de proferir el tribunal es sin duda un hito más en la ya larga cadena del diferendo jurídico entre el Consorcio hispano-alemán y la Empresa del Metro.

Algunos abogados señalan que habrá que revisar con detenimiento la decisión, que tiene cerca de 800 páginas, para saber si en algún caso se responsabiliza a la Nación por alguna demora en la construcción del Metro. El Ministro de Hacienda, sin embargo, confía en que este golpe no lo tenga que atender también él.

Dentro del tema jurídico la empresa paisa tiene interpuestas varias demandas ejecutivas contra el Consorcio y las compañías aseguradoras del contrato 49 de 1984 que expidieron las pólizas de cumplimiento. En estas demandas, el Metro ha ganado varios procesos por una suma cercana a los 163 millones de dólares. Y también hay otro tema 'gordo' sin resolver desde hace 10 años en la justicia colombiana, y es la demanda de reconvención elevada por el Metro contra el mismo consorcio constructor por perjuicios y lucro cesante con pretensiones por 525 millones de dólares. Esta larga lucha en los tribunales parece darles la razón a quienes dicen que a la par con la obra se construyó también un pleito.

En este caso, como en el Granahorrar, está por verse si los abogados logran, a través de los recursos de anulación, apelación o tutelas, darles vuelta a estos fallos en los que se condenaron a sus clientes y que tienen en calzas prietas a la Nación.
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