ALCALDES A PASO DE TORTUGA

En enero de este año, cuando el Congreso aprobó por fin el laborioso trámite de la elección popular de alcaldes después de discusiones infinitas, muchos pensaron que el tema estaba resuelto y sólo faltaba votar. Era no contar con los caminos misteriosos del procedimiento jurídico. Faltaba todavía reglamentar el Acto Legislativo Número 1 de ese 9 de enero del 86, que reformaba el artículo 171 de la Constitución incluyendo a los alcaldes municipales y al del Distrito Especial de Bogotá entre los funcionarios que deberían ser elegidos por voto popular. Esa reglamentación no podía incluirse dentro del acto legislativo, pues hubiera convertido a la Carta en un Código de Régimen Político y Municipal. Y como la legislatura agonizaba, se decidió dejar las cosas para la siguiente. Es por eso que, una vez más, la traída y llevada elección de alcaldes está en discusión en el Congreso.
Aunque normas sobre los requisitos necesarios para ser alcalde (como qué calidades inhabilitan a un ciudadano para presentarse de candidato, ante quién deben inscribirse los aspirantes o cómo se debe realizar el escrutinio), son estipulaciones meramente mecánicas, existen otras normas que podrían llamarse de principios. Es por esto que los diferentes grupos políticos y el mismo gobierno presentaron cada cual su proyecto propio. La Comisión Primera del Senado nombró como ponente al liberal Alberto Santofimio Botero, quien maneja el tema al dedillo, por haber sido ponente también de la reforma constitucional respectiva. A juicio del gobierno y de la mayoría de los parlamentarios consultados por SEMANA, la labor del senador Santofimio fue juiciosa y responsable porque involucró en su proyecto las propuestas principales de todos los sectores.
Las reacciones no se hicieron esperar. Algunos opinan que en el proyecto de Santofimio hay normas inoficiosas, y otros que las hay peligrosas. El senador alvarista Hugo Escobar Sierra, por ejemplo, señaló a SEMANA que no está de acuerdo con el artículo 35 "que estipula que no será causa de suspensión ni de destitución, el que el alcalde realice directamente o apoye las demandas que hagan los habitantes de un municipio. Es peligroso--afirma Escobar--autorizar que los alcaldes elegidos popularmente lideren movimientos cívicos o propugnen por su realización, ya que con ello se puede llegar a todo tipo de abuso, asonada y violación de la ley". Al respecto, Alberto Santofimio dijo a SEMANA: "Acogí de inmediato esa iniciativa de la UP porque estoy completamente de acuerdo con ella. No puede ser causal de destitución o de suspensión el hecho de que un alcalde apoye a la comunidad que lo eligió en sus justas reclamaciones ante las autoridades gubernamentales competentes". Y Hernando Hurtado, senador de la UP, dice por su parte: "Si el representante de los intereses colectivos no se hace su vocero, no podría ser su representante. Lo que pasa es que quieren meter 'micos' para que los alcaldes puedan ser destituidos por cualquier motivo y resulten otra vez designados por los gobernadores, como antes".
Pero este no ha sido el único punto que ha sacado ampolla. El proyecto que presenta Santofimio contempla no sólo la figura del alcalde suplente sino la del interino y la del provisional, porque según él "se trata de legislar para que el principio fundamental, o sea la elección popular de alcalde, no se pierda. En caso de que haya una falta absoluta del alcalde principal, su suplente, elegido en la misma papeleta, entrará a reemplazarlo; pero en caso de que este no pueda se deberá realizar una consulta popular, o en su defecto determinar que sea el Concejo Municipal quien lo nombre". Hugo Escobar está en total desacuerdo. Según él ni siquiera se puede determinar la figura de la suplencia porque "cuando se discutió el acto legislativo se propuso el alcalde suplente y se negó. La ley no puede ir en contra de este mandato constitucional".
Esta incompatibilidad de criterios dio origen a la creación de una subcomisión integrada por los liberales Alberto Santofimio y José Elías Nader, los conservadores Hugo Escobar Sierra y Luis Escobar, Alfonso Valdivieso del Nuevo Liberalismo y Hernando Hurtado de la UP, quienes buscarán acuerdo sobre los puntos en litigio. Santofimio no cree que haya muchos problemas, y dijo a SEMANA que confiaba en que el proyecto definitivo pueda pasar a la Cámara la semana que viene. Sin embargo, como la actual legislatura finaliza el 15 de diciembre, la reglamentación sobre elección popular de alcaldes no estará lista y aprobada sino el año próximo, a menos de un año de la fecha definida para que se realice por primera vez.
