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| 10/5/1987 12:00:00 AM

AL BANQUILLO

En los debates en el Congreso a los ministros de Minas y de Justicia, Perry sale bien librado y Arias regular

¿Un ministro contratista? ¿Un ministro contrabandista de automóviles? Estas dos acusaciones contra el ministro de Minas y Energía, Guillermo Perry Rubio, y el ministro de Justicia, José Manuel Arias Carrizosa, respectivamente, estaban agitando considerablemente las aguas políticas, cuando zarpaba hacia el Lejano Oriente el Barco mayor. Tarde o temprano, a cada administración le llega su escándalo y la tradición comenzaba a cumplirsele al actual gobierno. Los ministros en el banquillo eran, simultáneamente, el más y el menos controvertido.
Arias Carrizosa llegó al gabinete pisando fuerte y hablando claro. Se volvió de la noche a la mañana un ministro popular particularmente en los sectores de derecha. Su impopularidad en la izquierra crecía en forma paralela a su prestigio en el establecimiento. Las opiniones alrededor de él se polarizaron aún más en torno a la polémica sobre los grupos de autodefensa. Arias, en contravía del ministro de Gobierno y del Consejero de la paz, le creó problemas al Presidente al radicalizarse en el asunto con una vehemencia digna de un ministro de Defensa.
Desde ese momento, las relaciones con la UP se agriaron en forma irreconciliable y este movimiento le casó la pelea. El as que tenía la UP era el de un caso que nadie conocía sobre la importación de un Rolls-Royce. Este suculento plato lo recogió el Partido Conservador a través de Fabio Valencia Cossio, quien fue el denunciante ante el Congreso. La experiencia política de Arias lo acreditaba como el gallo de pelea adecuado para el embate de un opositor aguerrido como Valencia Cossio. Su cancha política es, precisamente, lo que lo diferencia de la mayoría de los otros ministros que han asimilado el talante barquista.
Uno de los que se ajusta a esta última categoría es Guillermo Perry Rubio, un hombre con una atractiva personalidad en privado, pero sin mayor carisma ante el grueso público, cuya gestión ha sido considerada estelar por los entendidos en estos temas. Perry parece el tecnócrata supremo, pero en medio de la forma austera y sobria con que maneja las cosas, hay una vena poética-política a la cual se le atribuye gran parte de su prestigio. A diferencia de Arias, si bien sus origenes son de izquierda, se ha granjeado una aceptación igualmente sólida dentro del establecimiento.
El primero que cuestionó en público este prestigio, fue el senador alvarista Rodrigo Dangond. Pocas veces se ha visto en el Senado un enfrentamiento entre dos hombres tan diametralmente opuestos. Un costeño extrovertido, folclórico e improvisador, frente a un ministro cachaco, más frío que el páramo, mesurado monótono en su forma de expresión y preciso en sus conceptos.
Hoy estos dos ministros están en el banquillo, acusados por miembros de la oposición. Sin embargo, muy pocos saben exactamente de que y casi nadie entiende la totalidad de los detalles.
SEMANA, con el objeto de que sus lectores tengan el mayor número de elementos de juicio, analiza estos dos casos.

EL CASO ARIAS
José Manuel Arias Carrizosa fue embajador en Cuba entre los años de 1980 y 1981. Terminada su misión, al igual que todos los embajadores, quiso hacer uso de las facultades que otorga la legislación colombiana para traer a Colombia un vehículo cobijado por extenciones tributarias. Casi todos los diplomáticos hacen uso de esa facultad, y en el caso del embajador Arias se llenaban los requisitos de tiempo y rango para importar cualquier vehículo de lujo.
