Martes, 6 de diciembre de 2016

| 2016/04/14 15:12

La fuerte intervención de Aída Avella en Cartagena

En una discusión sobre el estatuto de la oposición, la dirigente de la UP dice que en Colombia no hay pena de muerte, pero a un partido se la aplicaron. "No hay garantías para hacer política".

La concejal dice que más de 5.000 personas, dirigentes y militantes del partido, fueron asesinados, y otro tanto desaparecidos. Foto: Archivo SEMANA

Aída Avella, la concejal que a comienzos de los años 1990 se salvó milagrosamente de un atentado con bazuca en las calles de Bogotá, la mujer que estuvo 18 años exiliada en Suiza y la dirigente que ahora encarna la resurrección de la Unión Patriótica (UP), fue tajante en afirmar que en Colombia “no existen garantías para el ejercicio de la oposición política”. Empezando porque no se respeta el más básico de los derechos: el de la vida.
 
La dirigente de la UP fue la encargada de abrir las discusiones durante el encuentro ‘En la ruta de la paz’, iniciativa liderada por el Ministerio del Interior que reunió a voceros de los partidos políticos, las altas cortes, el consejo electoral, y en el que se pretende trazar los pilares de las principales reformas al sistema político y electoral que deriven de la eventual firma de la paz entre el Gobierno y la guerrilla de las FARC. El evento fue instalado este jueves en Cartagena y será clausurado por el presidente de la República.  
 
Y su testimonio fue un relato de la dureza que tuvieron que padecer sus compañeros de la UP entre finales de los años 1980 y comienzos de los 1990, tiempo en el que, según Avella, “nos tocó llenar los cementerios enterrando a nuestros compañeros”. Dice que más de 5.000 personas, dirigentes y militantes del partido, fueron asesinados, y otros tantos desaparecidos.  
 
Eran años en los que “nadie se sentía seguro”, relata. “Nos buscaban con lista en mano, y los planes de atentar contra nosotros salían de los propios cuarteles, de la cúpula del Ejército”. Aída asegura que hoy la historia se está repitiendo. “¿Cómo así que el Ejército más grande de Colombia no sea capaz de controlar un para armado organizado por los despojadores de tierras? ¿Por qué no había ni un solo soldado en las calles? Estamos volviendo a los terribles años 1980, no puede seguir la matanza contra los reclamantes de tierras”.

Y agregó: “Pero lo más insólito es que el procurador general, elegido para defender los derechos humanos de los colombianos, esté andando con parte de los bandidos de este país, los que formaron ejércitos privados (…) entonces, ¿cuáles garantías?”
 
El relato de Aída no era aislado. Los congresistas reunidos debatían sobre el estatuto de la oposición, la principal asignatura de la Constitución del 91, y uno de los acuerdos dentro del punto de participación política firmados por el Gobierno y las FARC en La Habana.

La dirigente de izquierda consideró que el actual Congreso es ilegítimo para tramitar estas reformas y que lo primero que debe hacer el Estado colombiano es “reconocer públicamente el genocidio de la UP”.

Avella también consideró que es “imposible” competir en las elecciones si no se cuenta con “cajas y cajas de dinero”, por eso, asegura, su movimiento no pudo sacar un solo congresista en el 2014, cuando la UP recuperó su personería.
 
“Díganme entonces cómo competíamos, primero nos enviaron al ostracismo y luego cada voto que conseguíamos lo mataban”.

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