Sábado, 3 de diciembre de 2016

| 2016/02/26 20:29

Arremetida del procurador contra las zonas de concentración de las FARC

No puede haber "zonas de ubicación" sin que se haya firmado el acuerdo, dijo Alejandro Ordóñez en una dura carta dirigida al presidente del Congreso, Luis Fernando Velasco.

Ordóñez advirtió que la Ley de orden público tampoco se puede convertir en un vehículo para que el presidente pueda tomar decisiones irrestrictamente. Foto: Archivo particular

El procurador Alejandro Ordóñez cada día se convence más de que el país está a punto de repetir los horrores de El Caguán. Por eso, le envió una carta al presidente del Congreso, Luis Fernando Velasco, para evitar que en la Ley de orden público se autorice la concentración de guerrilleros en cualquier zona del territorio nacional antes de la firma del acuerdo de paz.

Según la misiva, las llamadas ‘zonas de ubicación‘ en las que se pretende que los integrantes de las FARC puedan permanecer antes de que se implemente el acuerdo La Habana (Cuba), no pueden tener cabida si la guerrilla no ha sido suprimida como ejército. Advirtió que la disposición contiene un mandato para suspender las órdenes de captura de los integrantes del grupo insurgente, lo que demuestra que la intención del Gobierno y del Legislativo es disponer de varias zonas del territorio nacional para los rebeldes sin exigirles su desmovilización y sin asegurar la entrega de armas.

"La norma obligaría a las Fuerzas Militares y a la Policía Nacional a brindar seguridad a las estructuras armadas de la guerrilla que decidan salir de la zona y regresar a sus lugares de origen (....) se paraliza la fuerza pública y se da una injustificada gabela a los grupos ilegales", dice la carta. Además, dice, faltan muchas especificaciones respecto a la operancia de dichas zonas, pues hasta ahora no se sabe si su duración es ilimitada o si se extenderá a varios años. En todo caso, dice, los términos fijados para su funcionamiento constituirán una amenaza para la seguridad de la población, si antes no se garantiza el desarme, advirtió.

Para el procurador, si se persiste en consolidar las llamadas "zonas de ubicación", es necesario imponer algunas limitaciones. La primera es que no funcionen en zonas donde haya población civil. Además, cree que tampoco deben coincidir con territorios en los que se ejecuten proyectos económicos que puedan sufrir algún tipo de afectación con la presencia de los guerrilleros.

Según él, las autoridades deben cerciorarse de que los insurgentes no terminen siendo instalados en zonas donde se ejerce la minería ilegal, ni las destinadas a la producción de coca o que constituyan corredores estratégicos para el narcotráfico. Advirtió que tampoco se pueden poner a su disposición las zonas de frontera y que, de comprobarse la presencia de comunidades étnicas, se les exija consulta previa.

Para el jefe del Ministerio Público, resulta demasiado riesgoso permitir que responsables de crímenes atroces, de guerra y lesa humanidad sean cobijados con una suspensión de las órdenes de captura libradas en su contra. Eso significaría la inejecución de condenas emitidas por la justicia ordinaria sin contraprestación alguna.

Ordóñez advirtió que la Ley de orden público tampoco se puede convertir en un vehículo para que el presidente pueda tomar decisiones irrestrictamente. En su criterio, la norma debería tener herramientas más efectivas de control frente a los poderes que le otorga al jefe del Estado.

El jefe del Ministerio Público cree que de no revisarse estos aspectos, el país correría el riesgo de repetir la historia de lo que se vivió durante la zona de despeje que autorizó el presidente Andrés Pastrana durante los fallidos diálogos de paz adelantados con las FARC entre 1999 y el 2001.

 

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