Con Aida Merlano en la cárcel, ¿habrá silla vacía para los Conservadores?

El suerte política de la congresista Aida Merlano está echada. La Corte Suprema decidió dictar medida de aseguramiento en su contra por tres delitos, relacionados con un moderno sistema de compra de votos que fue encontrado en su ‘casa blanca‘ en Barranquilla. Con esta sindicación, la parlamentaria pierde automáticamente la curul que tenía en la Cámara de Representantes, y no podrá posesionarse en la que conquistó en el Senado en las recientes elecciones, y en la que debía posesionarse el próximo 20 de julio.

Aunque el futuro cercano de Merlano está fuera del Capitolio, es incierto lo que pasará con la curul que en teoría ganó la suspendida congresista en las urnas, con 73.250 votos. Ese resultado le permitió alcanzar uno de los 15 escaños del Partido Conservador en el Senado, pero la pregunta que surge tras la detención de la congresista es si los godos podrán reemplazarla, o perderán la silla. 

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La norma es clara en señalar que quienes sean vinculados a investigaciones penales, específicamente en delitos contra de la participación democrática, no podrán ser reemplazados en el Congreso. Esta disposición está contenida en el artículo 134 de la Constitución gracias a la reforma política de 2009, norma que establece, además, que quienes sean cobijados con medida de aseguramiento privativa de la libertad no podrán tener ser reemplazados, y su partido perdera la curul. Es la sanción que se conoce con el nombre se silla vacía. 

Los azules, con Merlano en su lista, obtuvieron 1.9 millones de votos el pasado 11 de marzo que les representó 15 curules para el Senado. Y aunque la norma parezca clara en señalar que el los conservadores no podrían reemplazar esa curul, invocan el argumento de que la elección no ha sido declarada al momento de su captura, por lo tanto la conducta que investiga la justicia la cometió en su condición de representante a la Cámara, y no como senadora electa.   

Algunos consideran que podría abrirse camino una interpretación legal bajo la cual el Consejo Nacional Electoral se abstenga de declarar la elección y llame al que sigue en votos, que en este caso sería la exconcejal de Bogotá Soledad Tamayo quien alcanzó 59.149 sufragios. Sin embargo, otros sectores creen que esta opción va en contra del espíritu de la norma, y que lo que busca es atajar estos fenómenos de corrupción y castigar de paso a los partidos por la inclusión en sus listas de candidatos inmersos en problemas legales. 

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En entrevista con SEMANA, Merlano aseguró la Fiscalía se apresuró y dio un informe de unos cargos que resultaron ser falsos. "Hubo total desinformación sobre una tecnología sofisticada de sistema bidimensional para hacer seguimiento al elector siendo esto una falacia más. El código QR no representa ninguna función de control ni mucho menos de seguimiento, sólo es un mecanismo de difusión que arroja la frase ‘La Unión hacer la fuerza‘ y ‘Gracias por tu apoyo‘".

Sin embargo, al revisar la evidencia, el alto tribunal valida lo hallado y toma la decisión de iniciar un proceso penal en su contra por los delitos de corrupción al sufragante agravado; ocultamiento, retención y posesión ilícita de cédulas, y fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego. Cargos que podrían darle una pena superior a los seis años de prisión. Por ello, a partir de ahora Merlano se apartará de su lugar en el capitolio para defenderse desde las celdas de la cárcel El Buen Pastor de Bogotá. 

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