El procedimiento legal para una importación de esta naturaleza, consiste en que el vehículo sea embarcado en el país donde el diplomático preste sus servicios, aunque no necesariamente tiene que haber sido comprado en ese país. Una vez llegado a Colombia debe ser nacionalizado y, en la eventualidad de que su dueño resuelva venderlo, tiene que haber transcurrido un período mínimo de seis meses después de la fecha de su nacionalización. Como el carro puede ser vendido a precios comerciales colombianos e importado prácticamente libre de impuestos, la transacción representa un jugoso negocio. Teniendo encuenta que la mayoría de los diplomáticos colombianos no son personas adineradas, con frecuencia tratan de importar el carro más lujoso que les permite su cargo, no para uso personal, sino para, pasado el mínimo de tiempo exigido por la ley, venderlo a un tercero, ganándose unos cuantos millones de pesos. Esta posibilidad es uno de los incentivos que tiene la carrera diplomática. Si el carro se compra para fines comerciales, para ajustarse a los requisitos legales lo común es que la venta se produzca en el menor tiempo posible, pero el traspaso sólo se realice transcurrido los 6 meses. Esta práctica, que se ajusta a la letra de la ley pero no a su espíritu, es el pan de cada día.
Hay una modalidad adicional, que consiste en vender el carro antes de haberlo comprado. Es lo que se llama vender el cupo. En este caso un tercero compra el vehículo a nombre del diplomático, para que éste no tenga que financiarlo, sino simplemente prestar su nombre para los trámites.
A partir de mediados de los 70, como consecuencia de la bonanza marimbera, la compra de cupos se convirtió en el gran negocio de las comercializadoras de carros, ante el tremendo aumento de la demanda por vehículos de lujo. Esta práctica, que estaba tácitamente prohibida por la ley, se volvió tan común y generalizada, que entre las comercializadoras de carros y los diplomáticos se firmaban convenios de compra-venta de los cupos. Fue esto precisamente lo que hizo José Manuel Arias Carrizosa, cuando el 17 de febrero de 1981, su hijo Ricardo, firmó, en nombre suyo, un convenio de venta del cupo con la firma de Marcos García, para importar el vehículo al que tenía derecho por haber ejercido el cargo de embajador en la isla de Cuba.
Por inocente y generalizada que parezca esta transacción, desde el momento en que se firma el convenio se está violando una ley, ya que si está prohibido vender un carro antes de los seis meses, mucho más lo está venderlo antes de comprarlo. Esta primera infracción es responsabilidad directa del ex embajador quien, si bien pudo haber actuado de buena fe y de acuerdo con las prácticas del momento, no por eso su acción es menos ilegal.
Lo que tal vez nunca se imaginó el Ministro fue que, a partir de ese momento, la firma importadora iba a violar otra serie de normas durante la importación y nacionalización del vehículo, cuya responsabilidad recaería en Arias Carrizosa, puesto que en todo momento figuró como propietario, importador y agente de aduanas.
Como para darle un toque caricaturezco a todo este episodio, resultó que el automóvil escogido fue ni más ni menos que un Rolls-Royce modelo 80 que, según la firma de Marcos García, había costado 38 mil dólares.
En el procedimiento utilizado por la empresa de García se violaron múltiples normas. En primer lugar, la ley obliga a que los diplomáticos acreditados en Europa y el continente americano embarquen sus vehículos en el país donde hayan estado prestando sus servicios antes de viajar definitivamente a Colombia. El Rolls jamás pasó por La Habana. Fue directamente embarcado de Inglaterra vía Miami. Al no haber salido de La Habana, no se podía producir el certificado de matrícula expedido por las autoridades cubanas, necesario para su nacionalización en Colombia.
En lugar de este documento, se utilizó un certificado del jefe de personal del Ministerio de Relaciones Exteriores, que se limitaba a declarar que Arias había sido embajador en Cuba y que tenía la intención de importar un vehículo, al que tenía derecho por su cargo. La nacionalización obtenida con base en este certificado es ilegal, puesto que no remplaza el certificado de matrícula que no se pudo obtener, ya que el Rollys-Royce jamás pasó por Cuba.
