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| 10/27/2011 12:00:00 AM

Al parecer, más de la mitad de las supuestas víctimas de Mapiripán no lo son: Santos

El gobierno nacional reportará a la Organización de Estados Americanos (OEA) sobre las denuncias de falsas víctimas de la masacre de Mapiripán.

El presidente Juan Manuel Santos dijo este jueves que “al parecer, más de la mitad de las supuestas víctimas” de la masacre de Mapiripán (Meta) son falsas, y “están recibiendo cuantiosas indemnizaciones basadas en la mentira y el fraude procesal”. Santos agregó que además de ser un fraude, se trata de una “burla” al sistema interamericano de Derechos Humanos.
 
“He pedido a la canciller que informe oficialmente de estas revelaciones al secretario General de la OEA para que se ponga el tema en la agenda de la próxima reunión de cancilleres”, afirmó el mandatario.
 
Santiago Cantón, secretario ejecutivo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, afirmó en Washington que “evaluará” la nueva información antes de emitir una opinión. Allí se realizan este jueves las audiencias sobre la situación de los Derechos Humanos en Colombia.
 
El pasado martes, según investigaciones de la Unidad de Justicia y Paz de la Fiscalía General de la Nación, se determinó que por el caso de Mapiripán fueron reparadas varias personas sin ser víctimas. El organismo determinó que nueve personas reportadas muertas en la masacre están con vida o fallecieron en otras circunstancias, y que investiga a las demás.
 
El Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo (CAJAR), apoderado de algunas de las víctimas de esta masacre, señaló que “si algún o algunos demandantes solicitaron su reconocimiento como víctimas sin serlo, ello debe ser establecido por la autoridad judicial correspondiente, la cual determinará la respectiva responsabilidad penal”, y agregó que se pone en disposición de aclarar la situación.
 
Rafael Barrios, presidente del CAJAR y presente en las audiencias en Washington, dijo a Noticias RCN que su organización actuó de buena fe y que devolvería el dinero que recibió producto de indemnizaciones fraudulentas. La entidad no gubernamental recibió un porcentaje del pago realizado por el Estado.
 
Por este caso, ocurrido en julio de 1997, el Estado colombiano fue condenado por la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Por los hechos, el general Jaime Humberto Uscátegui fue condenado a 40 años de prisión.
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