Viernes, 31 de octubre de 2014

| 2013/09/13 00:00

Alcalde de Sincelejo miente en rectificación

Obras del transporte paralizadas, edificio de gobierno municipal construido sobre humedal, hacen parte de los errores.

Jairo Fernández, alcalde de Sincelejo. Foto: SEMANA

En carta enviada a Revista SEMANA el alcalde de Sincelejo Jairo Fernández Quessep desmiente cinco afirmaciones contenidas en un artículo publicado el pasado lunes en la edición electrónica bajo el título ¿Por qué dicen que en Sincelejo no hay alcalde? Solicitud de rectificación que la revista publicó en su totalidad, pero sus afirmaciones contra el artículo publicado no son ciertas y en virtud de ello diremos por qué son falaces sus rectificaciones.


En el artículo se dice que Sincelejo no tiene un sistema de transporte público y el alcalde no desmiente esa afirmación sino que se dedica a descalificar a la administración de su antecesor y aliado, su gran elector, Jesús Paternina Samur, así como a las gestiones de su gobierno para asegurar los recursos que permitan continuar con las obras. El hecho que el alcalde diga que consiguió 200 mil millones de pesos para continuar las obras, no quiere decir que el sistema de transporte esté funcionando, cuando terminen las obras y entre en funcionamiento habrá un sistema de transporte, mientras tanto no. Por lo pronto la gente se seguirá transportando en mototaxi. 


Han pasado 20 meses desde que se posesionó Jairo Fernández y las obras no se han reactivado. Lo cierto es que con la recuperación de los 800 millones de las pólizas más el 10% de la cláusula penal, no se recupera la inversión perdida. Lo que no rectifica el alcalde es la afirmación de que Jesús Paternina fue su principal aliado, lo que configura una indebida participación en política del anterior alcalde a su favor.


La segunda petición de rectificación que formula el alcalde Fernández Quessep es a la siguiente afirmación: ‘Una de las obras más polémicas y por la cual tienen procesos judiciales el alcalde Fernández y su antecesor es por el contrato de la laguna de oxidación de aguas servidas’. La anterior afirmación, dice el alcalde, es falsa, por cuanto no es cierto que en su contra, exista proceso judicial alguno por la Laguna de Oxidación. 


Es cierto, contra Fernández Quessep no existe un proceso como alcalde, es contra los exalcaldes Jorge Ospina Vergara y contra su primo hermano y aliado Jaime Merlano Fernández, exalcalde del periodo 2004 – 2007, lo que hubo fue una confusión de nombre con el de su primo, hecho por el cual ofrecemos excusas. 


Lo que sí existe en su contra es una investigación en la fiscalía Quinta de delitos contra la administración Pública bajo el radicado 1811, donde indagan la conducta de los concejales de la época por aprobar la modificación del POT mediante el acuerdo 019 de 2004, que fue el que habilitó la construcción de la costosa laguna de oxidación, y porque cambiaron el uso del suelo de la zona sur oriental de Sincelejo. En ese entonces Jairo Fernández era concejal de Sincelejo con su otro gran aliado Yahir Acuña. 


El alcalde sostiene que el edificio de la alcaldía no está construido sobre el Humedal Las Garzas. Cuando el alcalde Paternina solicitó al concejo facultades para declarar de utilidad pública un lote, el concejo se las otorgó para que lo hiciera con respecto a un lote ubicado al lado del palacio de gobierno departamental y el municipio no sólo lo hizo sobre el terreno del humedal sino que además parte del edificio fue construido sobre terrenos de un particular, es decir el municipio es invasor de propiedad privada y así consta en denuncias públicas hechas en los medios locales y en página de la concejal Karina Cabrera Donado, donde hay constancia de un debate sobre el tema. 


Así que miente el alcalde también en este punto. Además de que ya el edificio tuvo un sobrecosto en la anterior administración, Fernández consiguió aprobación del concejo para invertir 6.000 millones más para terminar la obra, mientras tanto el municipio sigue pagando arriendos desde hace 20 meses con lo que eso significa en materia de detrimento patrimonial para una ciudad tan pobre.