Como si esto fuera poco, el carro importado se benefició de una extención de impuestos del 50% a la que no tenía derecho. Para tener derecho a este descuento, se necesitaba que el carro hubiera sido utilizado al menos un día en el lugar del ejercicio de la Embajada. Como el Rolls-Royce nunca estuvo por Cuba, tampoco llenó este requisito. Las cosas no pararon aquí y se añadieron más eslabones a la cadena. El 50% de impuestos que tenía que ser pagado después de obtener ilegalmente la exención, no fue cancelado. Aunque existe un recibo certificando la cancelación del pago, en 1984 se descubrió que era falso, puesto que los recursos jamás ingresaron a la Administración de Impuestos. Teniendo en cuenta que la ley responsabiliza directamente al importador de una mercancía sobre el pago total de sus gravámenes arancelarios, Arias Carrizosa es responsable penalmente de que estos impuestos no se hubieran pagado. Al ser descubierto este desfalco, el entonces subdirector de Investigaciones y Control de la Aduana, Guillermo Eduardo Ferro, denunció al ex embajador Arias ante el juzgado 2° de Instrucción Penal Aduanera, que dispuso que este debería rendir indagatoria, según auto de agosto 27 de 1984.

Veinticinco días antes, Arias Carrizosa había denunciado a Marcos García y Cía. ante el Juzgado 6° de Instrucción Penal Aduanera. La firma en cuestión se había visto envuelta en un escándalo de importación dolosa de vehículos, a raíz de lo cual Arias alarmado, decidió seguirle la pista a su automóvil. Fue entonces cuando se enteró de que existía una investigación en su contra por evasión de impuestos en el proceso de nacionalización del Rolls-Royce. Decidió curarse en salud y entabló una demanda contra Marcos García.
Posteriormente, él mismo solicitó que los dos procesos fueran tramitados simultáneamente en el Juzgado 6°, esperando, presumiblemente, que de la información conjunta se dedujera que con su nombre se habían cometido todo tipo de irregularidades, sin su participación directa. Aparentemente fue la conclusión del juez 6°, quien consideró que no había mérito para que Arias rindiera indagatoria. En su defecto, el juez consideró que Arias debía rendir declaración juramentada para ratificar su denuncia contra Marcos García. El proceso prescribió en agosto de 1987, siendo Arias Carrizosa ministro de Justicia.
Dos semanas después la Procuraduría General de la Nación abrió una investigación contra el juez que no había llamado al ex embajador a rendir indagatoria, por el delito de prevaricato por omisión.

COINCIDENCIA
En relación con la prescripción que dio fin al proceso, se dieron una serie de coincidencias que han sido utilizadas por la oposición. Arias fue nombrado en 1984 ponente del proyecto de ley que autorizaba al gobierno para reformar el Código de Procedimiento Penal. En su ponencia, solicitó extender las facultades para reformar también el Estatuto Penal Aduanero. De ahí que la ley 52 otorgue facultades al gobierno para hacer ambas reformas. Del trabajo de dos comisiones, surgieron unas conclusiones que debían ser estudiadas por una comisión evaluadora. Uno de cuyos miembros fue Arias Carrizosa.
Por decisión del entonces ministro de Justicia, Eduardo Suescún Monroy, la Comisión se dividió en dos. Unos juristas se dedicaron al Estatuto Penal Aduanero y otros al Código de Procedimiento Penal. Inicialmente se afirmó que Arias había hecho parte de las dos comisiones. Esto significaría que había participado en la elaboración de la figura de emergencia judicial que supuestamente lo favoreció. La secretaria de la Comisión, reformadora del Código Penal Aduanero, de donde salió esta fórmula, Nancy Yanira Muñoz, inicialmente había afirmado que Arias había participado en las deliberaciones, pero posteriomente rectificó. Además, uno de los juristas encargados de evaluar el Estatuto Penal Aduanero, Roberto Mejía López declaró en la Procuraduría que Arias no había asistido a esa comisión. En todo el caso, al amparo de la nueva figura jurídica contemplada en el Estatuto, prescribió el proceso por evasión de impuestos del Rolls-Royce de Arias.
