18 abril 2009

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¿Al fin cuántos secuestrados hay?

SEGURIDADEl gobierno dice que son 125, País Libre dice que son más de 600, las Farc dice que tiene 9 y hay Ong que hablan de miles. Porqué la cifra del gobierno es la más acertada.

¿Al fin cuántos secuestrados hay?. En los tiempos más aciagos el país llegó a tener 3.000 secuestrados al año

En los tiempos más aciagos el país llegó a tener 3.000 secuestrados al año

Bastó que las Farc dijeran que, fuera de los policías y soldados, tenían secuestradas a nueve personas, para que el gobierno se apresurara a presentar una cifra oficial de personas en cautiverio. Según Fondelibertad, actualmente hay 125 personas cautivas, de las cuales 66 están en poder de las Farc, 10 en manos del ELN y el resto se les atribuyen a bandas criminales.

La cifra causó sorpresa, incredulidad y hasta enojo en algunas organizaciones. País Libre dice que son cerca de 600 los secuestrados y otra ONG hablan de varios miles. Cuestionaron el dato del gobierno, especialmente porque Harlán Andrés Henao, director de Fondelibertad, admitió que aún se están estudiando más de 1.000 casos sobre los que no hay suficiente información. Resulta paradójico que la cifra haya despertado más indignación e incredulidad que optimismo. Posiblemente porque en cuanto a cifras, el gobierno ha perdido mucha confianza de la comunidad informada en los últimos años, y segundo, porque las cifras de delitos como el secuestro nunca serán exactas, pues por seguridad y miedo mucha gente ni siquiera denuncia. No obstante, la cifra de Fondelibertad es consistente con las políticas de seguridad democrática, que tanta popularidad tienen, y con la realidad de muchas regiones donde este flagelo ha caído dramáticamente.

¿Por qué entonces es tan difícil de creer que Colombia haya pasado de ser el país con más secuestros en el mundo a uno con una cifra más moderada? ¿Por qué al parecer son divergentes la realidad y la percepción sobre el secuestro

El secuestro se convirtió hace décadas en el símbolo de la degradación de la violencia en Colombia. A pocas cosas se le teme y repudia con más fuerza que a este delito. El secuestro de algunos miembros de sus familias les sirvió de pretexto a los narcotraficantes para fundar los primeros grupos paramilitares -como el MAS- a principio de los 80. Paradójicamente, años después esos mismos narcos usaron el secuestro de personas del establecimiento -Andrés Pastrana, Francisco Santos y Diana Turbay, entre otros- para intentar doblegar al Estado. Fue secuestrando ingenieros de las empresas petroleras extranjeras como el ELN resucitó de sus cenizas en esa misma década, y como las Farc se han financiado a lo largo de su historia.

Pero a finales de los 90 el secuestro tomó dimensiones incontrolables. Por un lado, porque la guerrilla ya no sólo lo usaba para financiarse, sino como arma política y de guerra. No sólo tomaron como prisioneros a policías y soldados en medio de combates, sino que convirtieron en rehenes a políticos -como hizo las Farc con los diputados del Valle y varios congresistas- y a personas del común a través de los secuestros masivos más insólitos, como los ocurridos en un avión de Avianca, o en la iglesia La María del Valle, ambos cometidos por el ELN.

Más significativo, el secuestro se llegó a convertir en una industria rentable y sofisticada que movía miles de millones de pesos y que involucraba una extensa red de cómplices. La guerrilla era la columna vertebral de este negocio porque ejercía control territorial en amplias zonas, y eso le servía para mantener durante meses y años a las personas en cautiverio, mientras las familias eran sometidas a indignantes procesos de regateo y negociación sobre las vidas de sus seres queridos. En los tiempos más aciagos el país llegó a tener 3.000 secuestros al año. Esto coincidió con la zona de despeje del Caguán, y también con un auge de grupos paramilitares sin control.

