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| 5/11/1992 12:00:00 AM

AL BANQUILLO

Llueva acusaciones sobre posibles faltas de ética por parte del ministro de Gobierno. Qué es verdad de todo eso?


EL MINISTRO DE GOBIERno. Humberto de la Calle Lombana, es uno de los personajes colombianos con mayor dimensión política en el momento. Al punto de que no son pocos los que consideran que puede llegar. más pronto o más tarde, a la propia Presidencia de la República. Por eso cualquier denuncia en contra suya tiene una dimensión importante. Y la semana pasada sucedió.
La primera se produjo cuando el diario El Espectador lo denunció por haberse posesionado como ministro mientras estaban vigentes dos contratos que lo vinculaban como abogado con la Empresa de Energía Eléctrica de Bogotá. Los contratos se mantuvieron vigentes hasta dos meses después de su posesión, cuando la Empresa de Energía aceptó hacer una cesión de estos a Jorge Eduardo Chemás, vecino de oficina de De la Calle y muy vinculado por años al ministro.
Pero una segunda denuncia hizo pasar el asunto de castaño a oscuro. El mismo diario bogotano afirmó el pasado 2 de abril que el ministro de Gobierno había pedido un concepto al Consejo de Estado. utilizando su investidura. a través de la cual había aportado argumentos para la defensa del cliente de su ex vecino, (aludiendo al abogado Chimás). Se trataba de un proceso de conciliación instaurado por la firma rumana Ice Electronum contra la Empresa de Energía de Bogotá por un asunto relacionado con la fabricación de unos contadores de energía para el Distrito. Y fue el caso del concepto pedido por Humberto de la Calle el que se convirtio en la puerta de entrada a un problema mucho mayor, que tuvo sus inicios en 1988 y que saltó a la opinión pública con la actuación del ministro de Gobierno.
En mayo de ese año la Empresa de Energía le adjudicó) a la firma rumana mencionada una licitación para la compra de contadores domiciliarios para cuantificar el consumo de energía. De acuerdo con la administracion actual de la EEB, los rumanos enviaron un prototipo distinto del que requería la ciudad. Por esa razón, la sucrencia técnica recomendó que no se le adjudicara el contrato a esa firma. Ese concepto no fue tenido en cuenta, pero tampoco es una opinión que la gerencia tenga que acatar por obligación. En diciembre de 1989 empezaron a llegar los primeros contadores fabricados por Ice Electronum.
En 1990, cuando habian llegado unos pocos contadores, se posesionó como gerente de la Empresa de Energía Lázaro Mejía Arango, quien se encuentra con dos problemas igualmente graves.
Uno, que el Banco Mundial está presionando fuertemento a la Empresa para que instale contadores en Bogotá, puesto que el Banco le atribuye a la falta de control sobre los consumos altos de energía uno de los problemas fundamentales en materia de ingresos para la EEB. El BM tiene cuantificada en el 23 por ciento el consumo total de la ciudad. Tan grave es el problema, que según Mejía Arango la falta de instalación de estos aparatos implicó que el Banco Mundial se abstuviera de girar la tercera parte (75 millones de dólares) de un préstamo para el sector eléctrico colombiano.

La Empresa de Energía de Bogotá empezó a estudiar la posibilidad de declarar la caducidad del contrato, argumentando incumplimiento del mismo por parte de la firma rumana. El tema fue llevado a la junta directiva y ésta aprobó la decisión de declarar la caducidad del contrato.
Esta determinación, sin embargo, no solucionaba el problema de la falta de contadores y de la presión del Banco Mundial. La EEB le pide entonces al alcalde la declaratoria de urgencia para poder hacer una compra directa de contadores. y éste la concede. Además,el Banco Mundial manifiesta que está dispuesto a financiar una compra directa, siempre y cuando se haga con alguna de las empresas que participaron en la anterior licitación. El argumemnto prácico del Banco es el de que esas empresas ya fabricaron el prototipo de contador específico para Bogotá. Es así como se hace un contrato con una firma yugoslava, que era la que había hecho la segunda oferta en cuanto a ventajas en el precio, pero cuyo contador sí podía adaptarse a las particularidades de la ciudad.

Los yugoslavos mandan 80 mil contadores y el Banco Mundial recomienda la compra de 200 mil más. Se abre una nueva licitación y se la ganan los mismos yugoslavos. Y ahí estalló el jaleo. La empresa rumana, a través del abogado José Joaquín Bernal Arévalo, instaura un proceso contra las resoluciones que declararon la caducidad del contrato, y la EEB nombra a la abogada Susana Montes de Echeverri. Pocos días después, Ice Electronum envía una propuestade conciliación que empieza a ser estudiada por la empresa.

Y es en ese proceso de averiguaciones sobre la viabilidad jurídica de la conciliación donde entra en escena Humberto de la Calle. Después de varios debates candentes en la junta directiva y tras unas no menos acaloradas reuniones de conciliación entre las partes Lázaro Mejía, gerente de la EEB, le solicita a de la Calle que le pida al Consejo de Estado, en su calidad de ministro, un concepto al respecto.

Durante todo este proceso, el gerente de la Empresa de Enebgía y su asesora jurídica consultaron en distintas oportunidades a Carlos Eduardo Chemás, debido a que el abogado ganó en favor de la Empresa el contrato que tenía Humberto de la Calle a la hora de ser nombrado ministro. Se trataba de la defensa de la EEB frente a las pretensiones económicas del consorcio Vianini Entrecanales relacionadas con la construcción de la represa del Guavio. Esa relación cercana es la que explica que el concepto del Consejo de Estado, que cumplió todos los requisitos legales de tráme, haya llegado al fax del abogado Chemás.

Cuando el trámite de ese concepto estaba en curso, el abogado de la empresa rumana llegó con un fallo de la Corte, a través del cual consideraba que se respaldaba jurídicamente la conciliación. El asunto fue llevado de nuevo a la junta y esta decidió no aceptarla.

Pero volviendo a las acusaciones contra el ministro de Gobierno, que generaron todo ese alboroto, ¿qué hay de malo en todo lo que él hizo? La denuncia sobre que tenía contratos con una empresa del Estado mientras era ministro de Gobierno no tiene ninguna importancia, en la medida en que él renunció al contrato mucho antes de posesionarse y desde entonces no ejerció su profesión. El cruce de actividades obedeció a que durante todo el período de final de año no se reunió la junta de la Energía y el asunto se vino a resolver técnicamente a comienzos del año siguiente. En cuanto a que el ministro favoreció a su compañero de oficina al pedir el concepto del Consejo de Estado, eso es totalmente falso. Chemás no era el apoderado de la empresa en ese proceso, sino la abogada Susana Montes de Echeverri.
Y de acuerdo con la gerencia de esa entidad, no haber aceptado la conciliación le significó no haber tenido que pagar cinco millones de dólares a la firma rumana.

En lo que sí podría haber una ligereza por parte del ministro es en haber permitido que se enviara el concepto por fax a la oficina de Chemás, y no al despacho del gerente de la EEB, su más directo destinatario. Fuera de esto no hay nada más en todo este asunto.
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