Una vez que entró en vigencia el Estatuto Penal Aduanero, se desató una polémica alrededor del robo de la Aduana de Medellín, que estaba a punto de prescribir por haber transcurrido más de un año sin que se hubiera calificado el proceso. Arias Carrizosa, quien acababa de posesionarse como ministro de Justicia, expidió un decreto reglamentario que tuvo como resultado el retraso de la prescripción del caso de Medellín. En el debate de la semana pasada se le acusó de haber discriminado contra terceros en esta materia, mientras él se beneficiaba.

LOS DESCARGOS
Con base en estos hechos, recopila dos minuciosamente por el represen tante Valencia Cossio, se montó el de bate contra Arias Carrizosa en el Congreso. Con fogosa oratoria, e Ministro se defendió con elocuencia que opacó la habitual habilidad parlamentaria de Valencia Cossio. Insinuó que el debate, originado en una queja de la Unión Patriótica, era una sacada de clavo por su posició "frente a la subversión y el atentado permanente contra las instituciones" argumento que sonó algo curioso teniendo en cuenta que el debate era promovido por un conservador. Su defensa consistió, básicamente, en minimizar la gravedad de la venta de cupo y en declararse víctima de irregularidades cometidas por terceros. La candidez de sus declaraciones a respecto dejó la impresión en el recinto de la buena fe del Ministro, quien se proyectó como un hombre enredado en un episodio absurdo en el que no había hecho nada más grave que vender el cupo de su automóvil con bastante descuido, cosa que, aunque ilegal, la hacía todo el mundo. Mostró la misma naturalidad que cualquiera hubiera mostrado si la acusan de violar el Estatuto de Control de Cambios, por comprar 800 dólares por fuera del Banco de la República para ir a Miami.
El argumento siguiente ilustra el tono de su defensa, en la cual desconcierta la sencillez y espontaneidad con que reconoce toda suerte de irregularidades: "Yo no vendí el carro, sino el cupo. La venta del cupo, que no es grave, no debe confundirse con la venta del carro antes de la fecha fijada en el decreto, que sí es un delito. Cuando renuncié, le pedí a mi hijo Ricardo Arias que contactara a una empresa prestigiosa para importar el carro. Fue donde Marcos García y le dijo que no teníamos dinero para comprarlo. Firmaron un convenio el 17 de febrero de 1981, en el que cedí los derechos de importación, recibía a cambio del cupo $ 2 millones y me comprometí a firmar los documentos de importación. Por mí firmó mi hijo. A mi regreso, García me pidió firmar los papeles con base en el convenio, y yo me negué porque debía conservar el carro seis meses y acordamos que vencido ese término él podía venderlo. ¿En dónde está mi pecado? Si me demuestran que entre el aforo del vehículo y su venta no pasaron seis meses entrego mi renuncia como Ministro".
Como jurídicamente las declaraciones anteriores dejan mucha tela que cortar, y el Ministro lo sabía, su defensa tuvo que recurrir a desviación del tema, hipérboles, sofismas y ataques personales que, para lo difícil de la situación fueron bien manejados.
Tuvo inclusive notas folclóricas como cuando, respondiendo a la pregunta sobre por qué no había llenado los requisitos de comprar o importar el carro a Cuba antes de ser enviado a Bogotá, afirmó: "No me iba a poner en la molestia de importa un Ford Granada de segunda que compré para la Embajada a otra delegación, o un jeep Lada que estaba más barato aquí". La única parte totalmente absurda fue cuando, para justificar la violación de una norma que estipula que "únicamente los funcionarios acreditados en Europa y en el continente americano estarán obligados a embarcar sus vehículos en el país en el cual hayan estado prestando sus servicios antes de viajar definitivamente a Colombia, el Ministro afirmó que "si algo tiene Cuba es no estar en el continente. A uno le enseñan en la escuela que América se divide en continental, ítsmica e insular y Cuba es una isla". Esta exclusión de Cuba del continente americano, si bien lo puede salvar en el Ministerio de Justicia, lo descalifica automáticamente para ser Canciller.