Durante todo este tiempo, el Estado dio bandazos en su lucha contra el secuestro. Mientras el Congreso alcanzó a aprobar en los años 90 una ley que penalizaba a las familias de quienes pagaban rescates a los grupos ilegales -promovida por Francisco Santos-, el gobierno tenía una oficina que en la práctica asesoraba estas controvertidas negociaciones. Como fruto de ese doble juego fueron detenidos hace tres lustros los esposos Mauss, y también en medio de estas ambigüedades macabras, muchos, quizá como el propio Jaime Garzón, terminaron asesinados.

Pero los primeros años de esta década marcaron un punto de quiebre y nuevas paradojas. Con la seguridad democrática -cuyo centro de gravedad ha sido el control territorial- el secuestro disminuyó dramáticamente: 89 por ciento, según las cifras del gobierno. Operaciones militares como la Libertad I sobre Cundinamarca y la Marcial en el oriente de Antioquia, les quitaron a las Farc y al ELN los santuarios donde solían "encaletar a los secuestrados". Así mismo, la presencia de Fuerza Pública en las carreteras les hizo más difícil los traslados a los secuestradores. Los Gaulas se especializaron y lograron rescates impensables como el del periodista Guillermo Cortés. Adicionalmente, una actuación sistemática de la Fiscalía pudo desarticular bandas peligrosísimas de secuestradores, como la que se albergaba en un sector de militares de Cundinamarca. Prácticamente desaparecieron los secuestros masivos y muchas de las bandas de delincuencia común fueron desarticuladas y sus miembros purgan condenas de 40 años, en promedio.

Los secuestrados fueron durante muchos años víctimas invisibles, apenas defendidos por valerosas ONG como País Libre, que lucharon a brazo partido por leyes que les permitieran no perder sus empleos ni acumular deudas durante el cautiverio. Herbin Hoyos, desde hace más de una década se dedicó a hablarles por radio a los cautivos, y a permitirles escuchar a sus seres queridos. Otros, como los familiares de los soldados y policías secuestrados, deambulaban por las embajadas, las organizaciones humanitarias y las oficinas del gobierno buscando que alguien hiciera algo por la libertad de sus hijos. Hasta el profesor Moncayo hizo una cruzada nacional, encadenado él mismo, para buscar el intercambio humanitario en el que se empeñaron las Farc y que no encontró eco en el gobierno.

Vino a ser la imagen de Íngrid pudriéndose en la selva, y el asesinato a mansalva de los diputados del Valle, lo que conmovió al país. La marcha del 4 de febrero de 2008 fue histórica y su motor no era otro que el repudio al secuestro. Pero nadie, absolutamente nadie, podía decir a ciencia cierta cuántos secuestrados había.

Fondelibertad sostiene que ha hecho una investigación exhaustiva con varias fuentes oficiales y no oficiales para llegar a la cifra que reveló la semana pasada. Su conclusión es que muchas personas secuestradas recuperaron la libertad, murieron o simplemente habían salido de sus casas sin dar aviso. Es el caso de Cristian Camilo Sáenz, un muchacho de Sopó que aparecía como un menor secuestrado desde hace años cuando en realidad se había volado de su casa por unos días. Cuando regresó nadie quitó la denuncia.

Lo que muestra este despelote de cifras es que durante años la información entre las diferentes entidades del gobierno y la justicia no fluía. Tristemente, entidades como la propia Fondelibertad y los Gaulas estaban actuando sobre información poco fiable y añeja. Ahora, por lo menos, hay una base creíble desde la cual se puede empezar a actuar.

Sería un craso error no reconocer cómo se ha avanzado en estos años. Hace una década, el secuestro crecía como espuma y Colombia parecía condenada a vivir bajo el yugo de ese delito. Tal vez por esa situación -de que hoy el escenario sea otro- es que sea tan difícil para tantos colombianos aceptar como verdaderas las nuevas cifras. Y aunque la controversia por las estadísticas oficiales es sana y necesaria, no hay que olvidar que estos 125 cautivos que el gobierno tiene en su base de datos están plenamente identificados, existen evidencias de que siguen con vida y hay contactos con sus familias. Varios de ellos llevan más de una década privados de la libertad.

Si cinco millones de colombianos salieron a las calles el año pasado creyendo que había 3.000 secuestrados, esa misma gente debería ser capaz de movilizarse por 125, por nueve o por uno solo. El secuestro es política y moralmente inadmisible.
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