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| 9/29/2015 11:00:00 PM

Ordóñez ataca, De la Calle responde

Para el procurador, el acuerdo que se firmó en La Habana es una “comedia”; el jefe negociador insiste en que habrá restricción de libertad a los responsables de crímenes atroces.

El jefe negociador del Gobierno en las negociaciones con las FARC, Humberto de la Calle, dio la cara a los más duros críticos al proceso de paz. Este martes, en la plenaria del Senado, tuvo en frente al procurador Alejandro Ordóñez y al senador Álvaro Uribe, quienes han coincidido en rechazar los términos del acuerdo firmado por el Gobierno y la guerrilla en materia de justicia transicional.

Muy intenso fue el debate. El uribismo aseguró que nunca antes un gobierno colombiano, en los 32 años en los que se ha intentado acordar el fin del conflicto, había hecho tantas concesiones a las FARC. Insistieron, en voz del senador José Obdulio Gaviria, en que dicho acuerdo garantiza la impunidad. Pero fue el procurador quien más reparos hizo al calificar  de “comedia” y “caricatura” los diez puntos del acuerdo consignados en el comunicado de prensa leído y firmado por las partes el pasado 23 de septiembre.

Para Ordóñez, no se sabe quién tiene la razón sobre los acuerdos porque asegura que el presidente Juan Manuel Santos, los funcionarios de su gobierno, los exmagistrados que participaron en la construcción del acuerdo (Manuel José Cepeda y Juan Carlos Henao) “se contradicen entre sí, y que hasta el “funcionario encargado de investigar -refiriéndose sin duda al fiscal general Eduardo Montealegre- tiene otra interpretación. Pero más aún, el vocero de la guerrilla Iván Márquez, y el abogado de las FARC Enrique Santiago, aseguran que el Gobierno está tergiversando el acuerdo.

Por eso, Ordóñez volvió a exigirle al Gobierno que publique, a la mayor brevedad, el documento del acuerdo. “No comprendo por qué no quieren dejar conocer el acuerdo, por qué lo esconden”.

En el debate, el procurador se limitó, entonces, a examinar casi letra por letra los diez puntos del acuerdo consignado en el comunicado para manifestar cuatro asuntos que le generan una gran preocupación.

Primero, que del comunicado se desprende que las sanciones a los responsables de graves violaciones de Derechos Humanos y crímenes atroces serán simbólicas, pues se reducirán a trabajo social, y eso, en su criterio, vulnera los estándares internacionales en materia de justicia. “Va a ver investigación, juicio y sanción, es importante, pero la condena es grosera, desproporcionada con el daño causado e inadecuada”. Según Ordóñez, “Timochenko tiene 16 condenas que sumadas pasan de 448 años de prisión, esos serán sustituidos por la sentencia del tribunal de paz que los cambia por restricción de residencia y movimiento y cumplir trabajos sociales”.

Cuestiona que la amnistía consagrada en el acuerdo esté ligada al delito político. En ese sentido asegura que se van a beneficiar testaferros de las FARC, empresarios y políticos vinculados a ellos, y pregunta por qué no se les aplica también a actores vinculados con las Autodefensas.

Ordóñez también cuestiona que se haya negociado con las FARC el marco jurídico aplicable a miembros de las Fuerzas Armadas detenidos por hechos propios del conflicto, y preguntó si en los futuros tribunales de la jurisdicción de paz habrá cuota de representación de las FARC. También aseguró que no hay requisitos en el acuerdo para acceder a la justicia transicional.

Ordóñez también cuestionó que algunos sectores están pretendiendo convertir lo que se acuerde en La Habana en un mecanismo de venganza. Eso en referencia a las declaraciones del fiscal sobre la posible vinculación del expresidente Uribe a la jurisdicción especial de paz. “Con la lógica de algún funcionario investigador, el presidente Juan Manuel Santos también tendría que responder por los falsos positivos en su época de ministro de Defensa”.

De la Calle respondió a las observaciones del procurador. Aseguró que los diez puntos del comunicado son un acuerdo en sí mismo. Allí están empeñadas la palabra del Gobierno y la de las FARC, pero que está ligado al desarrollo de detalle que está en documentos más largos y que aún no han concluido. “Estamos en ese proceso, aquí vendremos con el documento completo”, pero aclaró que no hay un documento diferente a lo consignado en el acuerdo.

El jefe negociador no compartió la afirmación del procurador sobre que el acuerdo incumpla los estándares internacionales. No habrá una falsa sanción. Dos escenarios prevén penas privativas de libertad. Quien reconozca los hechos tendrá penas privativas de entre cinco y ocho años, y hasta 20 años de prisión cuando haya ausencia de reconocimiento y pasarán a la justicia ordinaria.

Dijo que para acceder a cualquier tratamiento especial sí se impusieron requisitos, que son verdad, reparación y garantizar la no repetición. De la Calle asegura que no habrá amnistías generales, excepto crímenes de lesa humanidad. E insistió que además de la restricción de libertades es necesario ese componente de reparación y acciones restaurativas. “Eso aleja que estemos en una simple comedia”.

El jefe negociador admitió que la selección de los magistrados de la jurisdicción de paz no esta convenida. Pero le aclaró al procurador que no será mediante cuotas entre las partes, pues “eso sí sería una mascarada de justicia”.

Le dijo al procurador que la justicia transicional no se negoció en La Habana, sino que como el propósito es poner fin al conflicto, se determinó incluirla. Sin embargo, aclaró que la solución para agentes del Estado tiene características propias. “No se iguala a los sacrificados miembros de las Fuerzas Armadas. Se trata de brindar seguridad jurídica”.

De la Calle coincidió con Ordóñez en que la creación de un sistema especial de juzgamiento sea utilizado a manera de revancha. Por eso dijo que el Gobierno no piensa que con esta jurisdicción de paz se modifiquen las actuales normas constitucionales sobre fuero presidencial.

El jefe negociador compartió la tesis de Viviane Morales que propuso una reforma constitucional para habilitar a los jefes de las FARC, como máximos responsables, a participar en política. “Sí creemos que un proceso debe desembocar en ampliación de posibilidades de participación política, debe haber un proceso de discusión en el Congreso para ampliar posibilidades de participación política”.

De la Calle también se refirió al polémico tema de la entrega de armas al asegurar que se hará efectiva, así en el acuerdo aparezca la palabra dejación. “Es una discusión sin fundamento. Las leyes colombianas hablan de dejación, esa palabra no es un invento de La Habana, y el diccionario la define como dejar, entregar, deponer, y en términos militares deponer es un término categórico”. Por eso afirmó: “No habrá armas en manos de las FARC. El propósito es que no continúen, de manera directa o indirecta, con armas”. 
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