Se le habrá quebrado entonces una vértebra a la Constitución centralista de Núñez y Caro, como dicen los críticos de la reforma. Pero quedará faltando todavía el rabo por desollar, en la opinión de los más pesimistas: torcerle el pescuezo a las tradiciones electorales colombianas. Porque, señalan, si no ha sido posible eliminar ninguno de los innumerables vicios y corruptelas que desfiguran la pureza del sufragio en las elecciones de Cámaras, Asambleas y Concejos e inclusive en las presidenciales, desde la compra de votos hasta el fraude en el escrutinio, ¿qué puede hacer pensar que las elecciones de alcaldes van a ser mágicamente diferentes?

ALCALDES DE AL UP: NO TAN FIEROS...
Durante su campaña el actual presidente Barco hizo pocas promesas específicas. Una de ellas fue la de nombrar alcaldes de acuerdo con los resultados electorales obtenidos en cada municipio, y en la práctica no ha resultado fácil darle cumplimiento. El Partido Conservador rechazó los alcaldes que le correspondían. Y la Unión Patriótica, que alcanzó la victoria en 30 municipios de los mil quince que tiene el país, sólo ha recibido los suyos en 24 de ellos, y reclama los restantes. Tiene seis en Antioquia, seis en el Meta, tres en Arauca, uno en el Tolima, uno en Nariño, uno en el Cesar, dos en Santander, dos en Cundinamarca y uno en el Guaviare. "Alcaldes guerrilleros" los llaman unos. "Alcaldes populares", replican otros. SEMANA quiso ver sobre el terreno cómo les ha ido en sus cargos y qué piensa de ellos la población en general. Y para saberlo recorrió los municipios de Segovia, Mutatá y Apartadó, en el norte de Antioquia, Coyaima en el Tolima, San Juan de Arama en el Meta y Sabana de Torres en Santander.
Les ha ido bien, en general, y las quejas que tienen podrían provenir de alcaldes de casi cualquier otra filiación política. Son respetados en sus regiones, y hasta la fecha no han tenido roces con las autoridades militares, como hubiera sido de temer, ni han sido especialmente hostigados por los caciques regionales de los grandes partidos. Sólo dos, Alvaro Garcés Parra de Sabana de Torres (Santander) y Rubiel Martínez de San Juan de Arama (Meta) informan haber recibido anónimos con amenazas de muerte. Y sin embargo los problemas han sido menores de lo que cabía esperar, dado el hecho de que todos ellos ejercen sus funciones en zonas de grave conflicto, y la prevención que existía en muchos sectores contra el experimento de nombrar alcaldes provenientes de una organización salida de la guerrilla en tregua.
Pero es que la UP tomó toda suerte de precauciones para evitar fricciones, empezando por la de proponer como candidatos en muchos casos a personas que no tienen una militancia definida en su organización. Se siguieron las orientaciones del Secretariado de las FARC, que definían así a los candidatos: "El alcalde de la UP tiene que ser un líder carismático, que esté sumergido entre la población; tiene que estar en todos los lugares del municipio propugnando por la solución de los problemas, dando iniciativas de orden comunal; donde no haya organizaciones comunales debe crearlas; tiene que conocer y dominar al derecho y al revés el régimen político y municipal y la Constitución Nacional para que pueda utilizar toda posibilidad de hacer progresar a su municipio...". En resumen, se trata de algo así como los "alcaldes cívicos" de que ha hablado el gobierno para sortear su problema con los conservadores: antes que militantes políticos, son ciudadanos conscientes.
Y están bien preparados. No sólo la UP organizó para ellos cursillos sobre la mecánica del régimen municipal, sino que en su mayor parte tienen formación académica y profesional. La alcaldesa de Apartadó--el municipio más grande y rico de los visitados, y uno de los más conflictivos-Alba Lucía López Ramirez, es abogada de la Universidad de Caldas, donde se distinguió como líder estudiantil sin militar en ninguna organización. Según dice a SEMANA, su nombramiento en la alcaldía es consecuencia de su tarea como personera del mismo municipio, cargo en el que se destacó por su ayuda a la comunidad. El alcalde de Mutatá, Alejandro Cárdenas Villa, va aún más lejos, y se define como "liberal demócrata independiente". Es economista de la Universidad de Medellín, especialista en mercadeo agropecuario, y dice a SEMANA: "Como mi programa es de corte liberal, no creo tener problemas". El de Coyaima, José Nelson Tovar Rojas, ingeniero agrónomo de la Universidad del Tolima, ha sido militante del Partido Comunista pero también fue durante diez años concejal de Anapo. Y el de Segovia, Manuel Alvaro Fernández Pinzón, no ha pasado de ser simpatizante del Partido Comunista. Es ingeniero eléctrico de la Universidad Bolivariana y economista graduado en México, y ha ocupado ya varios cargos públicos.
Así, al falso dilema de "alcaldes guerrilleros" o "alcaldes populares" la UP ha respondido hasta ahora saliéndose por la tangente: alcaldes preparados.