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| 7/5/1993 12:00:00 AM

Alejandro, el chico

Las acusaciones contra el hermano menor del presidente Gaviria, parecen tener más fondo que las anteriores denuncias contra otros miembros de su familia.

TODO PARECIA INDICAR QUE LA TORMENTA de debates contra el Gobierno y en especial contra la familia del presidente César Gaviria y la primera dama, por supuestas indelicadezas e irregularidades en sus relaciones con el Estado, había llegado a su fin. La marea de cuestionamientos por los casos de Juan Carlos Gaviria y de Colfuturo, no había bajado. Fue entonees cuando las denuncias apuntaron contra otro hermano del primer mandatario, Alejandro Gaviria, 20 años menor que el Presidente, quien fue acusado de aprovechar su cercano parentesco con el jefe del Estado para conseguir anuncios publicitarios para una revista trimestral de economía dirigida por él y llamada Apertura Económica.
En un principio, las denuncias no parecieron muy de fondo. El acusador, el parlamentario Gustavo Petro del M-19, cometió un error significativo al asegurar que el benjamín de los Gaviria se estaba enriqueciendo con esos avisos. De hecho, la divulgación el jueves de un comunicado del propio Alejandro Gaviria pareció disipar las dudas, pues el documento aclaró, entre otras cosas, que él no era dueño de la revista, sino empleado, con lo cual perdía peso buena parte de la acusación.
Pero la suerte inicial cambió cuando el joven Gaviria se expuso en forma directa a los medios audiovisuales, los noticieros QAP y CMI del jueves en la noche, y la cadena radial RCN el viernes en la mañana.
EL QUE MUCHO HABLA. . .
Primero en QAP y CMI, y luego en RCN, Alejandro Gaviria aceptó que, a pesar de que solo aparecía como director de la revista, era el gerente comercial de la companía propietaria de la publicación y participaba directamente en la consecución de los avisos tanto de las entidades públicas como de las privadas.
Durante su accidentada entrevista en RCN, patinó varias veces. Primero, no supo qué responder cuando le preguntaron si no creía que su condición de hermano del primer mandatario favorecía la consecución de los avisos .
Alejandro Gaviria explicó que Puntos Suspensivos, la sociedad propietaria de la revista, manejaba otros proyectos editoriales, como la publicación de una serie de siete fascículos sobre la Colombia precolombina, editados y distribuídos en companía del diario El Espectador. Y declaró que unos ejemplares sobrantes de esa colección se los habían vendido al Ministerio de Educación. De esa última explicación surgieron un mar de preguntas por parte del equipo de periodistas que encabeza Juan Gossaín. La más obvia de todas, era si a Alejandro Gaviria le parecía correcto venderle unos ejemplares sobrantes al Ministerio de Educación. La respuesta fue que en realidad no se trataba de ejemplares de sobra, sino de una reimpresión.
Finalmente, aseguró: "La empresa en que trabajo también tiene asesorías y estudios económicos. Hemos hecho estudios económicos para empresas del Estado (...) Estos estudios los hizo Puntos Suspensivos, del cual yo no soy socio. (..) Yo tengo un socio que se llama José María González. O sea, yo le digo socio, aunque no soy socio de él. Y él tiene esa empresa desde hace muchísimos años. Tiene cartera de varios bancos, entre ellos algunos del Estado (...) No he tenido vinculación con esos negocios ni he ayudado a mi socio a conseguir que los bancos le den esos negocios. (...) La empresa que hace esos negocios se llama Colsajurídicos".
El balance fue desastroso para el hermano del primer mandatario. Al terminar la entrevista, los oyentes quedaron con la impresión de que no sólo no había aclarado mayor cosa, sino que se había confundido tanto y se había mostrado tan inseguro en sus afirmaciones, que bien podía no estar diciendo toda la verdad.
LA REALIDAD DEL CASO
Toda esta confusión obliga a poner en orden las acusaciones, y a desglosarlas una por una, con el fin de poder evaluar su verdadero alcance.
La primera acusación tiene que ver con dirigir una revista, no muy conocida aunque con una circulación que sus impresores -el diario El Espectador- certifica en 15 mil ejemplares que obtiene avisos tanto del sector privado como del público. Dirigir una revista, por sí solo, no merecería censura alguna, incluso si la revista recibe avisos de entidades del Estado y no es muy conocida, pues finalmente, el mercado de anunciantes en Colombia está integrado por ambos sectores y no parece lógico limitarse a recibír solo anuncios privados por cuenta de que el medio es dirigido por un hermano del Presidente.
Pero como el propio Alejandro Gaviria reconoció haber participado en la consecución de los avisos, la cosa se oscurece. Es indudable que muchos de los avisos que obtuvo, en especial de entidades del Estado, no habrían llegado si la puerta de dichas entidades no hubiera sido tocada por el hermano del Presidente.
Sin embargo, lo anterior no es suficiente para poner al benjamín de la familia presidencial en la picota. Desde tiempos de la llamada Operación K, cuando se acusó al gobierno de Laureano Gómez de favorecer con anuncios publicitarios al periódico El Siglo, hasta cuando más recientemente era objeto de agudos comentarios el hecho de que el diario La Prensa de la familia Pastrana recibiera múltiples avisos de la administración distrital que presidía entonces Andrés Pastrana, asuntos como éstos se han debatido muchas veces.
