¿Control o manipulación?

Un pronunciamiento de la Corte Constitucional, que obliga a Enrique Peñalosa a asistir a una citación del Congreso para explicar sus planes en la reserva Van der Hammen, tiene a los alcaldes del país con los pelos de punta. Si la corte, que tiene la potestad para evaluar las excusas públicas que presentan los funcionarios para no asistir al Congreso, decide convertir el pronunciamiento en fallo, se abriría la puerta para que cualquier mandatario local tenga que responder por sus actuaciones ante el Legislativo.

Más que un tema de competencias legales, la preocupación que genera el precedente de Peñalosa tiene un carácter político. El día que se supo que debería ir a la citacion hecha por el representante verde Inti Asprilla, el alcalde declaró que desde que se posesionó hace 11 meses ha sido citado en 40 oportunidades. “Si hubiera asistido a tdas las citaciones, uno de cada tres días habría tenido que estar en el Capitolio”, dijo.

El planteamiento de Peñalosa responde a una realidad objetiva: los bajos niveles de ejecución presupuestal de los últimos años en Bogotá. Durante la gestión de Gustavo Petro, la Veedora Distrital, Adriana Córdoba, regañó varias veces al mandatario por los bajos indicadores de inversión, ligados, en parte, a que las entidades no implementaron planes de acción. Lo mismo ocurrió en la mayoría de alcaldías de las grandes capitales que, exceptuando algunas como Medellín y Barranquilla, dejaron gran parte de sus recursos en los bancos. Si se considera que hacer presencia en el Congreso no solo implica que cualquier alcalde esté sentado horas en el Capitolio, sino que además sus funcionarios deben responder previamente solicitudes de información y acompañar al mandatario, el tiempo invertido en cada cita sería mucho mayor que el del debate. Esta situación sería más grave para burgomaestres de otras regiones, que tendrían que viajar a Bogotá cada vez que un congresista decidiera citarlos.

A lo anterior se suma un debate sobre las competencias. La Constitución establece el derecho de los parlamentarios a citar a cualquier funcionario y, según lo advertido por la corte, en el caso de los alcaldes este derecho se aplica a la discusión de temas de carácter nacional. Es indiscutible que al tener un carácter ambiental, las implicaciones de lo que pase con la Van der Hammen van más allá de las fronteras capitalinas. Sin embargo, la frontera entre lo local y lo nacional puede llegar a ser difusa. Siguiendo ese criterio cualquiera puede argumentar que lo que pase con una obra de infraestructura en Medellín afecta a una región, o que una decisión local sobre el puerto de Cartagena tiene consecuencias económicas para todo el país. En términos prácticos, esto implicaría que la labor de control político de los Concejos y Asambleas –que además tienen competencia exclusiva sobre los presupuestos municipales y departamentales– terminaría solapándose con la del Congreso, y que, en un país que privilegia la descentralización, las autoridades nacionales y regionales reivindicarían un nuevo poder sobre lo local.

Para nadie es un secreto que algunos de quienes aspiran al Congreso buscan contar con el apoyo de los mandatarios locales, y que una vez son elegidos pretenden ubicar sus clientelas en los municipios. En ese contexto, legitimar que los parlamentarios puedan citarlos cuando quieran podría darles paso a jugadas politiqueras.

Tampoco suena bien que, precisamente, sean opositores a Peñalosa quienes buscan convertir en ley la obligatoriedad de que el alcalde de Bogotá asista a las sesiones del Congreso cuando lo convoquen. Mucho menos que a este proyecto, al que le faltan dos debates, y que cobijaría a otros alcaldes, lo hayan bautizado “Ley Peñalosa”.

Nadie niega que el control político es la base del equilibrio de poderes de una democracia. Pero en un país acostumbrado al clientelismo, cuyas ciudades claman por la eficiencia de sus gobernantes, es cuestionable la pertinencia de que el Congreso lo extienda a los alcaldes.