¿Y AHORA QUE?
¿Qué se puede deducir de todo esto? En primer lugar, que el ministro de Justicia es un hombre de malas. Todo comenzó con la venta de un cupo. Ahora se le ha formado un enredo de padre y señor mío, que va desde los delitos cometidos en su nombre, hasta la acusación por parte de los conservadores y de la Unión Patriótica, de haberse inventado una figura jurídica para poner fin al proceso en su contra.
En esto hay de todo un poco: exageraciones, "oposición reflexiva" y hasta venganza por su posición frente a la polémica por los grupos de autodefensa. Pero de todo lo que ha salido a flote en el debate promovido en el Congreso por el representante Fabio Valencia Cossio, hay algunos aspectos que no son insignificantes.
En primer lugar, la venta de un cupo para un automóvil puede ser una ilegalidad tolerada, que casi nunca puede ser probada. Sin embargo, el haberlo vendido a una firma que cometió irregularidades, el delito quedó comprobado. Y ningún delito probado puede ser considerado insignificante para una persona que ocupa el cargo de ministro de Justicia. El mismo Arias Carrizosa, en palabras que se han venido en su contra inevitablemente, le recomendó a Rodrigo Lara, cuando estaba siendo acusado en el Congreso de haber recibido el millón de pesos de Porras, que por ser ministro de Justicia debia renunciar para facilitar la investigación en su contra.
El Ministro tiene razón cuando dice que fue asaltado en su buena fe, y sería injusto achacarle, a no ser que fuera por neglicencia, las andanzas de la firma de García. Igualmente desafia un poco la credibilidad, como insinúan los conservadores y la UP, que maquiavélicamente armó todo el tinglado del Estatuto Penal Aduanero para salvarse a sí mismo, aunque algunas coincidencias son desafortunadas. Curiosamente, a pesar de que este episodio está lleno de ilegalidades, las faltas más graves son políticas y no jurídicas. Una persona que, justa o injustamente, ha sido llamada a indagatoría por defraudación al fisco, tiene la obligación de informárselo al Presidente de la República si este le ha ofrecido un Ministerio, sobre todo el de Justicia. Al respecto, Arias argumenta que cuando se unieron los dos procesos, el juez no halló mérito para llamarlo a rendir indagatoria y que simplemente fue llamado a declarar como "ciudadano de bien". Es decir, que no cursaba ningún proceso en su contra. Ese argumento resulta un poco simplista, puesto que, no obstante tecnicismos jurídicos, el caso ameritaba ponerlo en conocimiento del Presidente para que, por lo me nos, estudiara las posibles implicaciones políticas que pudiera tener y que, finalmente, acabó teniendo.

Además, no está totalmente claro que no cursaba un proceso en su contra. Si bien el 13 de agosto la Procuraduria afirma que el proceso en el caso del Rolls-Royce es contra Marcos García y no contra el Ministro, esa misma entidad en un informe expedido días más tarde, cambia su posición y sostiene que las dos partes, tanto García como el Ministro, están vinculados al proceso, y que a los dos jueces que tuvieron conocimiento del caso y que no llamaron al Ministro a rendir indagatoria, se les debe abrir investigación penal por prevaricato por omisión. Esto significaría que si cursaba un proceso penal contra Arias, cuando este asumió el Ministerio de Justicia, y que prescribió siendo él Ministro, por la conducta irregular de dos jueces antes de su llegada al Ministerio. La Procuraduría tendrá que explicar detalladamente el porqué de esta voltereta que puede tener repercusiones más graves contra el Ministro que las de la simple venta del cupo.
