Domingo, 11 de diciembre de 2016

| 1992/07/20 00:00

ALAS DE LIBERTAD

Los procesos penales contra Juan Martín Caicedo Ferrer y su ex secretaria de Hacienda dieron un viraje de 180 grados. Ambos podrían recuperar su libertad.

ALAS DE LIBERTAD

A LAS 2:30 DE LA TARDE del pasado viernes los abogados, de Juan Martín Caicedo Ferrer, Marcela, Airó de Jaramillo y Luis Ignacio Betancur solicitaron al juez 23 de Instruccion Criminal, César Tulio Sozano, la libertad condicional de los tres ex funcionarios del Distrito que hoy se encuentran recluidos en la escuela de Inteligencia del DAS, localizada en el municipio de Suba, por el lío de los auxilios a los concejales de Bogotá.

En un memorial de 15 páginas los apoderados de los ex funcionarios sustentaron la solicitud a través de una interpretación jurídica que hicieron del artículo 139 del Código Penal que contempla la posibilidad de excarcelación para los delitos de peculado por apropiación. El artículo 139, que se refiere a "Circunstancias de atenuación punitiva", dice en su primer inciso que "si el reintegro en este caso los dineros solicitados por los concejales se efectuare antes de dictarse sentencia de segunda instancia, la pena se disminuiría hasta en las tres cuartas partes". Y hay una mayor claridad en el segundo inciso que dice: "Cuando el reintegro fuere parcial, el juez podrá, en casos excepcionales y teniendo en cuenta las circunstancias previstas en el artículo 61, disminuir la pena hasta en una cuarta parte".

De acuerdo con los últimos hechos ocurridos en la investigación que adelanta el Juzgado 23 de Instrucción Criminal por el caso de los auxilios del Concejo de Bogotá, todo estaría dado para que el ex alcalde y sus dos ex secretarios de Hacienda recobren su libertad. ¿Cómo? En las últimas dos semanas, desde que la Corte Suprema de Justicia le devolvió el caso al juez Loza no y le dio vía libre para fallar el proceso, ha habido una serie de episodios que han favorecido, no sólo a Caicedo, Airó y Betancur, sino a varios concejales implicados en el caso.

Al despacho del juez 23 de Instrucción Criminal han sido remitidos por parte del Banco Popular, a través de su oficina de depósitos judiciales, títulos por valor de 500 millones de pesos. Una parte de estos dineros proviene de las devoluciones que han realizado tanto concejales como algunas fundaciones que se beneficiaron con los 1.680 millones que entregó la administración de Caicedo Ferrer. Otra se ha recuperado a través de los em bargos realizados por el juez 23. En plata blanca esto significa que una tercera parte de los dineros ya han sido recuperados. Por eso los abogados de Caicedo Ferrer, Marcela Airó y Luis Ignacio Betancur consideran que las circunstancias están dadas para que el juez 23 proceda a concederles la libertad provisional a sus representados.
Pero la última palabra la tiene César Tulio Lozano. SEMANA pudo establecer que el proceso por el caso de los auxilios está en la recta final. Y como están las cosas, el próximo jueves el juez 23 entregará el resultado final.
Fuentes cercanas al proceso señalaron que no sólo se resolverá la situación jurídica de los concejales, sino también la de Juan Martín Caicedo, Marcela Airó y Luis Ignacio Betancur.
Todo parece indicar que los tres ex funcionarios recobrarán su libertad.
El único problema que existe es que si el juez coge papel y lápiz y hace cuentas sobre los 1.680 millones de pesos entregados a los concejales, el resultado beneficiaría a los ex funcionarios del Distrito. Pero también hay la posibilidad de que las cuentas de Lozano no sean por los 1.680 millones sino que a ellos le sume los 700 millones de pesos entregados a auxilios administrativos. Ahí las cosas se complicarían y la solicitud de los abogados perdería piso jurídico. Pero no sólo se trata de sumar y restar. Lo que tiene por delante el juez es establecer si esos 700 millones de auxilios administrativos fueron a parar a buenas manos o por el contrario se fueron a bolsillo roto.

