Jueves, 8 de diciembre de 2016

| 2015/08/18 20:18

Ahora sí, que tiemblen los carteles empresariales

El Gobierno presentó un proyecto de ley que endurece las penas para quienes atenten contra la libre competencia.

Los casos más recientes denunciados por la Superintendencia en materia de cartelización son los de los pañales, el papel higiénico, cuadernos, y cemento. Foto: La Tercera

Un duro garrote para los empresarios que hagan pactos para atentar contra la libre competencia trae un proyecto de ley que presentó el Gobierno ante el Congreso. La iniciativa eleva drásticamente las multas con el fin de frenar la cartelización empresarial.

El proyecto, presentado por la ministra de Industria, Comercio y Turismo, Cecilia Álvarez, y el superintendente de Industria y Comercio, Pablo Felipe Robledo, aumenta las multas que hoy tienen un tope de hasta 100.000 salarios mínimos, es decir, alrededor de 65.000 millones de pesos. Según los funcionarios, aunque esta es una cifra elevada, en muchos casos puede resultar inferior frente a las conductas empresariales que se han beneficiado con acuerdos de precios, durante largos períodos de tiempo, y que tienen altos ingresos por ventas.

Por eso se propone que las sanciones sean proporcionales al daño económico que ocasionan. De ser aprobada la iniciativa, las multas podrían ascender hasta el 30 % de las ventas anuales del producto involucrado, o hasta el 10 % de los ingresos o el patrimonio de la empresa investigada. Se estaría hablando entonces de multas multimillonarias, que castigarían duramente a las compañías que se cartelicen, con lo cual Colombia seguiría el ejemplo de otros países, como ocurre con varias naciones europeas que han impuesto sanciones ejemplares a los carteles de la leche, de la basura, de los cosméticos y productos de aseo y de las salchichas, entre otros.

Adicionalmente, se propone que las empresas queden inhabilitadas para contratar con el Estado durante un período comprendido entre dos meses hasta cinco años. El proyecto también faculta a la Superintendencia para ejercer acciones penales por dichos actos.

Sin embargo, la iniciativa también trae una zanahoria. Se trata de una propuesta, que sin duda generará controversia, y que señala que los beneficios por colaboración o delación se podrían extender incluso a los determinadores o instigadores del cartel empresarial. Esto tiene como finalidad permitir que haya más delaciones para que las autoridades puedan desmantelar estas actuaciones irregulares en contra de la libre competencia. Quien delate la existencia de un cartel, así haga parte de él, saldría beneficiado porque no se le cobrarían las millonarias multas propuestas. Pero los que secundaron el acuerdo sí quedarían en la picota pública.

La iniciativa contempla que cuando un delator obtenga el perdón total por parte de la Superintendencia de Industria y Comercio, la Fiscalía General de la Nación le otorgará el principio de oportunidad.

Con este proyecto el Gobierno pretende contrarrestar las conductas puestas en marcha por algunas empresas nacionales y multinacionales extranjeras, que se ponen de acuerdo en los precios de varios productos básicos, con lo cual afectan a millones de consumidores.

Los casos más recientes denunciados por la Superintendencia en materia de cartelización son los de los pañales, el papel higiénico, cuadernos, y cemento, entre otros. En las investigaciones de la entidad se han recolectado pruebas sobre acuerdos de precios durante más de un década, con lo cual las empresas involucradas habrían obtenido millonarias ganancias.

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