En su cuarta petición de rectificación el alcalde niega que la renovación del contrato de arriendo de los dos pisos del edificio de la Caja Agraria de propiedad de sus primos los Payares Quessep, fuera automática, porque las leyes de contratación pública no lo permiten. Quien hace la afirmación no es Semana, es el pariente del alcalde, el señor Payares Quessep, su primo, y así está en la nota publicada, donde además la revista aclara que el alcalde había manifestado su impedimento porque al firmar el contrato con unos parientes estaría incurso en un conflicto de interés. 


Lo que no dice el alcalde y esa es la molestia de sus primos, es que la administración no entregó las oficinas y por eso están demandados. Pero ante eso no han dado ninguna explicación. Si el municipio hubiera entregado las oficinas no estarían defendiéndose de las demandas de unos primos. Tampoco dice nada respecto a la afirmación del señor Payares cuando afirma que el alcalde le dijo ‘habla con Mario que él te resuelve eso’ y Mario nunca le dio la cara. Es decir que el alcalde da por cierto que es Mario quien manda y es una afirmación que flota en el ambiente en Sincelejo.


Lo curioso es que el alcalde lo que no hizo con sus primos sí lo hizo con el contrato de las libranzas que su familia tiene con el municipio a través de Almacenes Carmencita. Cuando se posesionó como alcalde, Fernández solicitó al gobernador Julio Guerra Tulena que nombrara un alcalde ad hoc, para que se encargara de firmar el contrato de libranzas porque él como alcalde no podía firmarlo. 


El negocio de las libranzas es un contrato mediante el cual los funcionarios de la alcaldía autorizan a la tesorería municipal que les descuente de sus salarios las deudas que adquieran con el mencionado almacén donde compran prendas de vestir a crédito. En Sincelejo dicen que el negocio de los Fernández es el préstamo de dinero a través del contrato de mutuo. Los propietarios del almacén son Carmencita Quessep de Fernández (madre del alcalde), una hermana, su hermano director Seccional de Fiscalías en Montería y el alcalde. Se sintió inhabilitado para firmar un contrato con unos parientes en cuarto grado de consagüinidad, pero no le dio pena pedir que nombraran un alcalde ad hoc para que el negocio de su familia no se perjudicara. 


En cuanto al último punto sobre las veedurías, el alcalde afirma haber instalado unas veedurías a las obras, pero a quien tienen que desmentir es a la señora Aurita de Narvaez coordinadora de la red de veedurías de Sincelejo que sostiene que nunca en tantos años los veedores independientes se habían visto tan apurados para cumplir su labor.


Pero sí existe un veto, ya que se ha coartado la participación ciudadana en la verificación y seguimiento a la contratación pública, lo que se puede verificar en el caso del contrato de la nueva estratificación,  contratado en el gobierno pasado y el último registro que aparece en el portal de contratación son un acta de suspensión y un acta de prórroga de la suspensión desde el 2011, pero la ciudadanía no se explica cómo el alcalde Fernández ha hecho pagos del mismo y adoptó la estratificación según el decreto 517 de 2012, si el contrato está suspendido según la página del Sistema Electrónico de Contratación Pública. En Sincelejo la gente se queja de la estratificación diciendo que la hicieron desde un escritorio. 


Durante quince años Jairo Fernández Quessep fue concejal de Sincelejo, aliado de la coalición mayoritaria que impuso alcaldes liderada por sus primos los Merlano Fernández, quienes además lo apoyaron para que fuera elegido representante a la cámara en 2006, elección que el Consejo de Estado declaró nula por un error en su inscripción. 


Durante esos quince años que fue concejal, Jairo Fernández tuvo como cuota la Secretaría de Educación del municipio de Sincelejo y en torno a ella constituyó y desarrolló el prospero negocio de libranzas y una imagen de simpaticón soltero y solitario.

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