José Manuel Arias Carrizosa no es un contrabandista de automóviles, ni un evasor de impuestos, ni un falsificador de documentos. Es un congresista aguerrido con una trayectoría limpia en su vida personal. Sin embargo, la situación en la cual se encuentra en la actualidad es de mala presentación para un ministro de Justicia. Si bien aisladamente cada uno de los ingredientes del caso se puede relativizar, el conjunto deja un mal sabor, especialmente porque es el funcionario que, desde la rama ejecutiva, tiene la responsabilidad de supervisar el funcionamiento de la justicia en el país.

EL CASO PERRY
El ministro de Minas y Energía, Guillermo Perry Rubio, fue citado para que respondiera, ante el Senado, un cuestionario sobre la situación y adjudicación de los contratos de Carbocol. Sin embargo, el martes 1 de septiembre el senador citante, el conservador Rodrigo Dangond Lacouture, sorprendió en la plenaria con una acusación según la cual el Ministro había incurrido en favoritismo con una firma de la cual era socio.
Después de una intervención de seis horas en la que habló del problema fronterizo con Venezuela, la política del carbón en la Guajira, la pobreza absoluta y el proyecto de El Cerrejón, el senador guajiro, Rodrigo Dangond, acusó a Perry de haber adjudicado, como presidente de la junta directiva de la Financiera Eléctrica Nacional, un contrato para estudios de consultoría en varias empresas de energía eléctrica de la Costa Atlántica, a la firma Mejía, Millán y Perry Ltda. "Voy a demostrar que el señor ministro de Minas y Energía, Guillermo Perry Rubio, está contratando con el Estado todavía, aún siendo Ministro", dijo el senador por la Guajira.
En una exposición desordenada, que fue objeto de varias mociones de orden por parte de los asistentes, Dangond leyó escrituras y actas de constitución originales de la firma Mejía, Millán y Perry Ltda., que certificaban que sólo hasta el 1 de julio de este año --casi un año después de haber sido nombrado--se había cambiado la razón social de la sociedad a la cual pertenecia. Inmediatamente después dio lectura a la resolución N° 01 de la FEN del 12 de febrero de 1987, es decir durante su ministerio, por medio de la cual se ordenaba la apertura de un concurso de méritos para el estudio de organización de empresas de energía eléctrica en el cual calificó entre otras empresas, Mejía, Millán y Perry Ltda. De acuerdo con la resolución, la contratación fue autorizada por la junta directiva de la FEN, según consta en las actas N° 68 del 16 de octubre de 1986 y N° 73 del 29 de enero de 1987, y el concurso se abriría el 16 de febrero de 1987 y se cerraría el 24 de marzo de 1987.
El hecho de que las fechas, tanto la de aprobación de la contratación como la de apertura del concurso por parte de la junta directiva de la FEN, y la del cambio de razón social de la firma Mejía, Millán y Perry Ltda., coincideran con la administración de Perry Rubio, dejaban la sensación de que el Ministro habia contratado con su empresa. Esto se hizo más evidente ante el hecho de que el senador guajiro no le permitió ni una interpelación al Ministro y se extendió en otro tipo de acusaciones contra Oscar Mejía Vallejo, presidente de Carbocol, de quien afirmó que también había contratado con la firma de su propiedad, Integral S.A., y contra el gerente de la Caja Agraria, Carlos Villamil Chaux, a quien acusó de estar en una situación similar con la firma Grandicón, de la cual fue gerente-fundador.
