Líos por un multimillonario contrato de refrigerios escolares

Varias irregularidades en un contrato para suministrar refrigerios a 600.000 estudiantes de colegios públicos en Bogotá, por valor de 33.000 millones de pesos, fue denunciado en el Concejo de la ciudad. El tema no es menor si se tiene en cuenta que de por medio están el bienestar y la salud de niños y jóvenes. 

La política de refrigerios para los alumnos de colegios públicos nació en la administración de Antanas Mockus. Desde entonces, los alcaldes han mantenido y reforzado esta estrategia, puesto que la entrega de alimentos refuerza notablemente el aprendizaje. 

Tras la llegada de Gustavo Petro a la Alcaldía, se decidió cambiar la forma de hacer la contratación para este tipo de suministros y con ello generó una serie de presuntas anomalías en los contratos, que fueron denunciadas por el concejal Roberto Hinestrosa (Cambio Radical).

Según el cabildante, al contrato se le podrían hacer por lo menos tres cuestionamientos graves. El más notorio es que no exista una interventoría que vigile las empresas que suministran los alimentos a los escolares. 

Se trata de un contrato con Plaza Mayor, con sede en Medellín. Según la denuncia, el contrato de interventoría que realizaba la Universidad Nacional se venció pasado el 30 de mayo, por lo que a la fecha ninguna entidad estaría supervisando la provisión de los alimentos, sobre todo en temas como calidad y cantidad. 

“No estamos hablando de libros o lápices, son los alimentos de los niños que se deben entregar en buenas condiciones y para ello debe existir quién verifique esto”, dijo Hinestrosa a Semana.com. 

La Administración Distrital se defendió durante el debate y señaló que ya existe una interventoría. Sin embargo, en las respuestas a un derecho de petición presentado por el concejal, la Secretaría de Educación informó lo contrario.  

Pero a este hecho, que de por sí ya sería grave de comprobarse, se suman otras presuntas faltas. La primera es que el contrato de suministro de alimentos podría estar viciado. 

Para el concejal existe una violación al régimen de contratación pública ya que Plaza Mayor, firma encargada de la entrega de los refrigerios, realiza más bien actividades que tienen que ver con la realización de eventos y logística. Si bien esas actividades podrían tener relación, no queda claro que se dedique al negocio de alimentos.

Según lo que se conoció en el debate, esa anomalía impediría que la empresa cumpliera con la capacidad jurídica en tanto que su objeto social como persona jurídica no coincide con la meta del  contrato. 

“El contratista del convenio acá cuestionado es una empresa de economía mixta cuyo objeto social está básicamente dirigido a la realización de eventos sociales, cubrimientos de medios de comunicación, convenciones, exposiciones. Nada relacionado con alimentación, ni refrigerios escolares, lo cual pone en duda la calidad y los contenidos nutricionales que se le están suministrando a los escolares del Distrito”, se lee en un documento expuesto en el debate.

Como si fuera poco, según el concejal, Plaza Mayor subcontrató a un intermediario para que este entregara los alimentos. A su vez, este subcontrató a empresas cuestionadas por la propia Administración.

Por eso desde en el Concejo le preguntaron al alcalde, ¿cuál era el propósito de subcontratar? ¿Cuánto le cuesta a la ciudad la ‘sub sub’ contratación del suministro de refrigerios?

“Tal como se puede evidenciar, nuevamente la Administración Distrital se burla del régimen de contratación pública amañando las causales para contratar de manera directa contempladas en la ley”, resaltó Hinestrosa. 

Ante las presuntas irregularidades, el concejal anunció que hará la respectiva denuncia para que la Procuraduría General de la Nación investigue la supuesta comisión de faltas disciplinarias.