Al borde de una nueva violencia

¿Quién era Salvatore Mancuso antes de volverse paramilitar? Un finquero que se sentía acosado por la guerrilla y que ante la falta de eficacia de la Policía y el Ejército, decidió defenderse por sus propios medios. Primero, con armas que le amparó el Ejército, después, con dos cooperativas de seguridad, Convivir, y finalmente convertido en paramilitar, y capo del narcotráfico. Todo empezó en pequeño, en su finca de Tierralta, y terminó a sangre y fuego en todo el país. Esa historia de horror puede repetirse. El tema de la seguridad rural está en el filo de la navaja después de la desmovilización paramilitar, y si no se toman cartas en el asunto de manera urgente, en poco tiempo se iniciará otra vez el círculo vicioso de autodefensa y criminalidad.

Ya hay suficientes señales de alarma. Por un lado, se han contabilizado hasta 14 nuevas bandas paramilitares, muchas de los cuales no son tan nuevas, pues son un reciclaje de desmovilizados, o de otros que nunca llegaron a la cita para la entrega de armas. No se crea tampoco que están para combatir a la guerrilla. La mayoría se han dedicado al pillaje. Pero los ex paras no son el único problema. La delincuencia común está haciendo su agosto con la extorsión y el robo de ganado. "Estamos recibiendo quejas de todas partes del país", dice José Félix Lafourie, presidente de Fedegán. Para él, esta criminalidad pulula en un campo donde la pobreza llega a ser del 80 por ciento, y el desempleo, del 50 por ciento. Si el Estado no hace presencia, entonces ese vacío es llenado por grupos ilegales. "Lo que está pasando en las regiones es que los segundones quieren ser primerones. Se fue el 'Águila', pero quedó el cóndor, después de que se fue el cóndor llega el pájaro. En todas partes están otra vez cobrando plata", dice. Este problema, que se veía venir desde cuando se iniciaron las desmovilizaciones, cogió al gobierno, como se dice popularmente, con los calzones abajo. La respuesta fácil que siempre se ha dado es que la Fuerza Pública llegará a todas partes, lo cual es muy difícil por lo remoto de la geografía y la escasez de presupuesto. Es el caso de Norte de Santander, donde dos nuevas brigadas llegaron a reforzar la seguridad. Pero esto no es suficiente. Los militares no permanecen en estos sitios y no cumplen funciones comunitarias.

Un segundo plan que está en curso consiste en enviar Policía a 300 corregimientos. Sin embargo, los riesgos siguen latentes. Jorge Mejía, secretario de gobierno de Antioquia, señala que hay municipios como Zaragoza, minero, selvático, y lleno de población flotante, con apenas ocho policías que atienden tres turnos. O que los policías que llegaron al corregimiento Danza, en Sonsón, están durmiendo en carpas, en medio del invierno, en condiciones infrahumanas.

En otros municipios la seguridad rural está en manos de grupos privados, que aunque tienen autorización de la Superintendencia de Vigilancia, cumplen funciones que le corresponden al Estado. Es el caso de Urabá, y del suroeste y el oriente antioqueños. Allí funcionan departamentos de seguridad, que en algunos casos fueron antiguas Convivir. "Ese es un modelo obsoleto, es una especie de rueda suelta que tiene poca articulación con las autoridades locales, no tiene control de los gobernantes y eso nos preocupa", dice Mejía. Similar esquema se vive en el occidente de Boyacá, donde los empresarios de las esmeraldas, con sus ejércitos privados que reúnen más de 600 armas, son quienes responden por la seguridad de toda el área.

El problema es que el escenario de la guerra y del narcotráfico en Colombia es el campo. Si no se busca una solución urgente para consolidar la seguridad en las zonas que han dejado los paramilitares, y en las regiones donde operaciones militares han sacado a los guerrilleros, se repetirá la historia de las autodefensas. Particularmente, en un país donde la gente tiende a arreglar sus problemas por cuenta propia.

Este diagnóstico dio pie a que SEMANA, Fundación Ideas para la Paz y la Embajada Británica convocaran al foro '¿Quién cuida el campo

' El debate será si Colombia requiere de una tercera fuerza, adscrita bien sea a la Policía o al Ejército, que se especialice en la seguridad rural. Una de las experiencias que estarán sobre la mesa es la de Suráfrica. Jonny Steinberg, periodista y analista de ese país, contará cómo después de que se logró la paz, el Ejército está dejando paulatinamente las labores de seguridad rural, las cuales serán exclusivamente asumidas por la Policía. Ese país enfrenta algunos problemas que se podrían asimilar a los que se viven en Colombia. Los finqueros prefieren la protección del Ejército y de las empresas de seguridad privada. "Si la Policía es incompetente, la gente hace sus propios arreglos de seguridad. En un campo donde hay iniquidad, y una historia de odios y amarguras, esto es peligroso. Son demasiadas armas con muy pocas reglas", dice Steinberg.

Una segunda experiencia que se pondrá sobre la mesa es la gendarmería francesa. Bruno Goudallier, quien pertenece a este cuerpo, contará cómo funciona ésta en regiones rurales de su país. Los gendarmes son policías con dos características: son polivalentes y tienen permanencia. Cumplen funciones de Policía judicial, de defensa, y comunitaria y se quedan en las regiones por tiempos indefinidos. Esto hace que tejan relaciones de confianza con la población, lo que redunda en información e inteligencia. Los gendarmes son fuerzas disponibles para apoyar al Ejército cuando se requiera. "Partimos del principio de que todo ciudadano, sea de la ciudad o del campo, tiene el mismo derecho a ser protegido", dice Goudallier. La propuesta de una gendarmería inspiró la creación de los carabineros. Pero estos terminaron cuidando las zonas urbanas, a caballo.

Una tercera experiencia que estará sobre el tapete es la de la guardia nacional que existe en Estados Unidos. Quien ha agitado esa propuesta en el país es el senador Rafael Pardo. "Lo que propongo es que los soldados campesinos al terminar su servicio militar se vinculen como profesionales a una guardia que haga vigilancia rural, móvil, y que haga parte de la defensa militar". Pardo propone incluso que esta guardia sea financiada con una sobretasa al impuesto predial rural "así habría mayor raigambre local". Esta propuesta es mirada con escepticismo por muchos analistas, particularmente porque no tendría la polivalencia de una gendarmería y quedaría expuesta a presiones locales tal como está concebida por Pardo.

Por último, están quienes creen que lo que se debe hacer es consolidar la presencia del Estado con una Policía especializada. "Debe existir un cuerpo elite que combata a las mafias, y de otro lado, una Policía de reparación que proteja a la población, a la vez que cumpla funciones de jueces de paz", dice el analista Francisco Gutiérrez. Es una realidad que en el campo la gente no demanda sólo seguridad, sino también justicia para resolver asuntos cotidianos, que se pueden volver grandes por falta de intervención del Estado.

En todo caso, estas propuestas funcionan en regiones donde no se está librando la guerra. Cundinamarca, que debió ser consolidada inmediatamente, terminó la operación Libertad I, o todas las regiones donde los paramilitares se fueron y las Farc no tienen presencia. Y, en todo caso, deben tener como objetivo proteger a la población en general y no sólo a unos pocos, los más pudientes o poderosos de la región. El foro es un primer paso para abrir este debate tan necesario. Cuál sea la mejor alternativa para Colombia, está por verse. Tal como dijo Lafourie, "simpatizamos con cualquiera de estas propuestas que no nos obligue a repetir la historia de las autodefensas".