Pero en el caso de Alejandro Gaviria hay más elementos. La empresa editorial con la cual él trabaja ha hecho, además, un par de contratos con entidades públicas: le vendió un buen número de ejemplares de una colección que editó con El Espectador, al Ministerio de Educación; y por otra parte, en 1990 hizo una revista sobre la entonces intendencia de Arauca, a solicitud del gobierno intendencial cuya cabeza no era en esa época elegido popularmente, sino nombrado por el Presidente de la República, Ambos contratos pueden haberse perfeccionado de modo jurídicamente adecuado. Pero es indiscutible que hay un margen de indelicadeza en haber participado en su ejecución, en especial si tal como lo reconoce el propio Alejandro Gaviria, el obtiene participación sobre las utilidades en esta clase de proyectos de la empresa con la cual trabaja.
EL DILEMA
La familia presidencial ha sido acusada recientemente por tres casos. El primero es el de Colfuturo, fundación que preside la primera dama Ana Milena Muñoz, que recibe fondos privados así como públicos, y que se dedica a enviar colombianos a estudiar postgrados en el exterior. La nobleza de esta causa, así como el reconocimiento de la transparencia con que se han manejado los recursos de Colfuturo, por intermedio de una junta integrada por los más destacados hombres de la empresa privada nacional, permiten decir que el escándalo de Colfuturo resultó ficticio, tal y como lo han reconocido no solo amigos sino enemigos del Gobierno.
El segundo caso es el del constructor Juan Carlos Gaviria, acusado de registrar en los últimos tres años un inusitado crecimiento de sus actividades, en especial en proyectos de vivienda social que el Estado subsidia. Este tema ha tenido desde un principio mala presentación por cuenta del volumen de las actividades del hermano constructor. Sin embargo, al no existir discrecionalidad del Inurbe -la entidad que ofrece los subsidios-a la hora de escoger qué proyectos aprueba, es difícil decir que ha habido favoritismo con Juan Carlos Gaviria, distinto del que puede darse en un país de "sapos", cuando los funcionarios medios agilizan los trámites de una empresa en la cual el hermano del Presidente es accionista.
Otra acusación contra Juan Carlos Gaviria ha sido la de declarar algunos de sus predios por valores inferiores al comercial. Esta es una práctica corriente en el país, pero aún si se acepta que es una irregularidad importante, se trata de una situación que debe resolver la Administraci6n de Impuestos, y en ese campo, hasta ahora, no se ha demostrado favoritismo alguno.
En el tercer caso, el que surgió la semana pasada y afecta al hermano menor del primer mandatario, a la inversa de lo que sucede con el caso de Juan Carlos Gaviria, lo que molesta no es el volumen de los negocios, sino el sabor a tráfico de influencias y a utilización de los apellidos del primer mandatario, para una revista que, a pesar de su tiraje, pocos colombianos conocían antes de la semana pasada.
La pregunta que muchos se hacían al final de la semana era qué actitud debía asumir frente a este caso el presidente Gaviria. Cada día que pasa parece más obvio que el primer mandatario, tal y como lo planteó en una carta a El Espectador hace dos semanas, debe desautorizar cualquier gestión indebida de sus familiares o la actitud de funcionarios públicos que les den, en dichas gestiones, un trato preferencial. Ante la imposibilidad de vigilar día a día las actividades de sus hermanos y cuñados, el jefe del Estado, quien aseguró en la carta a El Espectador que al iniciarse su administración los había alertado contra la tentación de cometer esos errores, no puede responder por ellos si cometen pecadillos y lo único que puede hacer, es dejarlos en manos de la opinión publica o, si es del caso, de las autoridades competentes. Gaviria podría así distanciarse y evitar que todos estos debates lo salpiquen, pues de lo contrario corre el riesgo de que por falta de una desautorización más contundente de estas actividades, sus opositores tengan de dónde agarrarse para acusarlo de estarlas protegiendo .
Pero más allá del caso de la familia Gaviria, surge también un debate sobre cuál debe ser la actitud de un Presidente de la República frente a los negocios y actividades de sus familiares. En el pasado, se acostumbraba a enviarlos a cargos diplomáticos en el exterior o incluso a nombrarlos en cargos públicos cercanos al despacho del primer mandatario, como la secretaria privada. Esta salida se cerró por el debate que varios columnistas le plantearon al entonces presidente Belisario Betancur, cuando designó a dos de sus yernos en cargos públicos en el exterior. Betancur se echó para atrás y desde entonces, los familiares de los primeros mandatarios han visto limitadas o cuestionadas sus actividades en un país donde casi todas las profesiones y negocios tienen algo que ver con el Estado, sea porque requieren de permisos y autorizaciones, o porque se nutren de recursos públicos. Si el debate sigue por donde va, ser pariente del primer mandatario va a implicar, en el futuro, cruzarse de brazos durante los cuatro años del mandato o, de lo contrario, exponerse a ser puesto en la picota pública.
Como puede verse, el asunto no es de poca monta. Más allá del desenlace que tengan los episodios de los parientes del presidente Gaviria, es hora de poner en la mesa dc debates el tema de qué pueden y que no pueden hacer los hermanos, hijos, yernos y cunados del primer magistrado.
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