Al día siguiente el Ministro hizo uso de la palabra y en una exposición concreta y sin mucho lujo oratorio respondió a las acusaciones y entregó documentos que certificaban que él había dejado de ser socio de la firma de consultoría en estudios económicos y de ingeniería Mejía, Millán y Perry Ltda., antes de ser Ministro. "Ante mis insistentes interpelaciones anoche, que fueron negadas sistemáticamente por el senador Dangond, él indicó que estaba consciente de que en fecha febrero 13 de 1986, varios meses antes de mi posesión como Ministro, por escritura pública 214 de la notaría 25, vendí mi participación a un tercero, y en marzo 7 de 1986, acta 41 de la firma, presenté renuncia a la posición de subgerente que en ese momento tenía y dejé toda vinculación con la firma en cuestión", dijo Perry quien, además, afirmó que la razón por la cual vendió sus acciones era la posibilidad de que se presentaran inhabilidades por ser socio de una firma consultora que contrata eventualmente con el Estado y su aspiración a ser elegido senador.
El ministro de Minas entregó, además, a la Secretaria General del Senado, certificaciones de la Financiera Eléctrica Nacional según las cuales la junta directiva de la FEN, bajo la presidencia del entonces ministro de Minas y Energía, Iván Duque Escobar, decidió convocar el concurso de méritos para el cual se invitó, entre otras, a la firma Mejía, Millán y Perry Ltda., el 17 de julio de 1986, es decir al final del gobierno pasado como consta en el acta N° 65. Certificó también que la reunión celebrada el 29 de enero de 1987, que consta en el acta N° 73, cuando él ya era Ministro lo que hizo fue simplemente reglamentar la decisión que había tomado la junta presidida por su antecesor.
Las certificaciones firmadas por el secretario general de la FEN, Jorge Echeverry Herrera, incluyen una aclaración en el sentido de que las veces que se trató el tema de la convocatoria al concurso, Guillermo Perry, presidente de la junta, abandonó la sala "por cuanto figuraba como invitada al concurso de méritos una firma consultora con la cual tuvo en el pasado vinculación directa".
En su intervención el Ministro Perry afirmó, con base en documentos que mas tarde entregó a la secretaria del Senado, que en agosto 19 de 1987 la junta directiva de la FEN acogió la propuesta entregada por el comité evaluador, según la cual la firma Mejía, Millán y Perry Ltda., calificaba sólo en tercer lugar, después del Instituto SER de Investigaciones y del Consorcio de la Universidad de los Andes. "De manera que, no solamente no ha habido ninguna adjudicación a esa firma, como lo señala un importante diario de la capital hoy, sin que la firma en cuestión, con la cual el Ministro tuvo una vinculación hasta febrero del 86, no quedó calificada sino en un tercer lugar en ese concurso", aseguró Perry.
El Ministro sostuvo que no era cierto el cargo de que fuera socio de la firma Mejía, Millán y Perry Ltda. durante su administración por el hecho de que su nombre siguiera apareciendo en la razón social de ésta después del 13 de febrero del 86. Al respecto, afirmó: "Cualquier conocedor del derecho, cualquiera que haya participado en firmas, sabe que cuando se retira un socio y vende su participación, el hecho de que la firma no cambie de nombre, asi continúe teniendo el apellido o el nombre de la persona no significa absolutamente nada. Son muchos los ejemplos que se podrían dar, me imagino que firmas como la de Ospina y Cía. tiene muy pocos que ver con la familia Ospina".
Después de la intervención del Ministro las cosas se voltearon y la impresión que quedó era la de que el affaire Perry había resultado chimbo. Los cargos fueron totalmente desmentidos con explicaciones y documentos y no quedó ningún cabo suelto. El concurso de meritos había sido abierto por la administración anterior. Perry antes de ser Ministro y senador se había retirado de la firma.
La razón social de una empresa no necesariamente debe ser cambiada, cuando se retira uno de sus socios. La calificación no le había dejado a la firma sino un tercer lugar, que sólo haría probable un contrato en el caso de que no se logre hacer ni con la primera ni con la segunda. Y más categórico que todo lo anterior era el hecho de que la firma no se había ganado nada durante el gobierno actual puesto que aún no ha sido adjudicado contrato alguno a ninguna de las firmas calificadas.