Los DINEROS RECUPERADOS
Mucha agua ha corrido bajo el puente desde que se inició el escándalo por los auxilios para los concejales del Distrito. Por un lado, los concejales mantuvieron siempre la guardia arriba y su defensa se centró en que esos dineros fueron solicitados para unas entidades benéficas y que en ningún momento los dineros pasaron por sus manos. Por otro lado, los representantes legales de las fundaciones beneficiarias de los 1.680 millones argumentaron que esos dineros habían sido utilizados en obras con beneficio comunitario. Los funcionarios implicados se defendieron diciendo que ellos sólo estaban cumpliendo con una norma emanada del Acuerdo 13 que le dio vida legal a la entrega de esos dineros.

En el transcurso de la investigación las cargas se acomodaron. El primero en decir esta boca es mía, fue el esposo de la concejal Flor Elba Cárdenas quien se hizo presente en el despacho del juez César Tulio Lozano con un cheque por 25 millones de pesos que puso a disposición del juzgado, anunciando que esos dineros habían sido girados a su cuenta personal por parte de su esposa y que hacían parte de los 42 millones solicitados por ella a la administración de Caicedo Ferrer.

A medida que la investigación fue avanzando y los concejales desfilaron por el juzgado 23 para rendir indagatoria, los dineros fueron apareciendo. Unos entregados por los propios concejales y otros por los representantes legales de las fundaciones beneficiarias. SEMANA pudo establecer que hasta el viernes de la semana pasada el número de devoluciones era de 25 y la cifra ascendía a 500 millones de pesos. ¿Quiénes son los que han devuelto? La concejal Flor Elba Cárdenas no sólo devolvió 25 millones a través de su esposo sino que hubo otro depósito por siete millones para un total de 32 millones de pesos. La Fundación de Profesionales Nueva Colombia, que recibió 18 millones de pesos por solicitud de los concejales Telésforo Pedraza y Dimas Rincón, devolvió al Juzgado 23 de Instrucción Criminal 20 millones de pesos. El Instituto Militar Aquileo Parra, que recibió dineros por solicitud de los concejales Dimas Rincón, Telésforo Pedraza y Jorge Durán Silva, hizo un reintegro de 16 millones. El Fondo Educativo Enrique Low Murtra, que se benefició con 15 millones por aportes solicitados por el concejal Francisco Martínez Vargas, reintegró los 15 millones de pesos. La Fundación Rafael Reyes, que recibió dineros solicitados por el concejal Felipe Reyes de la Vega, devolvió la suma de 38 millones. Y la Corporación Avanzada Social Integral orpovanceque recibió dineros solicitados por el concejal Jorge Pastrana Pastrana, reintegró al Juzgado 23 la suma de 11 millones.

Por su parte, el Juzgado 23 de Instrucción criminal embargó cuentas bancarias del Icetex donde fueron depositados 100 millones de pesos por un grupo de varios concejales para financiar estudios. Igualmente se embargaron las cuentas del Fondo de Becas Jorge Muñoz por la suma de 10 millones de pesos. El Fondo de Becas Francisco Martínez Vargas por 13 millones. El Fondo de Becas Guillermo Morales por 11 millones.

La devolución y el embargo de estas cuentas ha hecho que el proceso que adelanta el juez Lozano tenga un giro de 180 grados. El juez no podrá medir con la misma vara a los concejales que devolvieron los dineros personalmente o a través de las fundaciones con aquellos que no lo hicieron y que le dieron una mala utilización inanciación de campañas electorales o depósitos bancarios Pero no todo es de color de rosa para los concejales que devolvieron la plata. Si bien es cierto que a su favor juega un papel preponderante la buena fe, no por ello los libra de toda culpa. Una cosa es ir a la cárcel y otra muy distinta ser sentenciados con beneficio de excarcelación. Igualmente, la suerte de Caicedo Ferrer, Marcela Airó y Luis Ignacio Betancur jugará a su favor. La devolución de la tercera parte de los 1.680 millones les permite soñar con la libertad. Pero quien tiene la última palabra es el juez César Tulio Lozano y sólo el jueves se conocerá el veredicto final.

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