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| 4/24/2005 12:00:00 AM

Al tablero

Aunque la ONU reconoce que hay avances en la situación de derechos humanos, considera que la situación sigue siendo crítica.

El enfermo muestra mejoría, pero su situación sigue siendo grave. Esta imagen refleja el sentido de la declaración que hizo el viernes la Comisión de las Naciones Unidas en materia de derechos humanos sobre la situación colombiana

El texto fue negociado durante 10 días intensos entre el gobierno colombiano y la Comisión de Derechos Humanos de la ONU. En la práctica, fue un interminable intercambio entre la misión de Colombia en Ginebra, liderada por la embajadora Clemencia Forero, y los 25 representantes de los países miembros de la Unión Europea. Esta última lleva el papel protagónico en el caso colombiano ante la Comisión, por el interés que le suscita el tema y porque es la principal financiadora de la oficina de representación que tiene en el país la Alta Comisionada Louise Arbour. Los 40 párrafos acordados terminaron con un tono menos severo que el borrador inicial que había preparado la UE.

El proceso, en este año, fue un poco diferente. No en las formalidades, sino en el manejo que le dieron el gobierno Uribe y la ONU. Aunque se volvieron a reiterar las discrepancias de siempre, no hubo debate público. El gobierno hizo un extenso documento para responder al informe de la señora Arbour -que es la base de la declaración finalmente publicada el viernes- pero no hubo críticas estridentes, ni ruedas de prensa. De hecho, la versión 2005 tuvo menos impacto en los medios de comunicación que las de años anteriores. Estos hechos reflejan que las dos partes trataron de hacerse pasito e impusieron un tono más constructivo.

Lo anterior no significa que no se hayan presentado diferencias de fondo. El vicepresidente Francisco Santos y su asesor Carlos Franco asistieron al comienzo de la sesión de la Comisión para tratar de quitarle contundencia a algunas de las afirmaciones que ha hecho la ONU sobre los derechos humanos y el DIH en Colombia. El gobierno considera que no hay un reconocimiento adecuado de los avances que se han producido, ni una condena suficiente a las violaciones que cometen la guerrilla y los paramilitares.

Tanto en el informe inicial, como en la declaración de la semana pasada, es más cierto lo primero que lo segundo. Las críticas a los grupos ilegales han ido creciendo con los años, y en esta ocasión fueron muy drásticos en relación con las acciones violentas de la guerrilla y de las AUC.

Los aplausos al éxito de la política de seguridad democrática -a la mayor presencia del Estado en todo el territorio y la disminución de homicidios, masacres y secuestros- sí existen, aunque al gobierno le parezcan tímidos. Más conflictiva es la evaluación global que hace la ONU sobre la situación general, que sigue catalogando como grave, difícil y seria. Sin embargo y a pesar de que el caso colombiano tiene una visibilidad considerable en comparación con el drama que se vive en países como Irak o Sudán, se han descartado calificativos como "Estado fracasado" y "crisis humanitaria".

La declaración también tiene cuestionamientos muy severos. En particular, la Comisión expresa elocuentes preocupaciones sobre el incremento de ejecuciones extrajudiciales por parte de agentes del Estado, o de paramilitares con nexos con oficiales. También, el alarmante número de desapariciones forzadas y el aumento de retenciones, allanamientos arbitrarios, torturas y maltratos, no solamente en las cárceles.

Además de las denuncias, la declaración tiene otros puntos que pueden incomodar al gobierno Uribe. El énfasis en el fortalecimiento de la oficina a cargo de Michael Frühling, por ejemplo, grandes elogios a la Corte Constitucional, y explícitas alusiones a que el proceso de negociación con los paramilitares requiere un marco legal claro que contemple conceptos satisfactorios sobre paz, justicia y reparación.

No se puede negar que en los 10 años que lleva la Oficina del Alto Comisionado en Colombia ha habido avances. El gobierno ya no niega que hay problemas en materia de derechos humanos, ni la ONU desconoce que hay avances. Pero la agenda de 'pendientes' sigue siendo demasiado extensa.
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