El plebiscito por la paz no convence al procurador

Definitivamente, para el procurador Alejandro Ordóñez, la forma de refrendación de los acuerdos de paz propuesta por el Congreso es una burla. De “caricatura” y “conejazo” a la opinión pública calificó el jefe del Ministerio Público la fórmula que desde allí se propone para vincular a la ciudadanía en la eventual firma de un acuerdo de paz con las FARC.
 
Para él, la pregunta no debe girar en torno de si los colombianos quieren o no la paz. En su sentir, lo que debe decidir el pueblo colombiano es si está de acuerdo o no con las concesiones que recibirían los guerrilleros en materia penal.
 
Según él, es casi improbable que alguien pueda oponerse a la paz. En su criterio, lo que se debe consultar a los votantes es si están de acuerdo con que los insurgentes responsables de crímenes atroces y de lesa humanidad paguen su deuda con la sociedad únicamente a través de trabajos comunitarios y no permaneciendo determinado tiempo en un lugar de reclusión.
 
Otro de los asuntos sobre los que se debería consultar al electorado, según él, es si aprueba o no que las conductas de narcotráfico en las que hayan incurrido los miembros de las FARC sean vistas como un delito político. Lo importante, para Ordóñez, es que la gente diga si cree que son amnistiables esas actuaciones delictivas.
 
Además, ratificó su respaldo al anuncio que hizo el fiscal, Eduardo Montealegre, sobre el posible levantamiento del indulto al M-19 por la toma del Palacio de Justicia y relacionó ese anuncio con lo que se podría acordar en La Habana (Cuba). Dijo que en el acuerdo de paz celebrado hace más de dos décadas no se incluyó un perdón judicial por actos de barbarie como ese; a su juicio, esa situación debería alertar a la subversión sobre el futuro de una negociación que no respete los mínimos de justicia.
 
Afirmó que hay infinidad de ejemplos cercanos en los que los estados que han vivido conflictos internos han renunciado a su deber de investigar crímenes atroces y de lesa humanidad y han tenido que pagar un alto costo ante los tribunales multilaterales de justicia. Para él, Argentina, Nicaragua, El Salvador, Perú y otros territorios latinoamericanos son pruebas fehacientes que respaldan esta advertencia.
 
“Que las FARC entiendan que cuando se llega a acuerdos que contradicen los mínimos internacionales que implican  el amparo, la protección, el beneficio de conductas contrarias a esos mínimos internacionales y que promueven y lanzan un manto de duda con los actos de barbarie, con los actos atroces, pues son acuerdos insostenibles, que carecen de blindaje”, aseguró.