¿Y DE TU CARRO, QUE?
En la historia de los escándalos políticos en Colombia, hay mucho carro personaje con tan poca vocación de garaje como Alberto Lleras Camargo, fue en su momento, 1944, acusado de haber traído de contrabando un vehículo, como cualquier Arias Carrizosa en la actualidad.
Más recientemente, durante el famoso debate entre Vives y Fadul-Peñalosa de 1969, Carlos Lleras de la Fuente, hijo del entonces presidente Lleras Restrepo, fue acusado por el senador José Ignacio Vives de haber cometido el mismo delito.
Durante la crisis liberal del 44, el gobierno del presidente Alfonso López Pumarejo llamó a su entonces embajador en Estados Unidos, Alberto Lleras Camargo de regreso al país, para que se hiciera cargo de la cartera de Gobierno. En el mes de abril de ese año el periódico El Siglo, en una nota aparecida en primera página con el título de "Un oligarca hace uso de privilegios de su casta", acusó al ex embajador Lleras Camargo de haber importado el carro utilizando sus influencias como miembro del gobierno, fuera de haber permitido que los gastos de transporte corrieran a cargo del consulado colombiano en Nueva Orleans. El automóvil, un Buick modelo 42, que en su momento fue avaluado en 5 mil pesos, fue adquirido por Lleras mientras se desempeñaba como embajador en el año 43.
Alberto Lleras respondió a la acusación del diario conservador en una carta enviada al director de El Tiempo, publicada el 24 de abril de ese año bajo el título de "Alberto Lleras Camargo. Explica lo de la compra del automóvil que tanto desazona a El Siglo". En dicha carta, el Ministro Lleras demuestra que el automóvil fue comprado con su sueldo y viáticos de embajador, que los gastos de fletes y nacionalización salieron de su bolsillo, y que el cónsul en Nueva Orleans sólo figura como embarcador nominal. Lleras, por explicaciones, aduce que "ningún colombiano tiene la obligación de decir qué hace con los muebles de uso privado. Pero se acepta que los ministros estén obligados a hacerlo...", hizo un recuento detallado de los trámites que acompañaron la compra e importación del vehículo, además de poner a disposición del público su balance personal, explicando que la fuente de sus ingresos era el sueldo que recibía como funcionario público y que sus únicas propiedades eran dos fanegadas que tenía en la sabana de Bogotá.
Por su parte, y durante interminable debate entre Vives y Fadul y Peñalosa del año 69, el senador Nacho Vives, en una de sus múltiples acusaciones, enfiló baterías contra Carlos Lleras de la Fuente, hijo del presidente Lleras Restrepo, quien hacía poco tiempo había regresado al país después de desempeñarse como consejero comercial de la embajada colombiana ante la Comunidad Económica Europea en Bruselas. De nuevo fue el periódico El Tiempo el encargado de publicar una nota de respuesta. En esta ocasión el señor Lleras de la Fuente quien había traído dos carros, de mostró, documento en mano, que la importación era totalmente legal Uno de los autos, un Fiat 850, que era de uso exclusivo de su señora, pago los impuestos reglamentarios de 230%, mientras que el otro, un Opel Cadet, pagó impuestos del 25% por haber estado amparado por el régimen diplomático. Además, los dos carros cumplian con el requisito de tener más de dos años de uso.
Tanta incidencia han tenido los carros en nuestra historia política, que algunos afirman que han tenido que ver con candidaturas presidenciales. Los partidarios del desaparecido Augusto Espinosa Valderrama afirman, mitad en serio mitad en broma, que una de las razones para que no despegara su candidatura presidencial en 1985, fue que demoró su regreso a Colombia para esperar los plazos legales que le permitieran traer su vehículo, cuando era embajador en Londres. Este retraso de algunos meses, según se ha dicho, permitió que Barco le cogiera demasiada ventaja en materia de adhesiones. Candidato y vehículo llegaron demasiado tarde a
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